Unánime llamamiento de los diputados españoles en favor de la democracia

El Pleno del Congreso de los Diputados elevó ayer una petición unánime a la dictadura militar del general Augusto Pinochet para que permita el retorno de la democracia a Chile. A propuesta de todos los grupos parlamentarios, el presidente de la Cámara baja, Gregorio Peces-Barba, procedió a leer la resolución, que fue aprobada por asentimiento y aplaudida largamente."Ante la general ausencia de libertades y la conculcación de los más elementales derechos en la República de Chile, que ha culminado con la reciente detención de destacados dirigentes políticos y sindicales", el Congreso de los Diputados de España "hace una solemne llamada al retorno de las prácticas democráticas, que forman parte de la mejor tradición del pueblo chileno, y al más escrupuloso respeto de los derechos y libertades fundamentales que se derivan de la dignidad de la persona humana, y que deben ser el fundamento de todo orden político y social". La resolución se publicará en el Boletín Oficial de las Cortes y será trasladada al Gobierno chileno.

Gestión diplomática rechazada

La iniciativa sigue al rechazo, por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Miguel Schweitzer -por entender que constituye "una injerencia en los asuntos internos"-, de la protesta oficial del Gobierno español por la detención del ex ministro de Asuntos Exteriores Gabriel Valdés y otros miembros de la prohibida Democracia Cristiana.

La protesta, presentada por el embajador Miguel Solano Aza, fue realizada tras haber recibido instrucciones en tal sentido del Gobierno de Felipe González. Según fuentes de la delegación diplomática española, citadas por la agencia Efe, pese a la no aceptación oficial, tanto el ministro como el embajador expresaron su esperanza de que, en bien de las relaciones entre los dos pueblos, el asunto se solucione lo más rápidamente posible.

Una gestión similar fue realizada por un grupo de embajadores europeos en nombre de todos los países miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE). Schweitzer calificó el asunto de "netamente judicial".