Nuestra integración en Europa

ES EVIDENTE que las negociaciones para el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea tendrán la dureza propia de los tratados internacionales, en los que los Estados se esfuerzan por defender los intereses globales de sus países y los Gobiernos intentan satisfacer las demandas sectoriales de los grupos con mayor capacidad de presión sobre las instituciones.La presentación ayer a España, por parte de la CEE, de una declaración sustancial sobre la agricultura es sumamente dura. Pero tiene el enorme mérito de abrir este capítulo, bloqueado durante los cinco años que ha durado la negociación de adhesión al Tratado de Roma. En este sentido, lo más positivo de este documento es su propia existencia. Ahora se puede negociar. Aunque la cuesta que hay que remontar será dura para los españoles.

Nadie pone en duda que España tendrá un precio que pagar por el ingreso en la CEE. Cada vez resulta más cierto que los nobles ideales internacionalistas de¡ primer euorpeísmo han sido socavados parcialmente por la crisis económica y por la voluntad de los Gobiernos de satisfacer a sus clientelas electorales marginales. Pero el precio que ha de pagar nuestro país por el ingreso en la CEE ha de permanecer dentro de unos límites aceptables, y estos límites se ven sobrepasados en la declaración del Consejo de Ministros de la Comunidad. El sistema de integración en dos etapas -ahora, en un inútil cambio semántico, se llaman fases- del sector hortofrutícola español, tal como está presentado, es absolutamente rechazable.

Con este planteamiento, una parte importante de la agricultura española se quedaría durante cuatro años al margen del sistema comunitario. Las frutas y hortalizas españolas, uno de nuestros sectores más competitivos, recibirían un trato de país tercero. En estas condiciones, dados los sacrificios que tendrá que hacer España en el ámbito industrial, el ingreso en la Comunidad Económica Europea puede Regar a no ser interesante. Los españoles tenemos vocación europea, pero tampoco es la única carta que podemos jugar.

Y ello sin haber entrado siquiera en la cuestión del vino. La jugada francesa ha sido maestra al introducir la exigencia de una mención específica de los problemas que plantea el control de la producción española para evitar excedentes en la Comunidad de doce. Pero resulta también inaceptable la pretensión comunitaria de que únicamente España, que ya está aplicando medidas limitativas en este sentido, se vea discriminada en este sector. Además, la gravedad del caso va aún más lejos. En la reunión ministerial hispano-francesa de Rambouillet, la parte francesa ocultó sus intenciones sobre este punto. Respecto a la anterior propuesta que había presentado en junio la Comisión Europea al Consejo de Ministros se han introducido algunas mejoras. Para empezar, el paso de una etapa a otra ya será automático al cabo de cuatro años y no requerirá una decisión mayoritaria por parte de la CEE. También se ha dulcificado algo, pero no lo suficiente, el régimen de vigilancia que se aplicaría a los intercambios de productos agrícolas entre España y la CEE.

Lo más difícil de aceptar es que la CEE pretende que, durante la primera etapa, España no tenga acceso a los fondos de la Comunidad para intervenir en el mercado y garantizar un nivel de precios para sus frutas y hortalizas frescas. Estos fondos son el fundamento mismo de la CEE actual, y dejar a España al margen de ellos es dejarla al margen de la Comunidad.

Tampoco hay que dramatizar. Esta es una primera declaración, y es normal que su punto de partida sea duro. Como indicó el ministro francés de Asuntos Exteriores, Claude Cheysson, "no ha sido sencillo ponerse de acuerdo". Diversos países estaban dispuestos a hacer concesiones a España. Así, Francia quería otorgar un acceso al sistema de precios de garantía. El Reino Unido deseaba abrir más el mercado comunitario a las importaciones de productos españoles. Los diez hacían concesiones diferentes, pero, al no ponerse de acuerdo, todos las retiraron.

Este proceso indica, sin embargo, que España dispone de cierto campo de maniobra para negociar unas mejores condiciones para la integración de la agricultura. La palabra etapa o fase en sí no tiene por qué ser anatema. Lo importante es su contenido, y que España, durante el primer período de la adhesión, no se encuentre en peores condiciones que países terceros, como Marruecos o Israel.

Quizá la labor más difícil con que se van a encontrar los negociadores españoles sobre este documento es demostrar a los dirigentes comunitarios que España desea entrar en la Comunidad. Que es posible armonizar nuestras estructuras productivas al Mercado Común. La opinión pública española. sabe que hemos de pagar un alto precio en este tema, sin distinción de partidos, y fundamentalmente en el terreno de la agricultura. Quizá, no obstante, los dirigentes europeos, al presentar un documento de negociación como éste, han de ser conscientes del riesgo que ellos mismos corren. Probablemente, la incorporación sea imposible, si para entrar en la CEE hay que hacerlo de rodillas. La opinión pública española puede pensar que hay otras opciones.