La ley de partidos políticos demostrará si la "tercera via" es aún posible en Nicaragua

Para la Administración Reagan, en Nicaragua existe ya una dictadura marxista-leninista, según ha repetido su embajadora Jeanne Kirkpatrick, con ocasión de un reciente viaje por Centroamérica. Esta tesis sustenta la lucha armada que unos miles de nicaragüenses sostienen desde el exterior. Los grupos más radicales del sandinismo creen, por el contrario, que la alta burguesía mantiene aún muchos de sus pasados privilegios y exigen un cambio más decidido de la sociedad. Estos dos juicios opuestos son apenas un reflejo de las contradicciones existentes en un país donde se trata de poner la propiedad privada al servicio de las mayorías sin abolirla y, al mismo tiempo, respetar las libertades sin que el poder vuelva a manos de las antiguas castas.

Establecer un paralelismo entre el proceso cubano y el nicaragüense, a partir de algunas coincidencias, por lo demás evidentes, o de las ayudas prestadas por Fidel Castro, se ha convertido a veces en un método de trabajo. Un político nada afecto al Frente Sandinista como Adán Fletes, presidente de la coordinadora que agrupa a casi toda la oposición de derecha, está en desacuerdo con esta tesis. "Es producto de una mala información", dice. "Hay gente que quiere ver la situación como totalitaria y quien la ve como democrática. Ambas apreciaciones son falsas. El proceso no está definido aún".La ley de partidos políticos, que está en fase de discusión y que debe servir de marco para las elecciones previstas en 1985, será la piedra de toque que permitirá comprobar si la tercera vía es aún posible. El proyecto, elaborado por el Consejo de Estado en febrero del pasado año, contiene dos aspectos duramente criticados, aun por los grupos que integran el Frente Patriótico, que apoya a la revolución.

Se propone, por un lado, que la suspensión o cancelación de los partidos políticos esté sometida a un órgano con tres miembros designados por la Junta de Gobierno y dos de los propios partidos. Contra su decisión sólo cabría un recurso posterior a la misma Junta. En palabras del secretario general comunista, Eli Altamirano, un texto de esta naturaleza "pone en manos de la Junta la vida y la suerte de los partidos".

En líneas generales, la izquierda no sandinista concuerda con la oposición de derecha a la hora de pedir que los representantes de los partidos sean mayoritarios en el órgano que tenga capacidad decisoria sobre su futuro.

Otra discrepancia seria se plantea al definir los objetivos de las agrupaciones políticas. El proyecto de ley establece éstos como los de "participar en la gestión política y administrativa del Estado" y "concurrir a elecciones de acuerdo con la legislación vigente". Los líderes, políticos entienden que se trata de una fórmula demasiado ambigua.

Socialistas y comunistas

Luis Sánchez, del Partido Socialista nicaragüense, opina que la ley debe recoger la aspiración de los partidos a dirigir el Gobierno y ejercer el poder político". Eli Altamirano califica el proyecto de "inadmisible" en este punto y reclama también que entre los fines figure la toma del poder. En este campo parecería existir una nueva coincidencia entre el Frente Patriótico y la coordinadora, pero ambas formaciones discrepan al fijar límites a la acción partidaria. Para la derecha, sólo la vuelta al somocismo debe estar vetada por la ley. Algunos analistas opinan que esto nada significa en la práctica, ya que ideologías ultraconservadoras podrían, aspirar al poder sólo con un vago repudio a la dictadura somocista, pero sin renunciar a sus contenidos económicosociales.El Frente Patriótico está de acuerdo con los sandinistas en que el proyecto democrático no debe poner en peligro las conquistas de la revolución en materia de reforma agraria, educación y salud para todos, acceso de las mayorías a los bienes básicos.

En una sociedad de la abundancia como la norteamericana o la europea podría pensarse que estos objetivos pueden ser relativamente satisfechos por cualquier partido del atco constitucional. En una Nicaragua subdesarrollada, que emerge en medio de un capitalismo salvaje, donde sólo índices de beneficio que superen el 50% anual resultan atractivos para el capital privado, éstas son metas que la derecha no está dispuesta a mantener.

El Frente Sandinista sabe que cuenta con el respaldo mayoritario en su empeño de evitar pasos atrás en las conquistas sociales de la revolución. La ley incluye esto entre los deberes de los partidos, con gran escándalo de la derecha, deseosa de regresar al antiguo régimen económico.

Un informe elaborado el año pasado por la Fundación Ebert, del Partido Socialdemócrata alemán, reconoce las diferencias existentes entre las democracias liberales europeas y la democracia social que los sandinistas tratan de poner en práctica. Tomando como punto de partida el 19 de julio de 1979, que marca el fin de una dictadura familiar de 45 años, el documento subraya que los nicara güenses han podido ejercitar bajo el régimen actual derechos económicos y sociales que históricamente les fueron negados.

