El Consejo de Ministros puede nombrar hoy a Luis Carlos Croissier presidente del INI en sustitución de Enrique Moya

El ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, propondrá hoy al Consejo de Ministros la sustitución de Enrique Moya al frente del Instituto Nacional de Industria (INI) por el subsecretario del departamento, el socialista Luis Carlos Croissier. Al mismo tiempo, el Gabinete dará el visto bueno definitivo al Plan de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) del holding público correspondiente a 1985, que será ejecutado, de ratificarse la sustitución de Moya en este o el próximo Consejo de Ministros, por un miembro del partido socialista casi dos años después de que el PSOE llegase al Gobierno.

El nombramiento de Luis Carlos Croissier, 34 años y miembro del equipo que redactó la ponencia económica electoral del PSOE, deja vacante la subsecretaría del departamento de Industria, que será ocupada, previsiblemente, por Óscar Fanjul, secretario general técnico del ministerio. Fanjul pertenece al equipo de íntimos del ministro Solchaga, y su nombramiento despejará, según algunos medios, algunos roces que habían surgido en los últimos meses entre el titular del ministerio y su subsecretario, precisamente como consecuencia del mantenimiento de algunos antiguos altos cargos directivos del INI al frente de empresas públicas como Seat e Iberia.La sustitución de Moya al frente del INI por un experto del propio partido se arrastra desde finales de la pasada primavera, cuando el ex secretario general del Círculo de Empresarios solicitó su relevo como responsable del holding público al ministro de Industria, una vez que presentara un informe al presidente del Gobierno, Felipe González, en presencia de Solchaga y de Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda, sobre la insostenible situación patrimonial que padecía desde hacía años el instituto público.

Según el informe, resultado de las auditorías ordenadas en el primer año de mandato del nuevo equipo, el grupo INI tenía un desequilibrio patrimonial superior al medio billón de pesetas, agujero que era necesario compensar con la máxima urgencia para evitar el riesgo de quiebra técnica en algunas de las empresas más deficitarias del instituto. Fuentes gubernamentales confirmaron que Moya, cuyo cargo depende del Consejo de Ministros, fue requerido entonces a mantenerse en su puesto hasta que se buscara un sustituto.

El telón de la reconversión.

La coincidencia del cese de Moya con la negativa de los trabajadores de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM) a cumplir el pacto firmado antes del verano para proceder a un cierre ordenado del último horno de las instalaciones de la cabecera de la siderurgia integral de Sagunto plantea un interrogante sobre la efectividad de la política de reconversión que ha practicado el Ministerio de Industria y Energía. En este sentido, otra persona que previsiblemente será sustituido en el INI es su vicepresidente, Julián García Valverde, miembro del PSOE y responsable directo de las empresas públicas en reconversión. García Valverde fue quien firmó el pacto de Sagunto con las centrales sindicales unos días después del cese de Lucía.

Fuentes de Industria aclararon que García Valverde podría seguir en su cargo si deseaba colaborar con el nuevo presidente. Ayer, sin embargo, la continuación del actual vicepresidente se mantenía en duda y se aseguraba que será nombrado presidente de una de las primeras empresas del grupo, previsiblemente Iberia, en el primer consejo de administración que celebre el nuevo equipo del INI.

En medios gubernamentales no coincidentes con la política Solchaga se interpreta el cese de Moya como un esfuerzo deliberado del actual ministro de Industria de traspasar al segundo nivel la responsabilidad del aparente retraso con que se está llevando a cabo la reconversión industrial, especialmente la siderúrgica y la naval. A este respecto, un alto cargo de un ministerio económico recordaba ayer el cese de José María de Lucía como presidente de AHM y Ensidesa, en una decisión cuyo estilo se asemeja mucho a las previstas sustituciones de Moya y García Valverde.

La política gubernamental hacia la empresa pública ha sido uno de los temas centrales que ha retrasado la elaboración y presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 1985. El equipo actual del INI había presentado al Ministerio de Industria un programa de actuación con tres escenarios diferentes para capitalizar las empresas más deficitarias del holding público. Tras fuertes discusiones entre los responsables ministeriales, el PAIF 85, que hoy será aprobado, contempla el denominado escenario intermedio, que fuerza el destino directo de 137.000 millones de pesetas del erario público a la capitalización de no más de media docena de compañías, entre ellas Iberia, Seat y Ensidesa.

Las otras dos opciones contemplaban, por un lado, aportaciones presupuestarias de 200.000 millones de pesetas en 1985 hasta totalizar medio billón de pesetas en los dos años siguientes, y una reducida, con aportaciones de sólo 100.000 millones de pesetas. Finalmente, la intermedia, con unos 150.000 millones, quedó recortada a 137.000 millones, pero con el añadido de que se cubrirían las pérdidas previstas por medio del mantenimiento de la política de subrogaciones (unos 165.000 millones de pesetas más), aparte de la subvenciones para empresas con contrato-programa, como Hunosa.