Centenares de detenidos en Santiago, en una jornada de allanamientos masivos ordenados por el Gobierno militar
El atentado del domingo contra el general Augusto Pinochet ha permitido al dictador chileno obtener por fin, después de que la Junta de Gobierno se lo negara en tres ocasiones durante este año, la aplicación del estado de sitio en Chile. La dureza de la represión se advirtió de inmediato. En la mañana de ayer, cinco barriadas obreras fueron allanadas por militares y centenares de personas fueron detenidas, mientras soldados y policías vigilaban todos los accesos a la capital y recorrían las calles. Al menos una persona murió durante los allanamientos de la madrugada. Entre los detenidos figuran al menos tres dirigentes de izquierda.
La operación de control y represión desatada por el régimen sólo tiene parangón con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, del que el jueves se cumplen 13 años.Las revistas opositoras Hoy, Análisis, Cauce, Apsi y Fortín Mapocho fueron requisadas en las mismas imprentas o incautadas en los puestos de venta por la policía. Toda la prensa escrita de oposición ha sido clausurada. Las transmisiones de las agencias Reuter y Latin Reuter fueron suspendidas. La Dirección de Comunicación del Gobierno convocó a los directores de los restantes medios de comunicación y les dijo que no hay censura previa a las informaciones, aunque pidió "mesura" en el tratamiento de las noticias. Las cuatro emisoras de radio más importantes de la oposición, cuyos espacios informativos estaban clausurados desde la semana pasada, fueron rodeadas por militares, con el propósito de evitar una eventual ocupación por parte de miembros del Frente Patriótico Manuel Rodriguez (FPMR) que trataran de emitir alguna proclama.
Tres dirigentes izquierdistas -Germán Correa, secretario general del Movimiento Democrático Popular (MDP), encabezado por el Partido Comunista; Ricardo Lagos, dirigente de la Alianza Democrática y del Partido Socialista (fracción Núñez), de tendencia moderada; y el sacerdote Rafael Maroto, portavoz del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron detenidos en sus domicilios durante la madrugada del lunes por policías de civil. Al menos dos dirigentes de barriadas obreras sufrieron igual trato.
Un profesor, Fernando Vidaurrázaga, fue muerto por civiles que dispararon en el interior de su casa cuando trataban de allanarla a las cuatro de la madrugada, según confirmaron fuentes eclesiásticas.
El estado de sitio, decretado por 90 días que pueden ser prorrogados, le permite al régimen suspender la libertad de Prensa y de reunión, censurar la correspondencia y las llamadas telefónicas, confinar o detener a opositores en localidades remotas y expulsar del país a cualquier chileno, sin que estas decisiones puedan ser recurridas ante la justicia. Estas son las diferencias del estado de sitio, en vigencia desde ayer, con el estado de emergencia que Pinochet ha usado para gobernar en los últimos años.
Se registraron dos incidentes en las embajadas. En la de Perú se asilaron tres hombres y una mujer y, en la de Holanda, cuatro estudiantes que fueron a dejar una declaración resultaron detenidos cuando salían de la embajada.
Rodeados los barrios obreros
Las barriadas obreras de La Victoria, Gran Avenida al sur de Santiago y Eneas Gonel, Santa Mónica y La Pincoya, todas en la periferia de Santiago, fueron rodeadas por militares con sus caras pintadas de negro y allanadas simultáneamente durante la mañana. En los allanamientos, cinco sacerdotes católicos han sido detenidos. La Victoria fue cercada por tanquetas y desde fuera se escucharon intensos tiroteos. Grupos de tres soldados entraban en cada vivienda y diez sacerdotes que oraban en las cercanías fueron dispersados violentamente.En la mañana de ayer, Pinochet fue vitoreado por más de 1.000 personas frente al palacio presidencial de La Moneda, en un anticipo de lo que será la concentración en apoyo del régimen, prevista desde hace varias semanas para hoy. A su llegada a La Moneda, se vió a Pinochet caminar desenvuelto y saludando, protegido por soldados, con rostro adusto. Venía de visitar a los 11 heridos, que se encuentran en hospitales militares.
El atentado fue condenado por el cardenal Juan Francisco Fresno, en nombre de la Iglesia católica, y algo semejante hicieron la Democracia Cristiana y partidos de derecha. El presidente de la Conferencia Episcopal, Bernardino Piñera, repudió la emboscada y pidió que se busquen "soluciones de justicia y concordia a los problemas que afectan al país".
Los tres coordinadores del Acuerdo Nacional -un pacto de transición a la democracia suscrito por 11 partidos de derecha, centro e izquierda moderada-, concurrieron hasta La Moneda a repudiar el atentado, reclamar la libertad del dirigente socialista Ricardo Lagos y pedir "esfuerzos de reconciliación para evitar más hechos de violencia".
El atentado, aunque fallido, mostró también la profunda debilidad del régimen: después de 13 años de un fervoroso anticomunismo, hay un movimiento guerrillero armado con más poder del que nunca tuvo algún grupo en el país.
Las nuevas formas de represión que permite el estado de sitio son un arma de dos filos para el régímen. En octubre, el Congreso de Estados Unidos debe votar su aprobación a la concesión en organísmos multilaterales de créditos vitales para la economía chilena por cerca de 600 millones dedólares (unos 80.000 millones de pesetas). El resultado de la votación dependerá, según han afirmado reiteradamente medios oficiales norteamericanos, del comportamiento del Gobierno en materia de derechos humanos.