El patrón occidental

Es evidente que el Gobierno sandinista no está dispuesto a sacrificar el ejercicio de tales derechos por la patente democrática de patrón occidental. Cómo conseguirlo sin caer en un régimen dictatorial, el informe concluye que a corto y medio plazo es poco probable que Nicaragua se encamine hacia un sistema pirlamen tario de corte europeo, sin que ello le aboque irremediablemente a un régimen comunista.Se señala que todavía existe espacio político para instalar una democracia con un partido hegemónico (Frente Sandinista) que con viva con fuerzas de oposición. Los sandinistas han manejado en el pasado el modelo mexicano, al menos en su funcionamiento formal, aunque es evidente el mayor contenido social del sistema nicaragüense.

Aunque la mexicana sea una democracia muy peculiar, está aceptada como tal en la comunidad internacional, sin que ello provoque mayores debates, incluso entre sus vecinos del norte, los estadounidenses. La especial hostilidad de la Administración Reagan hacia el modelo sandinista es difícil de justificar por escrúpulos democráticos, sobre todo cuando éstos no le impiden colaborar con Gobiernos como los de Guatemala o Chile.

La razón hay que buscarla en otra parte: el decidido antúmperialismo de los sandinistas. Democracias aparte, lo que resulta intolerable para Estados Unidos es que en una zona de seguridad, donde se aplica el principio de hegemonía no compartida, se instale un Gobierno que practica una política exterior beligerante contra cualquier intervencionismo de Washington. Esta posición sandinista, que ha llevado a introducir en su himno nacional un párrafo que declara a los yanquis enemigos de la humanidad, ha sido, por lo demás, ganada a pulso por la política histórica de Estados Unidos en Nicaragua: tres intervenciones armadas y el permanente apoyo a una dictadura como la somocista, que supo unir a todos los nicaragüenses en su contra.

Es la bandera de la seguridad la que ha llevado a la Administración Reagan a financiar a los grupos armados que desde territorio hondureño hostilizan permanentemente al Ejército sandinista. La defensa de la democracia parece difícilmente compatible con el apoyo prestado a los ex guardias somocistas, que durante casi medio siglo reprimieron a los nicaragüenses.

En su propaganda, el Departamento de Estado ha sólido emplear como un termómetro del totalitarismo sandinista las restricciones a la propiedad privada. El último informe sobre Nicaragua, elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en julio de 1982, señala que a finales del año anterior el Estado controlaba el 24% del sector agrícola, el 22% de la industria y el 40% del comercio.

Es probable que la participación estatal en el sector terciario haya aumentado como consecuencia de la nacionalización del comercio interno del azúcar, jabón, aceite, maíz, frijoles, arroz, papel higiénico y gasolina. En algunos casos, por dificultades objetivas en la producción, en otros casos, por el acaparamiento y la especulación. Esto no significa que se haya implantado un racionamiento, salvo en los casos del azúcar y la gasolina, sino que el Estado se encarga de la distribución de estos productos a los minoristas.

Menos rigor que en El Salvador

Por lo que respecta a la propiedad de la tierra, la ley de reforma agraria no establece ningún límite, siempre que las propiedades estén cultivadas. Esto explica que un 15% del suelo siga en manos de, grandes latifundistas. Incluso si no se cultivan, sólo pueden ser expropiadas las fincas que excedan de 350 hectáreas en el Pacífico y de setecientas en el Atlántico. Resulta chocante que la ley salvadoreña sea, al menos en su letra, más rigurosa que la de Nicaragua.Un dirigente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Ramiro Gurdián, explica con bastante claridad sus discrepancias con el Gobierno: "Ellos dicen que nos dan financiamiento y que seguimos sin producir. Pero el financiamiento es lo último que busca un empresario; antes necesita saber qué margen de utilidad va a conseguir.

Ahí es donde le duele al sector privado nicaragüense. La propiedad sigue básicamente en sus manos, pero los márgenes de ganancia han sido drásticamente cortados y ya no resultan atractivos, aunque sigan siendo todavía superiores a los que manejan sus colegas europeos. Una de las acusaciones que más repitió el Gobierno sandinista en el pasado, el boicoteo económico por parte del capital, recibe así una confirmación indirecta.

Hay que reconocer que entre las teorías económicas liberales y los planes del Gobierno sandinista, existe una discrepancia de fondo. Aquellos opinan que la ganancia es el único motor de la economía. Los sandinistas creen que la atención de las necesidades básicas de la población es el objetivo prioritario.

¿Quiere todo esto decir que Nicaragua va sin remedio a una sociedad comunista? Paradójicamente, la Administración norteamericana parece empeñada en que así sea. Quizá porque esto le permitiría justificar ante el mundo una intervención directa.

Los datos estadísticos están todavía en contra de esta apreciación. Es cierto que el Consejo de Estado, órgano legislativo provisional, está en manos del Frente Sandinista y que de sus 51 miembros, veinticinco son del partido gubernamental y sólo once corresponden a la oposición de derecha (partidos, sindicatos afines y empresa privada). El sociólogo Xabier Gorostiaga opina que esta representación opositora del 21,6% es superior a la que estos mismos grupos obtendrían en un cotejo electoral.