Violentos incidentes en Uruguay por la aprobación de la ley de 'punto final'

La ley de punto final, que suspende los juicios contra los militares uruguayos involucrados en violaciones de derechos humanos durante el régimen dictatorial anterior, entró ayer en vigor, tras su aprobación por el Senado y la Cámara de los Diputados, horas antes de que debieran presentarse a declarar los primeros oficiales acusados por los excesos en la represión. El proyecto fue aprobado ayer por la Cámara, por 60 votos contra 39, tras fuertes incidentes en el interior del palacio legislativo y violentas protestas en las calles.

Unos 1.500 manifestantes, según fuentes policiales, provocaron el domingo destrozos en decenas de automóviles de diputados de todos los partidos políticos, tras una protesta frente al palacio legislativo convocada por la coalición de izquierdas Frente Amplio, que se opone a "la impunidad para los represores".Entre la policía, que reprimió a los manifestantes, hubo seis heridos, según fuentes oficiales. Varios manifestantes resultaron contusionados al cargar las fuerzas antidisturbios y cerrar los accesos a la sede del Parlamento, pero no se indicó oficialmente el número de heridos.

El diputado oficialista y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Roberto Asiaín, fue golpeado por los manifestantes y sufrió lesiones leves, según las fuentes parlamentarias. Los opositores también pintaron inscripciones en los muros del palacio legislativo en las que acusaban al presidente de la República, Julio María Sanguinetti, de "proteger asesinos y violadores".

Vuelven las cacerolas

Frente a los domicilios de dos oficiales del Ejército acusados de atentar contra los derechos humanos que hoy deberían haberse presentado ante la justicia, grupos de desconocidos se manifestaron golpeando cacerolas, como en la época de las protestas contra la dictadura. El teniente coronel José Nino Gavazzo, esgrimiendo una metralleta, salió a la puerta de su domicilio, y los manifestantes se alejaron, según testigos.

Un locutor de la emisora de izquierdas La Radio informó de que el otro acusado, el teniente coronel Manuel Cordero, disparó al aire, sin causar víctimas, durante una manifestación frente a su domicilio.

En la madrugada de ayer fueron atacados los domicilios de los líderes opositores Wilson Ferreira Aldunate y Alberto Sáenz de Zumarán, ambos del Partido Nacional o Blanco. Los blancos sumaron sus votos al gubernamental partido Colorado tanto en el Senado como en la Cámara para permitir la aprobación de la ley que declara la caducidad de las acciones penales contra los militares y policías que violaron los derechos humanos entre 1973 y 1985.

Los incidentes se trasladaron al interior de la Cámara de Diputados, donde un grupo de legisladores de la oposición protagonizó el domingo una pelea a puñetazos, durante las deliberaciones del proyecto de ley de punto final. Una hora después de abrirse la sesión, unos 20 diputados blancos y de la coalición Frente Amplio se enzarzaron a golpes. El Frente Amplio acusa al Partido Nacional de traición. Los blancos insisten en que su posición "es para salvar las instituciones", tras el pacto con los militares aprobado en 1984 por negociadores de la izquierda, el partido Corado, actualmente en el Gobierno, y la Unión Cívica, para democratizar el país.