Antecedentes policiales
El desacuerdo entre jurados de los premios de cinematografía de la Generalitat, en torno a quienes podían ser premiados, ha llevado a la dimisión de varios miembros de estos jurados o a la negativa a formar parte de ellos -Román Gubern, Muñoz Suay, Jaime Camino, Carlos Jover y Carles Durán- y a la participación del jefe de servicio de Cinematografía, Miquel Porter, en el debate. Gubern da por zanjado éste y responde a las acusaciones de "desinterés por la cultura de expresión catalana".
Hace algunos días fui víctima del robo de mi automóvil, como tantos otros conciudadanos víctimas de esta plaga de la delincuencia urbana. Cuando fui a denunciar el hecho a la comisaría, el eficiente inspector que me atendió solicitó, como es usual en estos casos, información a los archivos policiales acerca de mi persona. Cual no sería mi sorpresa cuando, tras colgar el teléfono, me advirtió de que tenía. antecedentes policiales por reunión y manifestación ilegal, de fecha 4 de marzo de 1967. Sonriendo con aire paternal, me aconsejó que hiciese gestiones para borrarlos, ya que "hacen mal efecto y le pueden perjudicar".Confieso que la información me dejó estupefacto y renovó en mí el famoso dilema entre la necesidad de conservar los documentos oficiales y la memoria histórica, y el perjuicio que tales materiales pueden causar a ciudadanos que tenemos un pasado de lucha antifascista militante. No sé si el señor Rosón va a leer mi artículo, pero me permito llamarle la atención acerca de esta permanencia inerte de los archivos represivos de la dictadura, que nos pueden hacer un flaco favor si un día se consuma un nuevo golpe militar fascista en España.
Como durante la dictadura pasé en vanas ocasiones por comisarías franquistas, hice un esfuerzo de memoria para localizar los hechos que figuraban registrados en el omnipotente cerebro policial. Si no ando equivocado, mi delito fue en haber participado en un homenaje -prohibido, naturalmente- que la Universidad rindió al ilustre doctor Jordi Rubió i Balaguer, y con él a toda la cultura catalana perseguida por el franquismo, en el octogésimo cumpleaños del fundador de la Biblioteca de Cataluña. Caímos todos los invitados en manos de la policía, y convivimos, en los incómodos calabozos de la Jefatura Superior de Barcelona, durante dos días, intelectuales y políticos tan diversos como Miquel Coll i Alentorn; el poeta Joan Oliver (Pere Quart), el gran filólogo Joan Corominas, Carlos Barral, Antoni Gutiérrez Díaz, Manuel Sacristán y varios más.
Anécdotas para la historia
Recuerdo de aquellos dos días varias anécdotas pintorescas, como los problemas que tuvo Barral, quien, detenido al anochecer, llegó con alguna copa de más, con el homosexual que le tocó en suerte en su calabozo, vecino al mío. Pero, sobre todo, recuerdo el estupor del comisario que no acababa de entender -agravada la incomunicación por la sordera del ilustre Corominas- que aquel señor de apellido catalán y que hablaba el castellano sin acento fuese súbdito norteamericano y profesor de la Universidad de Chicago (certifico este episodio para la historia, ya que me tocó en suerte ser testigo de su interrogatorio preliminar a la hora de identificarse documentalmente).
Escribo estas líneas teniendo a la vista el reciente artículo de un funcionario de la Generalitat que denuncia mi desinterés por "la cultura de expresión catalana" (sic). Me incomoda muchísimo y no, forma parte de mi estilo el lucir condecoraciones de combatiente veterano, pero, por si a algún historiador le puede interesar para sus archivos, acabaré recordando que mientras yo trabajé en la Unesco, en París, allá por los años 1958 y 1959, fui compañero de conspiración de Josep Maria Batista i Roca, a quien ayudé en sus negociaciones con la misión del Estado de Israel para presentar en la Asamblea General de la Unesco una moción en favor de las minorías nacionales oprimidas. Por aquel entonces, muchos impecables militantes catalanistas de hoy vestían la camisa azul del Movimiento, o la camisa de seda inglesa de los tecnócratas del Opus Dei, o se lucraban como banqueros en complicidad con la dictadura.
