Los militares golpistas Videla, Agostí y Massera declaran ante una comisión del Parlamento

El general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti, los tres miembros de la Junta Militar que encabezó el golpe de Estado en marzo de 1976, declararon ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Se les acusa de "responsabilidad culposa" en la operación de traspaso al Estado de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad.En contra de la opinión del Equipo Compatibilizador Interfuerzas (ECI), organismo asesor de la Junta que estudió los antecedentes del caso, los comandantes en jefe instalados por la fuerza en el poder pagaron, con el dinero del Estado, 350 millones de dólares (más de 56.000 millones de pesetas), casi 10 veces su valor, por una compañía que estaba a punto de quebrar.

Tras 13 horas de reunión, en la que cada uno de los tres militares contestó, a su turno, unas 120 preguntas, los acusados reconocieron la existencia de un acta secreta, la número 40, en la que ellos ordenaban la compra de esa Compañía.

Sin embargo, los tres descargaron la responsabilidad de la operación en el entonces superministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, que puede ser citado por los diputados en los próximos días. Martínez de Hoz era, hasta el momento de asumir su cargo en el Gobierno militar, vicepresidente de esa empresa. El presidente de la compañía, Francisco Soldáti, fue nombrado por Martínez de Hoz presidente del Banco Central. Otro de los funcionarios designados por él, Juan Alemann, secretario de Hacienda en el Ministerio, era representante en Argentina de la Motor Columbus, el principal grupo accionario que se benefició con la venta de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad al Estado.

Unas 200 personas, entre las que se encontraban un grupo de madres de la plaza de Mayo, insultaron a los miembros de la Junta cuando ingresaban al edificio del Congreso.

La sesión se inició a las ocho de la mañana con Massera.El almirante, que fue trasladado hace pocos días desde el hospital naval donde estaba internado hasta el lugar donde permanece detenido por otras causas, después de contestar algunas preguntas pidió, "por razones de seguridad", que se apagaran los magnetófonos y se retiraran las taquígrafas. Dijo que estaba amenazado por lo que sabía en este caso y que el riesgo lo podían correr también los diputados.

Por su parte, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se dispone a citar al general Luciano Benjamín Menéndez, que asumió por escrito su responsabilidad durante la guerra sucia contra la subversión.

Se juzgará además por "agresión y exhibición de armas" tras el incidente ocurrido en la madrugada del miércoles a la salida de un estudio de televisión, cuando Menéndez intentó acuchillar a un manifestante que le insultaba. Otros militares comprometidos con la represión iegal asistieron, vestidos con su uniforme reglamentario, a una misa en memoria de los muertos por el terrorismo. Un grupo de civiles dio vivas en el lugar a los "héroes de la patria".