El régimen militar de Argentina, acorralado por la protesta popular
La amplitud de la Marcha por la Democracia, diez días después de la huelga general que paralizó el país, no deja al régimen militar más alternativa que anticipar la fecha de las elecciones legislativas para devolver el poder a los civiles, según se estima en medios políticos argentinos.
La "marcha por la democracia y la reconstrucción nacional", en la que participaron más de 100.000 personas, se saldó con un muerto, más de ochenta heridos entre policías y civiles y 120 personas detenidas, tras los graves incidentes que se produjeron frente a la Casa Rosada, la sede del Gobierno argentino, al término de la manifestación.Los disturbios estallaron cuando ya había concluido el acto central protagonizado por los dirigentes de los partidos políticos convocantes al pie de la pirámide en el centro de la plaza de Mayo. La multitud hizo presión sobre las vallas que había colocado la policía frente a la Casa Rosada, y al ceder una de ellas, que había sido parcialmente abierta para que pudieran pasar los dirigentes gremiales Lorenzo Miguel y Saúl Ubaldini, los grupos de provocadores mezclados con las columnas de la Juventud Peronista y de la Juventud Radical avanzaron sobre la sede del Gobierno.
La policía pudo reponer la valla mientras Miguel y Ubaldini quedaban del lado de la Casa Rosada y se retiraban por una calle lateral. En ese momento se recrudecieron los insultos contra la policía y el Gobierno militar, lo que provocó una nueva presión de la multitud. La policía se retiró hacia el interior de la sede del Gobierno cuando cayeron varias vallas. Con una de ellas algunos manifestantes llega ron a golpear las puertas de la Casa Rosada. La policía se parapetó detrás de una tanqueta blindada y desde el interior de la casa y de ambos costados desató una feroz represión, apoyada por la caballería y la guardia de Infantería.
Las bombas de gases lacrimógenos y los disparos de armas de fuego provocaron el pánico de la multitud, que trataba de huir. Pero también hubo grupos de jóvenes que se enfrentaron abiertamente a la policía y la obligaron a buscar refugio atacándola con palos y arrojándole monedas y piedras. Varias ventanas de la casa del Gobierno, del Ministerio de Economía y de otros edificios públicos de la zona quedaron destruidas. Con el apoyo de los carros de asalto los manifestantes fueron perseguidos por todas las calles de la zona donde la policía atacó a palos a todo aquel peatón que lograron alcanzar. Ya a considerable distancia de la plaza de Mayo, la policía seguía irrumpiendo en bares y restaurantes atacando a los clientes de los locales y llevando a cabo numerosas detenciones.
La represión policial se desató especialmente contra los cronistas y fotógrafos de Prensa, a los que identificaba fácilmente por sus credenciales colgadas en el pecho o por sus cámaras. Cinco fotógrafos fueron brutalmente golpeados.
En conferencia de Prensa, el jefe de la Policía Federal argentina, general Juan Bautista Sasiain, responsabilizó a "un grupo de 1.500 activistas que nada tenían que ver con la Multipartidaria", y aseguró que los mismos pertenecían a la organización Montoneros, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Movimiento Política Obrera y el Partido Comunista".
Por su parte, los dirigentes de la Multipartidaria que habían convocado y organizado la movilización popular emitieron en la madrugada un enérgico comunicado al término de la reunión de emergencia que celebraron en un hotel céntrico porque las distintas sedes partidarias también fueron atacadas con bombas de gases lacrimógenos.
El texto del comunicado, que califica a la represión policial como de "indiscriminada y totalmente desmedida", dice en sus puntos más importantes que "la marcha del pueblo por la democracia y la reconstrucción nacional fue una manifestación masiva de repudio al régimen y su política y de reclamo por la normalización institucional y la solución de los problemas que padece la nación".
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