El presidente estudia una amnistía para los militares implicados en la represión

Juristas de la máxima confianza del presidente argentino, Raúl Alfosín, estudian una futura ley de punto final, que pueda ser promulgada inmediatamente después de las sentencias contra las tres primeras juntas militares, previstas para los meses de agosto o septiembre próximos. Esta ley evitaría el juzgamiento en cascada de cientos de militares relacionados con la represión ilegal; juzgamiento, por otra parte, inviable, dado que las fuerzas armadas no tienen la menor intención de dejarse procesar en masa. Dónde colocar el punto final a los juicios de Buenos Aires es, precisamente, la mayor preocupación institucional y jurídica del Gobierno radical.

En anteriores estudios jurídicos -desechados- se establecía una amnistía para quienes participaron en la guerra sucia contra la subversión, amnistía de la que quedarían excluidos los nueve triunviros de las tres primeras juntas y una lista pequeña de jefes y oficiales distinguidos por su personal y pública ferocidad. La nueva variante en estudio descartaría la amnistía -en el entendimiento de que determinados crímenes no pueden ser amnistiados ni olvidados- y se orientaría hacia una interpretación casuística del principio militar de obediencia debida.Se insistiría en la tesis de cargar la mayor parte de las responsabilidades en las cúpulas castrenses que diseñaron la represión como un trabajo de estado mayor, y, de ahí para abajo, sólo se sometería a proceso a los jefes, oficiales y suboficiales directamente comprometidos con la comisión de atrocidades tales como torturas, violaciones u homicidios cualificados. El resto de la tropa, aun cuando se encontrara inmersa en la comisión de actos ilícitos, sería exonerada por obediencia debida.

El presidente Alfonsín intentaría así hallar una salida digna, un punto final consecuente, posibilista y no demasiado alejado de la justicia, a las presiones que está recibiendo de parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos -particularmente las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo para enjuiciar pormenorizadamente a los culpables, y de la nueva cúpula militar que acepta el procesamiento de las juntas, pero se resiste a que los procesos se extiendan a los mandos intermedios o inferiores.

Galtieri y Menéndez

La sesión del juicio contra las juntas celebrada el pasado jueves colocó en la picota a los generales Leopoldo Galtieri y Benjamín Menéndez. Galtieri, ex presidente de la República, responsable de la ocupación de las islas Malvinas, profesionalmente torpe -el único oficial latinoamericano que suspendió el curso estadounidense de la Escuela de las Américas-, enfermo, alcohólico, populista, de trato simpático, apoyado en su prestancia física -se creía el Patton del Cono Sur por su parecido con el actor George Scott, que encarnó al general norteamericano en la pantalla-, quedó malparado. Su mejor defensa residía en que cuando asumió la presidencia de la penúltima junta, la represión ilegal prácticamente había cesado por consunción. Ya no había más que matar, y los asesinos serían en todo caso sus antecesores en el cargo.