El momento del retorno

"Yo, francamente, dudaba mucho de que los radicales fueran a pro cesar a los milicos. Pero cuando vi que los miembros de la Junta eran citados por los tribunales, y ahora, que se procesa al general Camps creo que la situación ha cambiado de verdad y que los que nos exiliamos por razones políticas podemos regresar a Argentina", afirma un maestro de la provincia de Buenos Aires, con cuatro años y me dio de exilio en España.Este optimismo no es compartido, sin embargo, por varios sectores de la colonia argentina en España, y especialmente por los grupos dedicados a la defensa de los derechos humanos o formados por familiares de desaparecidos "¿Cómo van a ser castigados si los tribunales que los juzgan están compuestos por sus propios compañeros?", se pregunta María Adela Antokolet, hija de la vicepresidenta de las Madres de Mayo y activa militante en España de la Comisión de Solidaridad con Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Argentina (Cosofam).

Dichos sectores acusan al presidente Raúl Alfonsín de no haber cumplido las promesas que hiciera a las Madres de Mayo, e incluso de haber pactado con las Fuerzas Armadas el castigo de un puñado de chivos expiatorios a cambio de dejar impunes a la mayoría de los culpables. Cierto que existe la posibilidad de apelar ante la justicia civil las sentencias de los tribuna les militares, pero esto no parece suficiente a los familiares de las víctimas del genocidio, que se estiman alrededor de 30.000.

"Nosotros pedimos que se creara una comisión bicameral del Congreso para investigar estos crímenes. Esto se ha hecho ya en varias ocasiones durante este siglo, y la idea ha contado con el apoyo del diputado democristiano Augusto Conte y de otros del Partido Intransigente; pero Alfonsín ha preferido nombrar una comisión extraparlamentaria, presidida por el escritor Ernesto Sábato, que no tiene ningún poder", se quejan en Cosofam.

Otro problema que preocupa a muchos argentinos que proyectan regresar a su país es el hecho de que estén en vigor leyes y requerimientos judiciales de la época de la dictadura. El caso del doctor Obregón Cano, ex gobernador de la provincia de Córdoba con el peronismo, ha incrementado esta preocupación. Obregón volvió a Argentina después de la toma de posesión de Alfonsín y fue detenido bajo una acusación de asociación ilícita que tenía pendiente.

El llamamiento hecho por Alfonsín para que regresen los exiliados fue seguido de una gira por varios países del embajador especial, Hipólito Solari Irigoyen, que visitó Madrid a mediados de enero. Solari se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, pero declinó tomar contacto con otros altos funcionarios del palacio de Santa Cruz mas directamente implicados en el tema de los exiliados argentinos en España.

En una reunión celebrada en la residencia del embajador argentino en Madrid el pasado 16 de enero, Solari Irigoyen explicó a unos 300 exiliados las condiciones legales y las ayudas económicas -franquicias de equipaje y algún dinero- que dará el Gobierno para su regreso. Aunque esta reunión tuvo lugar sin presencia de periodistas, se sabe que hubo momentos de tensión y que algunos de los asistentes protestaron por la presencia del cónsul y de dos secretarios de la embajada, a los que consideran simpatizantes de la Junta Militar. El Gobierno democrático argentino todavía no ha designado a su embajador en Madrid.

El Estado de derecho implantado en Argentina significa seguridad, vino a decir el embajador volante del presidente Alfonsín. Algunos dudan de estas garantías "en tanto los asesinos que aún andan sueltos por las calles no sean detenidos". Otros, como el pintor Ezequiel Linares, cuatro años exiliado en España, piensan, unos días antes del retorno a su patria, que "la Argentina democrática nos ofrece las garantías de cualquier democracia y, en cualquier caso, muchas más de las que había hace tiempo".

Ezequiel Linares quiere volver para "sumar mi esfuerzo a la construcción de la democracia". Salió de Argentina porque le descolgaban sus cuadros en las exposiciones y le amenazaron de muerte varias veces. Asistió a la reunión con Solari Irigoyen en la residencia del embajador y resta importancia a los. incidentes allí producidos, porque "son exaltaciones en el diálogo, lógicas tras un período tan nefasto como el que vivió Argentina bajo la dictadura militar, uno de los más nefastos de América".

