Los militares han allanado ya 33 barrios pobres de Santiago

Osvaldo Cifuentes, un comerciante de La Bandera, una de las 33 barriadas obreras allanadas en las últimas semanas por los militares chilenos, relata con voz entrecortada: "Ocho civiles armados me sacaron de casa a empellones. A mi esposa la golpearon y la arrastraron de los cabellos delante de mi hija, de cinco años, que se quedó sola y gritando mientras nos detenían".

El delito de Cifuentes era tener revistas; opositoras en su casa. De su tienda de ultramarinos, los militares sacaron cigarrillos y comestibles. Para buscar armas, rompieron el entretecho y horadaron el patio de su casa. "Finalmente me llevaron a un cuartel de la Central Nacional de Informaciones (la policía secreta del régimen), donde fui torturado con electricidad para que me convirtiera en delator", dijo.La denuncia de Cifuentes es sólo una de las decenas recogidas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Según datos del organismo independiente, entre, el 29 de abril y el 19 de mayo los allanamientos afectaron a 94.100 personas, de las que 15.200 fueron detenidas. De ellas, 1.629 fueron llevadas a recintos policiales y sólo ocho fueron requeridas finalmente por razones políticas. El secretario de la Comisión, Andrés Domínguez, dijo que "mostrando una gran impericia, las Fuerzas Armadas tienen que violar los derechos de 94.000 personas para encontrar ocho presuntos subversivos".

El procedimiento es típico: un barrio es rodeado en la madrugada por militare; con sus caras pintadas de negro, policías y servicios de seguridad. Los teléfonos y la luz son suspendidos. Una por una, las viviendas son revisadas. A los varones mayores de 15 años se les traslada a un estadio o campo de fútbol cercano, donde son reten¡dos hasta por 12 horas. A quienes son liberados, los marcan, en ocasiones, con un sello rojo en las manos que dice secreto.

La psicosis de los allanamientos

Santiago vive bajo la psicosis de los allanamientos y funcionarios de Derechos Humanos están en permanente alerta para partir de inmediato a la barriada afectada.Pero no es mucho lo que se puede hacer. Un abogado vio cómo la policía amenazó a un obrero que se atrevió a denunciar que fue golpeado; los uniformados alejaron a funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, de la Iglesia católica, que intentaron observar otro allanamiento. El propio cardenal Juan Francisco Fresno ha pedido, sin éxito, que terminen estos operativos militares. Con frecuencia, los periodistas que concurren a estas barriadas son detenidos y sus apuntes, grabaciones y fotografías son requisadas.

Infundir miedo es parte de los objetivos, pero no siempre se logra. Patricio Salinas, dirigente de Santa Rasa de Chena, al oeste de la capital, dice que agentes de civil "buscan con listas a los opositores y un encapuchado se pasea delante de los detenidos para denunciarlos". Un dirigente de las barriadas obreras, Eduardo Valencia, dijo que los allanamientos fomentan "una cultura del odio, que es muy peligrosa. La gente pasa del miedo a la indignación".

A pesar de la represión, las protestas contra el régimen persisten. Ayer, medio centenar de diputados y senadores de 18 países, entre ellos 11 representantes españoles, inauguraron una asamblea parlamentaria internacional para solidarizarse con los ex diputados y senadores chilenos. El hotel Tupahue, sede de la asamblea, fue rodeado por la policía, que prohibió el paso a vehículos y peatones.