El Gobierno deberá regularizar créditos extraordinarios por valor de 125.000 millones en los próximos presupuestos

El actual Gobierno socialista, cuando componga su proyecto de Presupuestos Generales del Estado, deberá regularizar gastos por valor de más de 125.000 millones de pesetas, algunos de los cuales provienen de los años 1965, 1966, 1967 y siguientes, es decir, del antiguo régimen. En aquella época era ministro de Hacienda Juan José Espinosa San Martín. El método de regularización será mediante proyectos de ley de créditos extraordinarios, que tendrán efectos contables y jurídicos, aunque no monetarios.

El pasado miércoles, en el debate de investidura del entonces candidato a presidente de Gobierno, Felipe González, éste desarrolló la situación del déficit del Estado para 1982. Cifró las previsiones en 831.000 millones de pesetas, aunque a la hora de abordar la situación con la que se encontrará el nuevo Gabinete aportó otros dos conceptos: los créditos extraordinarios y otras cuentas del pasado, que aumentarán el volumen global del presupuesto de 1983. En cuanto a los créditos extraordinarios, no incorporados en la cifra de 831.000 millones, existen algunos otorgados como anticipos de tesorería, por valor de alrededor de 240.000 millones, según fuentes solventes de la nueva Administración. Existen créditos extraordinarios que pasan de un ejercicio a otro. Los que pasaron de 1981 al actual ejercicio tienen, según estas fuentes, un valor de unos 100.000 millones, por lo que existe una diferencia de 140.000, a los que habría que añadir otros agujeros, en el capítulo de Corporaciones locales, por unos 40.000 millones, y de la Seguridad Social, por unos 20.000 millones. "De esta forma", declararon las mismas fuentes, "Ias necesidades financieras del sector público durante el año en curso habrán sido de más de un billón de pesetas, lo que supone alrededor de un 5% del producto interior bruto".Sin embargo, Felipe González, también hizo alusión a otras cuentas pendientes "desde 1967; repito, desde mil novecientos seis siete", dijo textualmente. Estas cuentas, según ha podido saber este periódico, ascienden a 125.098,5 millones de pesetas y fueron entregadas por los anteriores ministros de Economía y Hacienda, Juan Antonio García Diez y, Jaime García Añoveros, al nuevo titular de Economía, Hacienda y Comercio, Miguel Boyer. Se trata de anticipos de tesorería que fueron efectivamente pagados, pero que, no tuvieron su rúbrica contable ni jurídica. Por ello, no tienen efectos monetarios, aunque incrementarán el volumen global del presupuesto.

Las cuentas del anterior régimen

Algunos de estos gastos anticipados provienen de cuando ocupaba la titularidad del Ministerio de Hacienda Espinosa San Martín y se extienden en el tiempo, sin regularizarse, durante los mandatos de Monreal Luque (1969-1973), Antonio Barrera de Irimo (1973-1974), Rafael Cabello de Alba (1974-1975), Juan Miguel Villar Mir (1975-1976), Eduardo Carriles Galarraga (1976-1977), Francisco Fernández Ordóñez (1977-1979) y Jaime García Añoveros (1979-1982).

Según, algunas fuentes consultadas, la dificultad con la que han tropezado algunos ministros para regularizar los gastos citados no tiene carácter monetario, es decir, de hinchar el déficit, sino político, "al tener que responder ante la oposición, en algunos casos, de tapar algunas lacras del franquismo".

En los documentos entregados por los citados ministros al nuevo Gabinete existe un documento titulado Regularizaciones de anticipos de años anteriores. Pagos que han de ser aplicados al presupuesto en formalización, sin efectos monetarios. En él se incluyen tres partidas: los saldos pendientes de cancelar en operaciones del Tesoro-deudores, anteriores a 1970; los anticipos concedidos al Ministerio de Defensa para la realización del Plan de Modernización de las Fuerzas Armadas, anteriores a 1978, y anticipos del Banco de España al Tesoro por asunción de deudas anteriores al 13 de junio de 1977.

En cuanto a los primeros, que se cuantifican en 28.557,5 millones de pesetas, los principales conceptos son los siguientes: anticipo a Corporaciones locales en 1968, por valor de 16.750 millones; Comisaría General de Abastecimientos, en 1969, por 2.000 millones; anticipo de fondos para el Patronato de Igualdad de Oportunidades (PIO), 4.242,5 millones de pesetas, y reestructuración de industrias papeleras, en 1966, por 1.066,4 millones de pesetas. Su cancelación, según el documento, debe efectuarse mediante imputación a créditos a habilitar en los Presupuestos Generales del Estado. No producirá efectos monetarios.

Los anticipos de Defensa, de 49.193 millones de pesetas, incluyen los saldos pendientes de cancelación de anticipaciones realizadas al Ministerio de Defensa, en uso de las autorizaciones contenidas en una ley de julio de 1971 y de un real decreto de enero de 1977. Su cancelación se hace del mismo modo que la partida anterior.

Deudas asumidas por el Estado

Por lo que respecta a las deudas asumidas por el Estado, cuyo conjunto es de 47.348 millones de pesetas, corresponde a un conjunto de dieciséis operaciones de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT), Comisión de Compra de Excedentes de Vino, Instituto de Fibras Textiles y Consorcio de Compensación de Seguros, realizadas entre los años 1966 y 1975.

El Estado asumió el importe de las deudas que dichos organismos tenían con el Banco de España. La cancelación se ha de realizar mediante la habilitación de créditos presupuestarios. Para ello, los organismos han de presentar las cuentas de las operaciones, procediéndose a tramitar los correspondientes créditos extraordinarios.

Se tramitó un crédito extraordinario, por importe de 28.274 millones de pesetas, correspondiente a varias operaciones de la CAT, que fue remitido al Congreso de los Diputados y que no llegó a debatirse.

Este crédito, que fue presentado por Jaime García Añoveros, fue retirado para "darle una solución en armonía con las restantes operaciones de igual naturaleza".