Previsible acortamiento del juicio contra las juntas militares argentinas

El proceso contra las juntas militares argentinas que gobernaron el país entre 1976 y 1982 podría acortarse en varios meses si el fiscal Julio César Strassera renuncia a la presentación de numerosos testigos. Esta posibilidad comienza a considerarse en medios de la fiscalía de la Cámara Federal de Apelaciones. Por una parte, los militares hasta ahora interrogados en calidad de testigos han desconocido unánimemente la desaparición, tortura y muerte de personas y carece de sentido proseguir con esta línea de interrogatorios que desembocan en una pared de negativas, ignorancia y masivas lagunas mentales.De otra parte, la testificación exhaustiva de los supervivientes de los campos de exterminio ha alcanzado ya a ciudadanos de varias provincias, a niños, adultos y ancianos, a impedidos físicos de ambos sexos, a miembros de diversos partidos políticos legales argentinos y a políticos y a profesionales de los más diversos gremios; la fiscalía estimaría innecesariamente acumulativa la continuación exhaustiva de estos interrogatorios.

La reducción del fiscal de su lista de testigos podría situar el final de la vista oral del proceso y las vísperas de las sentencias en el mes de agosto y no en octubre o noviembre, como se calculaba en un principio. Aunque los ayudantes del fiscal niegan la menor influencia del Gobierno sobre su estrategia, es patente la preocupación de la Unión Cívica Radical por el calendario del proceso.

En el mes de noviembre se celebrarán elecciones legislativas parciales (un tercio de las dos Cámaras) que serán indicativas de la nueva toma de posición del electorado, tras 23 meses de Gobierno democrático; para esa fecha ya se conocerá el éxito o el fracaso de la economía de guerra implantada por el Gobierno y se especula con la conveniencia de aproximar a noviembre las sentencias.

Finalmente, el juicio es un gigantesco aventador de basura que algunos estiman necesario recortar; desde el comienzo de la vista oral del proceso, han quedado severamente mal paradas la Iglesia católica, los dirigentes sindicales de la Confederación General del Trabajo, el periodismo, la judicatura, la banca, el empresariado y, por supuesto, las Fuerzas Armadas.