La CEE estudia implantar licencias de pesca para todos los países miembros hasta 1992

La Comisión Europea, órgano ejecutivo y burocrático de la CEE, celebró anoche una reunión para proponer un paquete de medidas que servirá para la confección del documento global que la Presidencia irlandesa del Consejo de Ministros de la Comunidad presentará a España el martes, así como otros temas que se demorará hasta el 1 de octubre. Entre las propuestas que se encontraban sobre la mesa de la Comisión figuraba la de la pesca, que contempla, ante el ingreso de España, la Instauración de licencias para todos los países miembros en aguas comunitarias hasta el final del período transitorio, que, según esta versión, durará hasta 1992.

En la Dirección General de Pesca de la Comisión se piensa que la llegada de la flota española, si no se quiere ser discriminatorio hacia ella, obliga a generalizar el régimen de licencias -y a ampliar el número de especies protegidas- para todos los países, pero, aparentemente, Francia y la RFA se oponen a dar este paso. En cualquier caso, no se ofrece, por el momento, un mayor nivel de pesca española en aguas comunitarias que el actual. Si la Comisión logra un acuerdo, éste ha de pasar luego por el Consejo de Ministros de los diez, por lo que la oferta a España -que no varía sustancialmente en otros temas, según las fuentes consultadas- no llegaría hasta el 1 de octubre.En cuanto a la reforma del régimen vitivinícola en toda la CEE, para evitar la creación de excedentes, que exige Francia ante el ingreso de España y Portugal, la Comisión parecía orientarse en un sentido diferente de los deseos franceses, al propugnar -en vez de cuotas de producción o techos de producción a precios garantizados- un sistema de baremos de destilación obligatoria a bajo precio del vino excedentario. Tal sistema no sería discriminatorio para España, pero su interés o daño depende del baremo que se otorgue a España.

Por otra parte, se introducirán primas al arranque de viñas en toda la CEE y otras medidas que, en un principio, se propugnaban sólo para España, y ahora para toda la CEE. Los ministros de Agricultura debatirán este tema el lunes, relegándose así las ofertas en este sentido a España hasta el 1 de octubre también. En el sector del aceite de oliva, según la fórmula de compromiso, se establecerán también techos de producción a precios garantizados por la CEE y para todos los países, dos años después de aprobada la nueva reglamentación, si Italia y Grecia la aceptan.

El paquete del lunes consistiría en unas contrapropuestas en agricultura -excluyendo el vino y probablemente el aceite, de oliva-, es decir, en materia de frutas y hortalizas» y productos continentales, en las que la Comunidad Europea repetiría lo que viene diciendo, desde hace meses: inclusión de los agrios en el sistema de dos fases y rechazo de la demanda española de crear un sistema de contigentes para el comercio hispano-comunitario de productos continentales (lácteos, cárnicos y algunos cereales), en los que España es menos competitiva.

Desarme arancelario

En cuanto a la industria, la CEE debe presentar una lista de productos (especialmente automóviles, productos químicos, electrodomésticos y otros) en los que los diez quieren un -desarme arancelario más acentuado por parte de España. La lista, por parte comunitaria, se ha establecido según un criterio de protección relativa en España y en la. CEE -por ejemplo, los automóviles españoles tienen unos aranceles más altos al entrar en el Mercado Común que al contrario- y contempla la creación de contingentes crecientes con aranceles reducidos para estos productos.

En cuanto a la siderurgia, la CEE ofrecerá un protocolo a España según el cual, si en el momento de la adhesión España mantiene ayudas nacionales, y la CEE las ha suprimido ya, se mantendrán restricciones a las importaciones en la Comunidad de productos siderúrgicos españoles. España será tratada, pues, en este terreno, durante un tiempo, como país tercero.

En asuntos sociales, el problema central ahora -además de una cláusula de revisión al cabo de cinco años de los siete que propone la CEE para la duración del período transitorio en materia de libre circulación de trabajadores- son las prestaciones familias y la situación de los trabajadores independientes a los españoles en los diez. La RFA insistía en que los españoles recibieran, para sus familiares, el trato pecuniario u otro que se les dé en España, si sus familiares residen allí.

Es una discriminación, pues, por ejemplo, los trabajadores, irlandeses en la RFA reciben las mismas prestaciones familiares que los alemanes, estén o no sus familiares residiendo con ellos. La RFA se muestra dispuesta a aceptar la igualdad de trato para los españoles que ahora trabajan allí, pero no para los nuevos. Y la RFA busca reformar la normativa comunitaria para aplicar en el futuro lo que quería en un principio para España, para toda la CEE. La no discriminación a España fuerza a todo el mundo a la baja.