Los hombres de Pinochet 'cargan' contra los periodistas

La expulsión del territorio chileno, el miércoles 7 de septiembre, del corresponsal de EL PAÍS en el Cono Sur, José Luis Martín Prieto, no es un caso aislado de las dificultades que encuentra la Prensa, tanto internacional como local, para informar sobre lo que ocurre en Chile. A lo largo de estos últimos días de protesta contra el régimen militar chileno son incontables los casos de periodistas golpeados cuando asistían a manifestaciones. Acaso resulte difícil a los carabineros distinguir a veces, en medio del tumulto, entre integrantes del cortejo de protesta y corresponsales extranjeros. Pero cuando llevan en el hombro una cámara de televisión o exhiben su credencial de Prensa color amarillo, es menos creíble que los golpes propiciados sean fruto de un error de identificación.

ENVIADO ESPECIAL Uno de los casos más obvio de equivocación policial ante los periodistas que cubren información en Chile fue, sin duda, el apaleamiento el sábado 10, durante el multitudinario entierro de un manifestante en el cementerio metropolitano, de la enviada especial del diario francés Libération, Marie Christine Raitberger, a la que dos carabineros dieron siete golpes en la cabeza, a pesar de gritar incesantemente: "Prensa extranjera".

La víspera de la paliza de Marie Christine Raitberger, que fue dada de alta el martes, el Colegio Nacional de Periodistas de Chile había hecho público un comunicado en el que denunciaba "las agresiones flagrantes contra las personas e instrumentos de trabajo de los periodistas y reporteros gráficos" cuyos nombres recogía en una lista. En ella figuraban, por ejemplo, los integrantes de dos equipos de televisión, uno canadiense y otro norteamericano, así como los corresponsales de la revista Der Spiegel y de los diarios La Suisse y Unión de San Diego; todos ellos detenidos cuando fotografiaron o se acercaron a un pequeño autobús sin matrícula, desde el que, según testigos presenciales, un hombre de paisano disparó contra Miguel Angel Zavala, que fue, justamente, enterrado en el cementerio metropolitano.

En otra ocasión, el domingo 11, en el cementerio católico, los agentes de paisano, miembros presumiblemente de la Central Nacional de Información (CNI, servicio secreto), prefirieron circular en un vehículo identificado y no dudaron en colocarle un distintivo de Prensa, pero los asistentes al acto de homenaje a los desaparecidos y al ex presidente Salvador Allende que allí se celebraba rehusaron responder a sus preguntas cuando quedó claro que no podían exhibir credenciales.

A veces, aunque no en este mes de septiembre han sido los hombres de paisano, que la Prensa lo cal no tardó en apodar los gurkas los que han atacado físicamente a los periodistas chilenos ante unos carabineros que permanecían con los brazos cruzados. Cuando redactoras del diario santiaguino últimas Noticias preguntaron sobre estos hechos al ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, el hombre fuerte del régimen se limitó a contestar: "Me extraña lo que ustedes dicen, porque generalmente los carabineros actúan cuando se producen incidentes".

'Las niñas periodistas'

En otra entrevista, publicada el martes en ese mismo diario, el ministro del Interior impartió algunos consejos a la Prensa sobre cómo cubrir las manifestaciones de protesta corriendo menos riesgos: "Las niñas periodistas tienen que tomar fotografías desde lejos y no meterse en el medio. Los hombres, si quieren calentar el cuerpo, que se metan sin más".

Pero aquellas mujeres y hombres que toman fotografías desde cerca o desde lejos se enfrentan, además, con otro tipo de problemas cuando se intenta obstaculizar su labor poniéndoles trabas de índole burocrática. Vicente Botín, que encabeza en Santiago el equipo de Televisión Española, recuerda, por ejemplo, cómo los responsables del canal de televisión estatal se negaron a arreglarle la cámara que un vehículo-cisterna de los carabineros mojó y estropeó el 8 de septiembre, día de la protesta nacional. "Todos los días", afirma, "cuando vamos a los estudios a mandar a España, vía satélite, las imágenes que rodamos, escuchamos comentarios despectivos de técnicos que se preguntan por qué nos tienen que ayudar a transmitir esa porquería".

"A pesar del convenio de asistencia técnica firmado entre las dos televisiones, la española y la chilena", añade Botín, "nos ponen también todo tipo de pegas administrativas, e incluso, el día de la protesta no enviaron las imágenes a Madrid, pretextando que Televisión Española había anulado el enlace vía satélite. Comprobamos, y era mentira".

El jefe del Estado de Chile, general Augusto Pinochet, parece creer que los señores rusos patrocinan desde hace tres años una campaña para "crear una falsa imagen del presidente de la República", según declaró el pasado 20 de mayo en un discurso retransmitido por radio y televisión. "¿Acaso no comprobamos" se preguntó ante las cámaras, "que la Prensa alemana, la Prensa francesa, la Prensa española, la Prensa italiana, la Prensa norteamericana, las protestas de chilenos exiliados y de organismos de fachada atacan a este país y al presidente de la República?. Millones de dólares se gastan para actuar contra el Gobierno de Chile, buscando con ello la forma de provocar el caos".

Cuando el 9 de septiembre, en vísperas del décimo aniversario del golpe de Estado militar que derrocó al Gobierno de Unidad Popular, el régimen organizó un desfile de apoyo al presidente Pinochet, algunos grupos de manifestantes gritaban ante los corresponsales extranjeros que asistían al acto la siguiente consigna: "Periodista, por piedad, diga pronto la verdad".

La Prensa local

Lo malo es que los señores rusos habían, aparentemente, logrado también infiltrarse en la Prensa local, que en estos últimos días había conseguido ampliar su margen de maniobra hasta que la semana pasada recibió nuevas instrucciones, más restrictivas, según revelaron fuentes solventes.

El martes, por ejemplo, fueron suspendidos, por sugerencia del Gobierno, dos programas de televisión: Encuentro, que iba a emitir el canal de la universidad de Chile, y La quinta pata del gato, que ponía en onda la emisora de la universidad Católica de Valparaíso. En el primero estaba prevista una entrevista a Andrés Zaldívar, presidente de la Unión Mundial Democristiana, y contaba con la correspondiente autorización del rector de la Universidad estatal, general Roberto Soto; y en el segundo programa, cinco invitados, entre los que figuraba el responsable socialdemócrata Mario Pappi, iban a debatir el Poder de los alcaldes.

El jueves le tocó el turno a la revista Análisis, contra la que se querelló el Ministerio del Interior por publicar declaraciones de un responsable de la izquierda cristiana, Pedro Felipe Ramírez, que "constituyen un delito contra la seguridad del Estado". Ramírez preconizaba en Análisis la "desobediencia civil para hacer gobernable el país".

Consignas a los directores

Cuatro días antes, los directores de diarios de Santiago habían recibido instrucciones para que no se pudiese deducir de la lectura de los relatos publicados que la muerte de los manifestantes antigubernamentales podía haber sido causada por los disparos de las fuerzas de orden público o de agentes vestidos de paisano. Se les rogó también que insistiesen en el carácter vandálico de la protesta de los habitantes de las poblaciones de la periferia de la capital.

El consejo gubernamental surtió rápidamente efecto. Al lado de fotografías de comercios destruidos y de manifestantes con piedras en la mano, publicadas el martes en primera página, el diario Últimas Noticias titulaba a toda plana: "Gobierno en guerra contra los vándalos", mientras que en la portada de otro rotativo, La Tercera, se podía leer: "Gobierno: mano dura a vandalismo callejero".