Movilizaciones y empleo comunitario

COMO UNA plaga endémica que aparece y desaparece, han vuelto a surgir estos días las movilizaciones de los jornaleros andaluces que reclaman una reforma del empleo comunitario, que formaba parte sustancial del pro grama electoral con el que los socialistas tuvieron acceso al Gobierno. Habitualmente, se reproducen también las mismas críticas sobre esta fórmula de repartir limosna entre los parados del sector agrario: se trata, en casi todos los casos, de distribuir dinero de los Presupuestos Generales del Estado para paliar la inexistencia de puestos de trabajo en el sector primario y, de paso, evitar que esa ausencia de actividad exacerbe las protestas y genere una tensión entre los asalariados agrícolas difícilmente controlable. En definitiva, con los fondos del empleo comunitario se financió durante muchos años el orden público de zonas como la andaluza y, en algunos casos, como la extremeña. Los receptores de esta caridad, como ellos mismos la han definido en muchas ocasiones, han dicho que el empleo comunitario era pan para hoy y hambre para mañana. La experiencia histórica ha colmado de razón estas afirmaciones.Los sucesivos Gobiernos de Unión de Centro Democrático declararon una y otra vez su voluntad de rectificar esta experiencia dignificando la situación de los jornaleros, muchas veces presionados para ello por las aparatosas protestas de los trabajadores, destacando entre ellas la huelga general del pueblo de Marinaleda, en pleno mes de agosto de 1980. Sin embargo, esta voluntad nunca pasó del terreno de los deseos.

Con motivo de la firma del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE), el Gobierno intentó, de acuerdo con las organizaciones patronales y sindicales, clarificar y racionalizar el sistema de empleo comunitario. Como primer paso se abordó la tarea urgente de elaborar un censo agrario que permitiera establecer, aunque de forma aproximada, el número de posibles beneficiarios. Líderes jornaleros, gobernadores civiles y empresarios coincidían en denunciar las posibilidades de fraude y picaresca que permitía el sistema vigente. El censo fue un rotundo fracaso y fue boicoteado por buena parte de los afectados.

El Partido Socialista Obrero Español incorporó la re forma del sistema en su programa electoral transcurridos cien días de su llegada al poder, algunas organizaciones agrarias han convenido en la necesidad de recordar al Ejecutivo sus promesas de reforma. Éste ha sido el origen de las actuales movilizaciones, promovidas principalmente por Comisiones Obreras del campo. Lo sustancial del sistema persiste, y parece de justicia acelerar un cambio en el campo, que todos reconocen como urgente. Sin embargo, la proximidad de las elecciones municipales introduce la duda sobre las razones de estas movilizaciones en este preciso momento preelectoral. La dirección por parte de CC OO de las protestas, la auto marginación de la Federación de Trabajadores de la Tierra-UGT y la exquisita neutralidad del Sindicato de Obreros del Campo -sin duda, la organización sindical agraria más combativa en el campo andaluz hasta el momento- inducen a pensar que no todas las intenciones son puramente reivindicativas y que los elementos políticos pueden ser sustantivos en esta ocasión.

La rapidez con que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, ha respondido a las protestas de los jornaleros, recibiendo a representantes de la Junta de Andalucía y de los tres sindicatos agrarios, introduce un elemento de esperanza en cuanto a que la sensibilidad del actual Gabinete ante el empleo comunitario no sea puramente retórica, como pasó una y otra vez con UCD. Aunque de esta impresión tampoco se escapa el temor del Gobierno al crecimiento de la protesta en una zona que, en condiciones normales, votará mayoritariamente socialista en los comicios municipales. Sin embargo, tampoco en esta ocasión se ha sustraído el nuevo Gobierno a frenar la conflictividad por la vía del dinero, su biendo el jornal diario de 1.033 pesetas a 1.270 y ampliando, globalmente la dotación presupuestaria hasta los 30.000 millones.

Almunia ha dado fecha de muerte al empleo comunitario -enero de 1984-, ha anunciado su sustitución por un Fondo de Empleo Rural (consistente, en- lo esencial, en la adjudicación de dinero para obras públicas en todas las regiones necesitadas de ellas, cuya mano de obra serían precisamente los asalariados del campo) y la creación de un subsidio de desempleo para los trabajadores eventuales del campo que no entrasen en el presupuesto del nuevo fondo. El ministro también ha convocado formalmente a todas las partes para iniciar la negociación del nuevo sistema a finales de este mes.

Del resultado de esta negociación puede depender en lo sucesivo la credibilidad del Ejecutivo en los sectores agrarios asalariados de toda España.