La financiacion de la Seguridad Social y las transferencias a las comumidades autónomas, principales partidas del gasto público

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1984 prevé un volumen de gastos del Estado de 5,399 billones de pesetas, que suponen un incremento del 19,64% sobre el año anterior. Del total de gastos, casi 4 billones corresponden a operaciones corrientes y el resto a operaciones de capital. Las transferencias corrientes tienen un aumento importante en sus cantidades, consecuencia de la puesta en marcha de las transferencias a las comunidades autónomas, del mayor protagonismo del Estado en la financiación a la Seguridad Social y las mayores dotaciones para paliar el desempleo. Las transferencias totalizan 2,257 billones de pesetas, con un aumento del 33% sobre 1983. Los gastos de personal decrecen aparentemente en algo menos del 3%, aunque en realidad buena parte de esos gastos se encuentran contabilizados en algunas de las transferencias.

El Gobierno ha presentado este año el presupuesto de gastos desde tres distintas alternativas: el orgánico, en el que se distribuyen los gastos entre los distintos órganos de la Administración -ministerios y organismos autónomos-; el económico, atendiendo a la distribución de dichos gastos entre las distintas categorías -del mismo -salarios, gastos, corrientes, inversión, transferencias-, y el funcional o por programas, que trata de atribuir los distintos gastos en función de las diferentes finalidades de la actuación del Estado y los objetivos que se marca la acción del Gobierno.

Prioridades políticas

Según declaró Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda, en el acto de presentación del proyecto de presupuestos, éstos se han elaborado atendiendo a la última clasificación, ya que ello permite valorar las prioridades políticas del Gobierno. Las otras dos clasificaciones permiten, en opinión de Miguel Boyer, valorar en sus términos exactos la transformación estructural que está teniendo lugar en el Estado, como consecuencia de las transferencias que se están produciendo hacia las comunidades autónomas, y el conocimiento de los costes reales que tiene cada unidad de la Administración.La estructura funcional del gasto público se presenta en términos consolidados para el Estado, los organismos autónomos y los organismos autónomos comerciales, excluyendo las transferencias entre ellos. Según ello, el total de gastos asciende a 7,5 billones de pesetas, de los que 2,7 billones corresponden a actividades sociales y para la comunidad; 2,4 billones para actividades económicas y financieras; 1,1 billones para las de carácter general y el resto para otras actividades no clasificadas.

El Gobierno ha fijado una política de retribuciones de los funcionarios públicos que establece una subida del 6,5% para aquellos que están en activo y del 8% en las pensiones de las clases pasivas del Estado. El gasto total atribuido al personal crecerá el 9,5% como consecuencia de la ampliación de plantillas en los ministerios de Educación y Ciencia y Justicia, así como consecuencia de distintos ajustes para asumir desviaciones producidas el año pasado.

El intento de contención del total de gastos públicos se centra tanto en las limitaciones al crecimiento en los correspondientes a personal como en los de adquisición de bienes y servicios, que sumarán casi 184.000 millones de pesetas, un 8 % más que el pasado. Las cargas financieras del Estado se incrementan, por el contrario, en un 54% -290.000 millones -de pesetas- ya que el Estado tiene que hacer frente en 1983 al pago de intereses derivados del endeudamiento habido en los ejercicios anteriores para financiar los correspondientes déficit.

290.000 millones al desempleo

Las transferencias corrientes suponen la mayor parte del presupuesto de gastos y superan los 2,257 billones de pesetas, con un incremento de casi el 33%,sobre el año pasado. Los gastos derivados del proceso de transferencias del Estado a las comunidades autónomas, las dotaciones para el desempleo, a la Seguridad Social y a las empresas recogen la mayor parte de este aumento.El Estado destinará 290.000 millones de pesetas para al desempleo, que representa un aumento del 23%. Las aportaciones del Estado a la financiación de la Seguridad Social superarán los 627.000 millones de pesetas -con un 29% de aumento-, lo que significa que el Estado contribuirá con el 20% del total de gastos p revistos por la Seguridad Social para 1984. Las transferencias a las comunidades autónomas suman 467.000 millones de pesetas, con un aumento del 37%.

El ministro de Economía señaló, en la conferencia de prensa celebrada para dar a conocer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que el importante aumento de las transferencias a las empresas -280.000 millones de pesetas en 1984- se explica porque en este año la subvención de explotación de Renfe va a pasar de 105.000 millones de pesetas a 150.000, millones. Las transferencias a las familias, bajo distintas formas de ayudas sociales, aumentarán el 19%.

Escaso crecimiento en inversión

La inversión pública prevista para 1984 se fija en 1,159 billones de pesetas, con un crecimiento del 13,9% sobre el año anterior en términos monetarios y del 4,5% en términos reales. Miguel Boyer señaló que la tasa de crecimiento de la inversión pública es el doble del previsto del producto interior bruto (PIB) y que no puede ser superior si se quiere mantener la decisión política de reducir el déficit del sector público en medio punto en el ejercicio próximo.Los responsables de la elaboración del proyecto de Presupuestos han señalado que el aumento de la inversión pública es el máximo posible, condicionado a la prioridad relativa que tienen los gastos sociales destinados a una mayor cobertura del desempleo y al aumento en la financiación de la Seguridad Social por parte del Estado. Para Miguel Boyer, el crecimiento de la inversión pública debe compararse con los gastos de personal y de compras de bienes y servicios, que crecerán el 0,4% en términos reales.

Dentro de los programas de inversión que el Gobierno ha decidido que tienen carácter prioritario se encuentran los de investigación y desarrollo tecnológico, a los que se destinan 14.500 millones de pesetas; la reconversión industrial, con más de 40.000 millones frente a 26.000 del año anterior, y obras hidráulicas que aumentan el 17% (66.000 millones de pesetas).

Comunidades autónomas

El Fondo de Compensación Interterritorial alcanzará unos recursos de 209.000 millones de pesetas, que suponen el 40% de la inversión real nueva programada por el Estado y sus organismos autónomos, y de las transferencias de capital a los entes territoriales. La distribución de estos recursos entre las distintas regiones establece que el 27% de ellos se destinen a Andalucía, seguida por Galicia -10%-, Castilla-León -9%-, Cataluña -8%-, Extremadura y Castilla-La Mancha -7%- y Madrid y Canarias, que ,obtendrán el 5%, según los criterios de renta regional, población y otras variables establecidas.En el próximo ejercicio, los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial, que serán administrados por las comunidades autónomas, ascenderán a 127.000 millones de pesetas, mientras que aquellos sobre los que mantendrá competencias la Administración Central serán de 81.000 millones de pesetas. En 1984, las comunidades autónomas tendrán que gestionar una cantidad 10 veces superior a la que dispusieron en el ejercicio pasado, dado el aumento de transferencias que ha tenido lugar.