El final del juicio contra las juntas argentinas, previsto para el mes de agosto

Fuentes de la Cámara Federal de Apelaciones estiman que el juicio a las tres primeras juntas militares argentinas estará visto para sentencia en el mes de agosto, a tenor de la marcha del proceso. Los intentos de los abogados defensores por prolongar artiricialmente el juicio han sido cortados por los presidentes de la Sala de Justicia -los seis jueces se relevan por semana en la presidencia-, que alargan las sesiones hasta agotar los testigos citados para cada jornada, y por la testirícación de tales atrocidades que obligan a las defensas a guardar silencio y abstenerse de volver a preguntar.

Se estima que el Fiscal Julio César Strassera puede optar por renunciar a la presentación de los 711 casos en los que ha centrado su alegato, conformándose con algo menos, de 200, con lo que podría probar suficientemente, en su opinión, la responsabilidad de los nueve triunviros en el genocidio cometido en Argentina entre 1976 y 1982. La única estrategia válida para las defensas consistiría en la renuncia de algún letrado, lo que obligaría a repetir las actuaciones respecto de su deflendido, con el consiguiente retraso procesal y escándalo político.Pero, en su conjunto, el proceso continúa con toda normalidad y mejor de lo previsto; incluso la expectación ciudadana no es grande y los asientos destinados al público presentan numerosas vacantes. El temor ha pasado de lo que pudiera argumentarse en la sala del juicio a la provocación callejera que pueda perpetrar la infraestructura paramilitar y parapolicial, aún sin desmontar. Cuando el lunes volaron los depósitos de pólvora de Fabricaciones Militares en el puerto de Buenos Aires -un mero accidente, con tres víctimas mortales-, con una explosión que alarmó a la ciudad, que observaba la caída de las vidrieras y una columna de hongo atómico levantándose sobre los malecones portuarios, se temió el comienzo de los atentados desestabilizadores.

El plan de un paranoico

Nada ha ocurrido aún, pero el ministro del Interior, Antonio Troccoli, ha reconocido la existencia de planes operativos supuestamente organizados por los generales Ramón Camps y Benjamín Menéndez desde sus respectivas prisiones en Buenos Aires y Córdoba, donde esperan juicio. Camps fue cuantitativamente el mayor represor argentino en su calidad de jefe de la policía bonaerense, y desde la cárcel ha afirmado que volverá al poder y que no le temblará la mano cuando firme la futura orden de fusilamiento del presidente Raúl Alfonsín. Es un paranoico. Luciano Benjamín Meriéndez, tío carnal del que rindió las Malvinas a las tropas británicas, es el máximo exponente del halconismo militar y, como comandante en jefe del III Cuerpo de Ejército, acantonado en la provincia de Córdoba -segunda capital del país, importante centro fabril y universitario-, se distinguió en la ferocidad de la guerra sucia contra la subversión de izquierdas.Según El Periodista de Buenos Aires -semanario de izquierdas que apoya críticamente al Gobierno radical y defiende enérgicamente la continuidad democrática-, estaría en marcha un operativo blanco y azul -los colores de la enseña nacional por el cual serían asesinados en una noche de los cuchillos largos centenares de políticos, periodistas, intelectuales, etcétera. A la confirmación del ministro del Interior se ha unido la captura por la Policía Federal de comandos que disponían de arsenales de granadas de fabricación española, kilos de trotil y variado armamento de guerra.

Por lo demás, sobre la Sala de Justicia de la Cámara Federal de Apelaciones siguen cayendo desgarradores testimonios de las víctimas de los suplicios.