Es difícil saber cuántos argentinos han vivido en España durante los siete años largos de dictadura. Y también cuántos han regresado desde la restauración democrática. Según datos facilitados por la Comisaría General de Documentación, correspondientes a finales de 1982 -únicos disponibles hasta el momento-, había en España 215 refugiados argentinos, 3.500 residentes permanentes (con plazo de estancia de un año) y 7.500 residentes. Fuentes policiales estiman entre 4.000 y 5.000 los argentinos que pueden estar actualmente en España de forma ilegal.

Militares prófugos

Entre estos últimos, y de acuerdo con los rumores que circulan por la colonia argentina en Madrid, podrían figurar algunos militares que han huido recientemente de la justicia por su implicación en la guerra sucia o en el llamado terrorismo blanco, consistente en la esquilmación de los recursos económicos del país desde los puestos de gerentes y directivos en empresas de todo tipo que detentaron durante la dictadura.

Aparte del caso Almirón, guardaespaldas del líder de la oposición, Manuel Fraga, denunciado como presunto miembro de la Triple A, y de otro par de denuncias publicadas en la Prensa contra dos argentinos que trabajan, respectivamente, en Radiotelevisión Española y en una empresa automovilística, por sus presuntas relaciones con la represión, no hay acusaciones concretas contra miembros de las Fuerzas Armadas argentinas establecidos en España.

En cambio, rumores sí hay muchos, desde las compras masivas por prófugos argentinos de propiedades y pisos en las cercanías de Madrid, especialmente Majadahonda y Las Rozas, hasta los que aseguran que un torturado en la Escuela de Mecánica de la Armada se encontró de bruces con su torturador o delator en el aeropuerto de Barajas. El periodista argentino Jacobo Timerman, ex director de La Opinión, que sufrió personalmente la represión de la dictadura antes de exiliarse, escribía a primeros de enero que centenares de militares se han refugiado en España, y cifraba en 1.200 el número de oficiales, de mayor a general, que han huido de Argentina para establecerse en Uruguay, Chile y España.

"Aunque sean ciertos estos rumores de que muchos militares argentinos se están instalando aquí, tenemos muy pocos medios de averiguarlo", dice un funcionario de Asuntos Exteriores. "No se necesita visado, y cualquier ciudadano argentino puede entrar en España y permanecer hasta tres meses sin ningún tipo de control. Por otra parte, para que las autoridades españolas actuaran contra alguna de esas personas necesitarían un requerimiento judicial de Argentina. Si aquí alguien denuncia a un presunto asesino o torturador, no se puede hacer nada si no hay una orden de búsqueda de la Interpol o una demanda de extradición".

De la misma opinión participa Silvia Escobar, subdirectora de la Oficina de Derechos Humanos -recientemente creada en Asuntos Exteriores- y ex presidenta de Amnistía Internacional en España. "Si las Naciones Unidas declararan crimen contra la humanidad la tortura y la desaparición de personas, estos delitos serían perseguibles aquí y en cualquier parte del mundo. Pero, desgraciadamente, falta todavía mucho tiempo para eso".

Lo que sí parece estar claro es que los presuntos delincuentes que se refugiaran en España no podrían acogerse a la futura ley de asilo. "Si en Argentina existe un régimen que respeta los derechos humanos, los prófugos no pueden pedir aquí la condición de refugiados políticos", opina otro experto del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado fue aprobado por el Congreso el 29 de noviembre del año pasado, y ahora debe serlo por el Senado. En el Grupo Socialista se prepara una enmienda en la que se prohíba de forma expresa acogerse a los beneficios de la futura ley a toda persona implicada en torturas, asesinatos o desapariciones. En los círculos de exiliados vinculados a la defensa de los derechos humanos se ve muy favorablemente esta iniciativa de la Cámara alta, que impediría a esos criminales buscar refugio en España.

Un especialista en temas latinoamericanos duda, sin embargo, que los militares argentinos, sobre todo los culpables de delitos de sangre, vayan a elegir la España democrática para escapar a la persecución de la justicia, teniendo países más próximos y con regímenes dictatoriales, como Uruguay, Paraguay, Brasil o, incluso, Chile. "En Madrid hay demasiados montoneros por metro cuadrado para que los implicados en la guerra sucia vengan a esconderse precisamente aquí. Y menos por centenares", comenta.