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Editorial:

... y la reforma agraria

LA JUNTA de Andalucía ha presentado un proyecto de ley de Reforma Agraria cuya aplicación se instrumentará mediante la creación de un Instituto Andaluz, encargado de elaborar los informes técnicos y que gozará de la titularidad de las tierras que pasen a ser propiedad de la comunidad autónoma, así como de los derechos sobre aquellas que sean arrendadas forzosamente.El proyecto de ley es lo suficientemente confuso como para que no quepa formular un juicio definitivo sobre su alcance real. La mejora productivista de la tierra, idea que inspira el proyecto de ley, puede exigirse a todas las fincas de cualquier comarca andaluza y de fuera de ella. Pero también es posible hacer la interpretación contraria: el propietario afectado puede argüir, en defensa de su explotación, que su parcela es distinta del resto de la comarca considerada como mejorable por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria y que no pueden realizarse mejoras especialmente sensibles. El proyecto presentado por Escuredo permitiría, sin embargo, enmendar la plana a la generalidad de los propietarios agrarios andaluces como empresarios. Y, sin embargo, abundan los ejemplos, que contradicen los viejos tópicos, de empresarios agrarios que han mostrado capacidad. para irse adaptando a los cambios económicos que se producían en el conjunto del país.

La ambigüedad del proyecto es tal que cualquier denominación que no fuera el engañoso rótulo de reforma agraria podría servirle como título. Los cambios en la producción agrícola de la zona que se propician con esa ley deberían recibir otro nombre y no el de reforma agraria, tan cargado de connotaciones históricas y sentimentales. Pero, además, resulta evidente que una comunidad autónoma sin competencias -como es lógico- en la fijación de precios de los productos agrícolas no podrá articular la reforma de las estructuras de propiedad y de uso de la tierra. Porque a los propietarios que deciden plantar o sembrar cualquier producto podría resultarles finalmente antieconómico seguir las pautas fijadas por la comunidad autónoma.

La reforma agraria anunciada por Rafael Escuredo tampoco puede encontrar su justificación en motivos sociales que impulsaran al Gobierno andaluz a tomar medidas sobre las fincas que superaran una cierta superficie, como se estableció en el proyecto aprobado durante la II República. El proyecto de ley tampoco presta atención a los aspectos ecológicos y medioambientales. Parece claro que hay fincas que a pesar de lograr incrementos importantes de producción respecto a explotaciones anteriores, están deteriorando el uso futuro de un bien escaso como es la tierra fértil, que debería ser conservado, al igual que se trata de hacer ahora con el agua.

Las tareas que se encomiendan al Instituto Andaluz de Reforma Agraria son la elaboración de planes y la ejecución de las directrices del Gobierno autónomo, la gestión de las fincas que queden bajo su tutela directa y el control de las que pasen a manos de cooperativas de agricultores y ganaderos. Antes que nada, el instituto deberá elaborar urgentemente un catálogo de fincas rústicas mejorables y un padrón de tierras infrautilizadas, sobre las que el Gobierno andaluz podrá intervenir con ayuda de dos instrumentos legales cuya efectividad ha sido discutida: el apartado referido a comarcas mejorables de la ley de Reforma y Desarrollo Agrario y la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, así como un nuevo instrumento de carácter fiscal que quiere establecer el Gobierno autónomo. El mecanismo elegido para definir qué fincas son mejorables se basa de forma casi exclusiva en la producción final obtenida. Con este objetivo se estudiarán los resultados contables de las fincas de una comarca y se establecerá sobre ellos el nivel máximo que debería alcanzar el resto, aunque admitiendo correcciones sobre calidades de tierra y el nivel medio de la comarca. Las fincas que se encuentren por debajo de ese nivel medio podrán ser expropiadas o arrendadas forzosamente. Las fincas que superen el listón tendrán que mejorarse o se les aplicará un impuesto progresivo para convencer a los propietarios para que incrementen el producto final.

La elaboración de estos censos será lenta y suscitará numerosas discusiones sobre la realidad que reflejen. El alcance y necesidad de la proyectada reforma quedará definido por el volumen de estos censos y por la extensión final que termine siendo afectada. El nivel de empleo en la comunidad no servirá como medida para calibrar el éxito de la iniciativa, ya que sus, propios diseñadores no dudan en afirmar que su aplicación no hará variar de forma sustancial el elevado paro existente en la región.

Esa confesión de parte significa el reconocimiento de la casi inutilidad del proyecto: si el aumento del empleo en la agricultura andaluza será mínimo, la explicación más sensata es que no debe de haber demasiadas fincas mejorables.

En resumen, la demagogia puede hacerse: también desde el poder, pero las consecuencias a largo plazo de esa política suelen volverse contra quienes la practican.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de octubre de 1983