Los sindicatos advierten de que no negociarán la gestión de las bajas hasta completar la reforma de pensiones

La mesa del diálogo social que estudia cambios en la gestión de las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores acaba de reanudar sus trabajos tras cuatro meses paralizada. Sin embargo, la segunda reunión mantenida en la tarde de este lunes terminó de forma poco halagüeña de cara a un pronto acuerdo. Los representantes sindicales se plantaron y advirtieron a los responsables de la Seguridad Social de que no seguirán negociando esta materia hasta que el Gobierno cumpla con toda la implementación de la reforma de pensiones. Los representantes empresariales apoyaron este plante, añadieron estas fuentes.

En concreto, los negociadores de UGT y CC OO en la mesa exigen al Ejecutivo exigen el cumplimiento de dos temas pendientes. El primero de ellos afecta a los cambios necesarios para desbloquear la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas. La última reforma de pensiones determinó que los trabajadores relevistas, que sustituyen al jubilado parcial, deben tener un contrato indefinido, a jornada completa y de al menos dos años de duración.

Aunque el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) suavizó en septiembre esta última exigencia, autorizando la contratación de otro relevista si este cesaba en el empleo antes de esos dos años, el problema que se están encontrando las administraciones es de base, ya que la rigidez del proceso de contratación pública impide siquiera encontrar a los trabajadores relevistas en el plazo necesario para que se produzcan las jubilaciones parciales. El resultados son miles de retiros de este tipo en toda España y todas las administraciones que están paralizados desde hace más de un año.

El segundo condicionante puesto este lunes por los sindicatos para seguir avanzando con el tema de las bajas laborales es que el Gobierno aclare la interpretación de la disposición transitoria 34 del acuerdo de pensiones de 2021, que reformó los coeficientes penalizadores de las jubilaciones anticipadas. La norma derivada de aquel pacto aplicaba para los jubilados anticipados forzosos, provenientes de un despido en un ERE, una fórmula donde la penalización se calculaba sobre la pensión inicial y no sobre la máxima, permitiendo un menor recorte de la pensión de estos jubilados. Sin embargo, los sindicatos denuncian un cambio en la interpretación de esta medida y exigen a la Seguridad Social que “garantice la jubilación en las mejores condiciones para el personal en bases máximas jubilado anticipadamente por un ERE”, señala un representante sindical.

Ante este plante, y a pesar de que el Ministerio de Seguridad Social encontró la reunión muy productiva, la mesa de negociación de este lunes no registró ningún prácticamente ningún avance en materia de gestión de las bajas laborales, más allá de que el Gobierno confirmara su compromiso, adquirido la semana pasada, de poner en marcha, en próximas fechas, un observatorio de incapacidad temporal, incluido en la reforma de pensiones de hace más de un año.

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruíz, indicó tras asistir a la reunión de este lunes, que la Seguridad Social también se comprometió a que dicho observatorio se enfoque en “cuál es la raíz, la causa que provoca quelas personas trabajadoras enfermen”. Para que esto sea así, Ruíz planteó al ministerio que se debe centrar el análisis de este observatorio en las empresas y sectores donde ya se producen un numero mayor de bajas porque, probablemente, sea necesario reforzar la prevención y la seguridad.