El general argentino Ramón Camps, condenado a 25 años por violación de los derechos humanos

La Cámara Federal de Apelaciones en lo Correccional y lo Criminal de Buenos Aires condenó al general Ramón Camps a 25 años de prisión, y le declaró culpable de haber practicado torturas en 73 casos en el curso de la guerra sucia contra la subversión en la provincia bonaerense durante la pasada dictadura militar. Ramón Camps, del arma de Caballería, ostentó en aquellos años la jefatura de la policía de la provincia y llegó a jactarse públicamente de haber hecho desaparecer a 15.000 personas. El tribunal condenó también al general Pablo Ricchieri a 14 años de prisión por aplicación de torturas en 20 ocasiones.

Camps, quien torturó personalmente a Jacobo Timermann, entonces director de La Opinión, se encuentra desde hace un año en un hospital militar acosado por un cáncer de próstata con metástasis generalizada, y sus expectativas de sobrevivir son escasas.El comisario general de la policía bonaerense, Miguel Etchecolatz, que le sucedió en el cargo fue condenado a 23 años de reclusión, mientras el médico policial Jorge Bergez lo fue a seis años de cárcel e inhabilitación definitiva para ejercer su profesión.

El fiscal Julio César Strassera y su adjunto, Moreno Campo, solicitaron cadena perpetua para Camps y Etchecolatz, pero no ha podido probarse su participación directa en ningún asesinato.

Respecto a la prescripción de las causas, ha prevalecido el criterio de la fiscalía de calcularlas a partir del 1 de diciembre de 1983, asunción del Gobierno democrático, por estimar que con anterioridad era inane cualquier denuncia sobre violación de derechos humanos. Por el contrario, ha favorecido a los encausados el principio de obediencia debida que hace recaer la mayor culpabilidad sobre los triunviros de las tres primeras juntas militares que instrumentalizaron las órdenes de destrucción de la guerrilla.

Se trataba esta vez del tercer gran proceso contra la barbarie militar instaurada entre 1976 y 1983 en Argentina, tras eljuicio a las tres primeras juntas militares y el iniciado contra la penúltima junta por la pérdida de la guerra de las Malvinas. El próximo jueves, se inicia también en Buenos Aires el juicio contra el teniente de navío Alfredo Astiz -que se rindió ante los británicos en las Georgias del Sur- por la desaparición de la súbdita sueca de 17 años Dagmar Hagelin.

Astiz se encuentra igualmente involucrado en el caso de la desaparición de dos monjas francesas colaboradoras de las Madres de la Plaza de Mayo. Su proceso despertará chispas ante la renuencia de la Armada para que los juicios por violación de derechos humanos desciendan a rangos medios o inferiores.

Tras el proceso de Astiz caerá indefectiblemente el gran juicio sobre los horrores cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, el más ominoso chupadero de personas articulado en el país. Y ya es dudoso que toda esta teoría de juicios prosiga durante algún tiempo más.

El Gobierno radical tiene preparado un proyecto de ley de punto final que será aprobado, aunque no sin discusión, por el Congreso y el Senado, para evitar que en cascada decreciente terminen sentándose en el banquillo hasta los más modestos furrieles del Ejército.