Comienza a debatirse la reforma de la justicia militar en Argentina

Mientras el almirante Masera fue ayer notificado de su nuevo procesamiento como integrante de la primera junta militar de 1956, la Cámara de Diputados comenzó sus discusiones para la reforma del Código de Justicia Militar propuesto por el Gobierno.El proyecto de ley radical propone que las sentencias de la justicia castrense sean apelables ante el Tribunal Federal, y la oposición peronista se había mostrado, en principio, acorde con esta modificación, dentro del plan general de Raúl Alfonsín de lograr la rendición de cuentas por los excesos de la guerra sucia, sin caer en la utopía de enjuiciar a todas las Fuerzas Armadas.

Con el colectivo de las Madres de la Plaza de Mayo manifestándose ante el Congreso, los peronistas han optado por plantear serias modificaciones al proyecto de ley, proponiendo, junto a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que los culpables de la represión sean juzgados exclusivamente por la jurisdicción ordinaria y no por sus pares.

Los radicales estiman que si se les priva en primera instancia de sus jueces naturales, tendrán grandes posibilidades de casar posteriormente sus sentencias ante otros tribunales, y que es preferible correr el riesgo de un proceso militar.

Los peronistas, que no dijeron durante su campaña mayor cosa de la represión y las responsabilidades exigibles a los militares, están descubriendo rápidamente las posibilidades, para ellos inéditas, de la oposición parlamentaria. No obstante, la oposición a la reforma, por estimarla insuficiente, está planteada de cara a la calle; los radicales tienen en el Parlamento aliados legislativos suficientes para hacer aprobar su ley, y todos entienden en privado o en público -menos los lógicamente airados familiares de los asesinados- que del mayor problema de la joven democracia argentina hay que salir dando pasos medidos y contados.

En cualquier caso, el peronismo (al menos su grupo parlamentario), antes que proceder a su recomposición interna, parece decidido a no darle al Gobierno ni 100 días de gracia, como si las elecciones de octubre se hubieran realizado en Suiza y no en la maltratada República Argentina. Y plantearán una batalla a fondo contra la nueva ley sindical, en tanto envenenan la atmósfera con todo tipo de rumores tan alarmistas como improbables.

A menos de un mes de su asunción como presidente, Alfonsín se ha planteado la necesidad de retener la iniciativa política, y su ministro del Interior ha anunciado que en breve se convocará nuevamente a la Multipartidaria (los secretarios de los partidos) para que ayude a la reconstrucción del país y colabore a dar fortaleza al régimen institucional.