El Tribunal de La Haya pide a EE UU que ponga fin al bloqueo de puertos y demás actividades militares en Nicaragua

La política centroamericana de Ronald Reagan sufrió ayer un importante revés político en el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), que dictaminó, como medida preventiva y en relación con el caso presentado por Nicaragua, que Estados Unidos debe poner un fin inmediato al bloqueo de los puertos nicaragüenses y no comprometerse en actividades militares o paramilitares en aquel país. Ello implica que el tribunal ha rechazado por el momento, y probablemente por defecto de forma, la reserva de jurisdicción solicitada por EE UU, para los próximos dos años, en Centroamérica.

Carlos Argüello Gómez, embajador de Nicaragua en La Haya, que representó a su país ante el alto tribunal, señaló, al término de la vista, que "Estados Unidos tiene que elegir entre acatar la decisión o convertirse en una nación o Gobierno fuera de la ley. Esta decisión de derecho internacional", añadió, "tiene un efecto colateral beneficioso para el proceso de la negociación de Contadora". El defensor norteamericano, David R. Robinson, se negó a hacer declaraciones.El Tribunal Internacional de Justicia, en esta sentencia provisional, rechazó por unanimidad la petición estadounidense de que se desestimara la demanda presentada por Managua el pasado 9 de abril contra las actividades "militares y paramilitares" de EE UU en Nicaragua. EE UU había argumentado que el TIJ no es competente en la materia, pues Nicaragua no ha depositado el instrumento de ratificación de su reconocimiento de la jurisdicción vinculante del tribunal. Por otra parte, EE UU comunicó el pasado 6 de abril que durante los próximos dos años no reconocería la competencia del tribunal sobre temas que afecten a Centroamérica.

Sin embargo, Washington se comprometió en 1946 a acatar la jurisdicción vinculante del tribunal, salvo en los casos en que estableciera una reserva expresa con un preaviso de seis meses, lo que no ha ocurrido en esta ocasión. Sin entrar en el fondo de esta cuestión por el momento, el tribunal se ha considerado capacitado para dictaminar unas medidas provisionales, tal y como lo había solicitado Nicaragua.

En consecuencia, los 15 jueces decidieron por unanimidad que "Estados Unidos ponga fin inmediatamente a toda acción que tenga por efecto el restringir, bloquear o hacer peligrosas las entradas y salidas de los puertos nicaragüenses, en particular con la colocación de minas, y que se abstenga a partir de ahora de toda acción similar".

Con el único voto en contra del juez estadounidense Stephen Schwebel, el TIJ dictaminó asimismo que "el derecho a la soberanía de Nicaragua, como el de todo otro Estado de la región y del mundo, debe ser plenamente respetado y no comprometido de modo alguno por actividades militares o paramilitares, que están prohibidas por los principios del derecho internacional, y especialmente por el principio de que los Estados se abstengan en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de todo Estado, así como por el principio de no injerencia consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la de la Organización de Estados Americanos".

Acusaciones nicaragüenses

Estados Unidos no se ha defendido en esta audiencia pública contra los cargos imputados por Nicaragua, pero sus representantes han señalado que la intervención del TIJ en el asunto dificultaría y frenaría los esfuerzos para alcanzar una solución regional a través del llamado proceso de Contadora.En las alegaciones introducidas por Nicaragua el 9 de abril ante el TIJ se dice que las actividades propiciadas por Washington "han producido la muerte de 1.400 nicaragüenses, militares o civiles, herido gravemente a más de 1.700 de nuestros compatriotas y causado daños materiales directos evaluados en 200 millones de dólares".

EE UU recurre al uso o a la amenaza de uso de la fuerza contra Nicaragua, indican las alegaciones, "por medio de un ejército de mercenarios compuesto de 10.000 hombres reclutados, pagados, equipados, aprovisionados, entrenados y dirigidos por EE UU a través de miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de sus fuerzas armadas. Estados Unidos ha aceptado públicamente la responsabilidad de estas actividades".

El objetivo de esta intervención, según las alegaciones, es "derrocar al Gobierno de Nicaragua o, al menos, desestabilizarlo". Si el tribunal fija definitivamente su competencia en el caso, Nicaragua, aseguró ayer el embajador Argüello pedirá compensaciones a EE UU por los daños causados y la vidas perdidas.