El jefe del Estado Mayor del Ejercito argentino defiende la democracia y condena el golpismo

El jefe del Estado Mayor del Ejército argentino, general Héctor Ríos Ereñú, hizo ayer las primeras declaraciones abiertamente constitucionalistas que formula un militar de su cargo desde la restauración de la democracia en este país. Ríos Ereñú dijo que "la primera y fundamental experiencia recogida por los militares es que a través del Gobierno militar el país no encuentra su solución política. Hay que admitir que es al ejercicio político al que le corresponde consolidar este sistema democrático". "Las fuerzas armadas", sentenció, "no pueden intervenir nunca más en un proceso político".

El jefe del Ejército de Tierra afirmó que "nunca en Argentina hubo un golpe militar sin consenso", que "...el juicio a los ex comandantes tendrá una solución final política avalada por un acto jurídico", y que "...las Madres de Plaza de Mayo no ayudan a la democracia".El acatamiento constitucional de Ríos Ereñú viene a aliviar la preocupación castrense por las gestiones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo contra los recientes ascensos militares aprobados por el Senado de la nación. Madres y Abuelas permanecieron 17 horas apostadas en el vestíbulo de la Casa Rosada como protesta por la negativa del presidente Alfonsín a recibirlas. Finalmente fueron acogidas en su despacho por el ministro del Interior, Antonio Troccoli.

Madres y Abuelas preguntaron al ministro sobre los recientes ascensos del ex jefe de la policía de Jujuy, Luis Arena; del coronel de la misma provincia, Mario Ledesma; del general Pedro Malagamba; del también general Naldo Dasso, y del coronel Juan Valentino, todos ellos relacionados en forma directa y activa -según la documentación en poder de las organizaciones de defensa de los derechos humanos- en la comisión de secuestros, torturas y asesinatos durante la dictadura militar.

Es la barrera que el presidente Raúl Alfonsín tiene en su decisión de enjuiciar los crímenes contra la humanidad cometidos por los militares y la solución política a la que alude el general Río Ereñú: no es posible enjuiciar pormenorizadamente a los responsables de aquella barbarie ni se podrían efectuar ascensos militares contando exclusivamente con quienes tuvieran limpio el uniforme.

Mientras tanto, la conducción del Movimiento Justicialista ha quedado en manos de la mesa del congreso hasta que el plenario a celebrar en Santa Rosa (la Pampa) el próximo 6 de julio designe las nuevas autoridades nacionales. Las dos fracciones peronistas en pugna han renunciado a las acciones judiciales anteriormente emprendidas.

El senador Oraldo Britos, primer vicepresidente del peronismo renovador (respaldado por la justicia electoral argentina) renunció públicamente a la conducción del partido en aras de la reunificación. Igualmente ha sido retirada la intervención judicial del partido en la provincia de Buenos Aires ante las supuestas irregularidades de su caudillo Herminio Iglesias. Éste ha convocado elecciones directas partidarias en su circunscripción, la primera en importancia del país.

No obstante, es unánime la opinión de que la división peronista se mantendrá y que esas elecciones terminarán siendo manipuladas por Herminio Iglesias. Dentro del peronismo ninguna figura respetada aparece por sobre los demás dirigentes como para concitar una voluntad mayoritaria, y la apelación a Isabelita Perón como jefa espiritual de los peronistas ya está agotada por consunción.

Vuelve a emerger, en estas vísperas de reunificación peronista, la figura incombustible de Lorenzo Miguel, líder metalúrgico de las 62 organizaciones peronistas -los sindicatos del movimiento- como artífice de -un trenzado de compromisos que permitan remendar el descosido Movimiento Justicialista. Lorenzo Miguel se reunió con el presidente Alfonsín el pasado miércoles tras cerca de dos años sin hablarse; ambos intercambiaron durísimas acusaciones mutuas durante la campaña de 1983.