Galtieri concluye su declaración por la derrota argentina en la guerra de las Malvinas

Los miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tomaron ayer la última declaración en Campo de Mayo -acantonamiento porteño del primer cuerpo de Ejército- al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri en el proceso que se le sigue por la pérdida de la guerra de las Malvinas. El ex presidente Galtieri, junto al almirante Isaac Anaya y el brigadier del Aire Basilio Lami Dozo, está procesado militarmente por "mal desempeño de sus funciones" en el aspecto civil, y, en el militar, por "Omisión, impericia o negligencia" y por "no prestar ayuda a una fuerza en peligro y no proveer abastecimientos necesarios a la tropa".

El proceso por la pérdida de la guerra, paralelo al seguido por la guerra sucia contra la subversión, no es oral ni público y se dilucida en el secreto de los despachos militares. De este otro proceso, apagado por el de los crímenes sobre la represión, ha trascendido no obstante la posibilidad de que Galtieri reciba la pena de muerte o en su defecto cadena perpetua; en cualquier caso se estima que recibirá una sentencia sensiblemente superior a la de sus camaradas de Junta.Con la declaración de Galtieri finaliza en este juicio la presentación de pruebas. Es imposible predecir cuándo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas dictará sentencias; con toda seguridad, los jueces militares esperarán antes de fallar este juicio a conocer los resultados del otro proceso ante una corte civil.

El general Ramón Camps, ex jefe de la policía de Buenos Aires, se negó a declarar ante el juez penal de San Isidro (proximidades de la capital federal) en la causa abierta junto al también general Omar Riveros y el coronel Sali Pepa por asesinato cualificado de civiles y enterramientos clandestinos de cadáveres NN (ningún nombre). Ésta es una faceta más del entrecruzamiento de procesos e indagatorias judiciales en que está sumida la sociedad argentina y que puede dar pie a la confusión. Camps, junto a otros jefes oficiales del Ejército y la Armada, permanece procesado por orden directa de Raúl Alfonsín y su causa se sigue reservadamente ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Lo que ocurre es que las denuncias a instancia de parte formuladas por los deudos de los desaparecidos están movilizando a los jueces civiles, que se ven obligados a abrir nuevos sumarios. En casos como el del general Camps, ya procesado genéricamente por la comisión regular de atrocidades la justicia militar le reclama y le ampara sustrayendo las acciones a los jueces civiles.

Así, en Argentina se están celebrando actualmente dos grandes procesos: uno por la pérdida de la guerra de las Malvinas, reservado y ante la justicia militar. Este proceso a su vez cuenta con dos causas diferenciadas: una contra la junta militar que provocó la guerra y otra contra oficiales como Alfredo Astiz, que rindieron las Georgias del Sur sin disparar un solo tiro, o contra civiles como Benjamín Costa Méndez, entonces ministro de Asuntos Exteriores, acusado de no evaluar correctamente las consecuencias de una invasión de los archipiélagos australes.

El otro proceso se sigue por la violación de derechos humanos durante la guerra sucia Contra la subversión, y consta igualmente de dos causas: una contra las tres primeras juntas militares, cuya vista oral y pública se celebra ante una corte civil -pero aplicando el código militar- por retraso injustificado del estudio del sumario por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. La otra causa permanece en el ámbito del alto tribunal militar y en ella se sigue, también reservadamente, el proceso contra jefes y oficiales como Ramón Camps, contraalmirante Chamorro, capitán de corbeta Acosta, nuevamente el teniente de navío Alfredo Astiz, etcétera.

Los procesos mayores absorben por su preeminencia las causas menores o individualizadas que brotan como setas en los juzgados de toda la República, y la imparable inflación económica argentina parece haberse extendido a los despachos judiciales, civiles y militares.

Por lo demás, en la sesión del lunes en el proceso por la guerra sucia testificaron una decena de banqueros y bolsistas desaparecidos por dos meses en los cuarteles de Campo de Mayo, sospechosos de subversión económica. Con responsabilidades en la extinta banca Hurlingham, fueron acusados de recibir, blanquear y administrar el dinero negro de los montoneros obtenido mediante secuestros. Los financieros recibieron un trato vejatorio, rayando con la tortura física, pero excelente comparado con el dispensado a los no pertenecientes a la nobleza de la city porteña.