El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas argentinas se desentiende de los juicios contra las tres juntas militares

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas argentinas ha decidido desentenderse de los juicios contra las tres primeras juntas militares por presunta violación de los derechos humanos. En la tarde de ayer (madrugada de hoy en España) se esperaba que el máximo tribunal castrense, agotados sus plazos legales, informara a la Cámaira Federal -Tribunal Supremo argentino- de su imposibilidad de dictar sentencia por falta de pruebas fehacientes. Se espera que la justicia militar, en su argumentación inhibitoria, replique directamente las consideraciones del informe Sábato, sobre desaparición de personas.

El 13 de diciembre del año pasado el presidente Alfonsín decretaba el procesamiento de las tres primeras juntas por "homicidio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos, sin perjuicio de los demás delitos de que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices". La causa abierta incluía a los tenientes generales Videla, Viola y Galtieri, los almirantes Massera, Lambruschini y Ánaya y los brigadieres del Aire Agosti, Graffigna y Lami Dozo. Posteriormente se incluyó en la causa al general Ramón Camps, ex jefe de la policía de Buenos Aires, luego que éste se responsabilizara en unas declaraciones al semanario español Tiempo de la desaparición de miles de personas.Una vez aprobada la reforma del Código dé Justicia Militar, que hace apelables ante la justicia ordinaria las sentencias cástrenses, la Cámara Federal otorgó al Consejo Supremo un plazo de 180 días, para sentenciar; en julio se concedió un lapso adicional de 90 días, y ulteriormente aplazamientos por 30 días, el último de los cuales expiraba ayer.

La justicia militar aduciría en su descargo que en los casos en que se han encontrado evidencias firmes de culpabilidad, como en los casos del general Videla y del almirante Massera, el propio Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas decretó la prisión rigurosa de ambos en espera de juicio, pero que una sentencia global sobre las tres juntas procesadas resulta aún imposible. Si así son las cosas se habrá perdi do definitivamente la esperanza, albergada por los radicales, de que los propios militares entregaran simbólicamente las cabezas de los principales protagonistas de la represión como gesto de buena voluntad hacia la democracia que permitiera a la sociedad civil ser clemente con miles de uniformados comprometidos en la guerra sucia contra la subversión.

Entregada la causa a la Cámara Federal, será la justicia ordinaria la que tenga que vérselas con un juicio arriscado que envenenará aún más si cabe: la relación entre las fuerzas armadas y el poder civil. La inhibición de la justicia castrense coincide, además, con la polémica sobre la no publicación de los nombres de los supuestos genocidas -más de 3.000- detectados por el informe Sábato. Uno de los miembros de la comisión que investigó la desaparición de personas ha asegurado que cuando menos, la nómina de los torturadores militares acabará siendo expuesta al público, al tiempo que aseguraba que desde el holocausto promovido por los nazis la humanidad no había conocido otro horror como el de Argentina,

Carlos Alconda Aramburu, ministro de Educación, ha reconocido como inevitable que muchos de los crímenes cometidos durante los siete años de dictadura militar queden impunes por la dificultad de acumular suficientes pruebas jurídicas. Y el presidente de la Conf'erencia Episcopal Argentina ha extraído, a la Iglesia católica de la polémica anunciando que los obispos no emitirán su opinión sobre el informe Sábato y que hay que dejar que hable la justicia.

Por lo demás, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha entrado en la recta final del procesamiento de la penúltima Junta Militar por la pérdida de la guerra de las Malvinas; ha trascendido la intención de juicio del Consejo de degradar al almirante Anaya y al brigadier Lami Dozo y condenar a reclusión perpetua al alcohólico teniente general Galtieri.

El caso, es que las madres de plaza de Mayo y los jueces militares -sin pretender establecer la mínima identidad de objetivos- han coincidido en su criterio respecto al enjuiciamiento del terror de la dictadura: que sean exclusivamente los jueces civiles los que encausen a los militares. Del Gobierno, radical de Alfonsín se podrá escribir todo menos que ha encontrado alguna colaboración o apoyo en su camino.