Manifestación en Buenos Aires

LA SEGUNDA manifestación masiva de Buenos Aires -más fuerte, más numerosa que la primera, según sus propias fuentes, y esta vez con un muerto, para el que ya se está reclamando venganza- supone un intento más de acortar los plazos para la retirada de los militares en el poder y el establecimiento de una democracia. El pueblo insta no sólo a sus dictadores a que desaparezcan, sino a los políticos de la Multipartidaria -los cinco partidos más significativos de la oposición- a que acorten sus propios plazos y aumenten sus exigencias. Pedir las elecciones de julio de 1983 y entregar el poder a los vencedores en un plazo de sesenta días después de dichas elecciones no parece ya algo imposible: supone nueve o diez meses de tiempo antes de que se restaure con todos sus efectos el poder civil. No es tampoco de recibo pensar que sean estos mismos militares derrotados y acusados de asesinato diariamente en las calles los que puedan mantener el equilibrio del país hasta entonces, ni mucho menos pueden tener la confianza necesaria para que se les deje organizar unas elecciones. Para que esas elecciones fuesen realmente libres y significativas, tendría ya que estar funcionando un amplio sistema de libertades previo: de partidos, de propaganda política, de Prensa, radio y televisión no sólo sin trabas, sino también sin amenazas. El temor de que los partidos políticos pacten en la forma que puedan, y que dentro de ese pacto se encuentre no solamente la remisión de las responsabilidades por el aventurismo demente y delincuente de las Malvinas -independientemente de los derechos sobre el archipiélago-, sino algo que preocupa mucho más, la exención de culpas por los desaparecidos y la posibilidad de que no aparezcan nunca más, no parece ya tolerable.¿Puede el Gobierno militar argentino recuperar el poder? El paralelo de fechas y de circunstancias con Polonia parece escalofriante;, las situaciones conseguidas en Polonia por el pueblo aparecen hoy dominadas, y en Argentina hay militares lo suficientemente comprometidos como para intentar el uso de la fuerza sin límites, para conservar no ya el poder, que sería lo de menos, sino su impunidad. Más allá, las circunstancias son incomparables: Polonia está sometida, por encima de todo, a la URSS, y con un riesgo más o menos probable de invasión, y en Argentina el tema es enteramente interno. Ni siquiera los Estados Unidos de Reagan tienen ya el menor interés en apoyar a la Junta como bastión del anticomunismo. El problema argentino es algo que, a pesar de los perfiles equívocos en el campo internacional que tuvo el conflicto de las Malvinas, desborda el esquematismo simple de comunismo y URS S frente a anticomunismo y Estados Unidos. Es un país ante una quiebra profunda, donde lo económico y lo moral van estrechamente unidos, y la visible aparición de una delincuencia de Estado. No hay que subestimar la capacidad de fuego de réplica que está todavía en manos de los militares; pero no hay que olvidar también que una gran parte del Ejército tiene las manos limpias y no quiere verse envuelto en el apoyo a un régimen completamente caído. Entre tantas posibilidades como hay en la situación ardiente, la de la guerra civil no puede quedar excluida.

El poder aún se ha amparado, después de la manifestación del jueves, en la frase de que "la institucionalización del país tiene un ritmo técnico imposible de forzar". Ya está forzado. Lo que parece imposible, hoy, es continuar con el calendario previsto.