312 funcionarios deben inspeccionar cerca de 15 millones de toneladas de alimentos que entran al año en España

España registra periódicamente brotes de intoxicación debido a alimentos en mal estado. Algunos de estos productos son nacionales y otros importados, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar tanto los controles nacionales como internacionales. Las más importantes lagunas observadas en la inspección de alimentos se centran precisamente en el control sanitario de los productos alimenticios importados por España y en la comercialización de productos por los denominados canales alternativos (fabricantes y almacenes que, con un certificado del Ministerio de Comercio y otro del ayuntamiento correspondiente, distribuyen directamente al consumidor).

Actualmente, los controles sanitarios de los productos importados destinados a la alimentación cuentan con una plantilla de 312 funcionarios, quienes, teóricamente, deben inspeccionar en 60 aduanas estos productos, que en 1983 ascendieron a 14.708.044 toneladas, según datos de la Dirección General de Aduanas.La reciente entrada en España de una partida de gambas presuntamente tóxicas procedente de Taiwan -que habían causado 12 muertos en Holanda y posterior mente fueron prohibidas en Italia y Suiza- ha puesto de relieve que los controles sanitarios en nuestras fronteras no están a la altura deseada. El propio director general de la Inspección del Consumo, Juan Miguel Ponz manifestaba en fecha reciente a una revista que "el control de las importaciones nos preocupa extraordinariamente".

Sin embargo, esta preocupación no concuerda con la exigua plantilla de funcionarios que deben inspeccionar los millones de toneladas de productos que entran al año por nuestras fronteras. Según fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad que dirigen estas inspecciones, los controles sanitarios de los productos importados destinados a la alimentación "pasan un examen ocular después de revisar el certificado sanitario correspondiente de origen; la mercancía no se retiene nunca, a no ser que exista una alarma sanitaria, y, si es oportuno, se realiza un análisis, aunque en muy pocas ocasiones porque no es posible retener a las decenas de camiones que pasan diariamente las fronteras".

Los 312 funcionarios que deben teóricamente, inspeccionar estos productos son 43 médicos, 28 veterinarios, 9 farmacéuticos, 22 ATS, 5 auxiliares, y el resto, personal administrativo. Las organizaciones de consumidores y las propias autoridades sanitarias consideran que esta plantilla es insuficiente ante: el volumen de productos que son importados.

Antonio García Pablos, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de España (ACUDE), afirma que "el equipamiento sanitario en España es muy débil, los medios de investigación e inspección no guardan la debida proporción con el volumen de alimentos que se mueven diariamente, las plantillas de inspección son esqueléticas, existe un falta importante de medios y la coordinación entre los diferentes ministerios competentes en estos controles es prácticamente nula". García Pablos añade que "las competencias en materia aljimentaria están muy dispersas -'todos se pasan la patata caliente'-y los delitos contra la salud pública no se persiguen o se olvidan; sólo se investiga cuando hay muertos, como ocurrió con el caso de la colza, y en el resto de los casos tode, queda en un aviso o en una sanción administrativa".

Pascual Sánchez Salmerón, vicepresidente de la Organización de Consumidores y Usuario (OCU), manifiesta que "la defensa de los consumidores sigue siendo un tema olvidado; se ha avanzado algo después del revulsivo de la colza, pero es triste que en nuestro país no se tomen las cosas en serio hasta que no hay muertos".

Descoordinación

Las organizaciones de consumidores y la propia Administración reconocen que la descoordinación entre los diferentes ministerios competentes en las inspecciones resta eficacia a las inspecciones. Por este motivo se creó en junio de 1983 una Comisión Coordinadora de Inspecciones Administrativas sobre Bienes y Servicios de Uso y Consumo, en la que están integrados los ministerios de Sanidad y Consumo; Economía y Hacienda; Presidencia; Transporte, Turismo y Comunicaciones; Obras Públicas y Urbanismo; Industria y Energía; Agricultura, Pesca y Alimentación, y Administración Territorial.Según el real decreto de creación de esta comisión, las funciones de ésta son fundamentalmente "la aprobación de instrucciones para la realización de campañas de inspección, el establecimiento de criterios de utilización conjunta y racional de medios humanos y materiales disponibles, evitando lagunas y duplicidades en las actuaciones de los servicios de inspección y control, y seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos". Además de ésta, existe una comisión interministerial de ordenación alimentaria, que debe controlar las mismas labores.

'Canales alternativos'

Francisco Montalvo, uno de los responsables de la Subdirección General de Higiene de los Alimentos, señala que deberían unificarse estas competencias con el fin de ser lo más eficaces posible. Actualmente, según Montalvo, estamos en un proceso de transición. "Ya se han transferido competencias a las comunidades autónomas; poco a poco el ministerio será únicamente el órgano coordinador y deberá dedicarse a preparar las reglamentaciones técnico-sanitarias que sean precisas".Fuentes oficiales reconocen que otra de las lagunas sanitarias es el control de los llamados canales alternativos, que, según estimaciones fiables, son alrededor de un 25% de los distribuidores de productos al consumidor, "sobre los que la inspección sanitaria es prácticamente nula". Los canales alternativos distribuyen generalmente productos perecederos -carne, pescado, frutas, hortalizas, huevos, aves-, que justamente son los que mayor control necesitan.

En Madrid existen oficialmente 650 canales alternativos que distribuyen directamente al consumidor, con los dos únicos requisitos de tener un certificado del Ministerio de Comercio y otro del ayuntamiento que les autoriza a comercializar sus productos directamente sin pasar por el mercado central. Fuentes municipales afirman que estos canales no son controlados sanitariamente, y sólo en escasas ocasiones se hace algún muestreo sobre sus productos. Estos canales sólo cuentan con el acta sanitaria, firmada por sus propios veterinarios y médicos, certificando que el producto está en buenas condiciones.