El déficit por gastos de farmacia puede alcanzar los 20.000 millones de pesetas.
El desvío del gasto farmaceútico en recetas de la Seguridad Social, con respecto al presupuesto de 1982, alcanzará los 20.000 millones de pesetas a finales de año si la Administración no establece urgentes medidas correctoras, según ha señalado la Comisión de Sanidad del PCE en un comunicado hecho público ayer.Según dicha nota del PCE, la desviación deficitaria durante el primer semestre de 1982 ha supuesto 9.282,25 millones de pesetas a precio de venta al público, repercutiendo esta cifra en un aumento de 1.296,13 millones de pesetas a los usuarios y de 7.986,12 millones de pesetas a la Seguridad Social. El gasto de farmacia en recetas de la Seguridad Social en este período ha sido de 89.870,86 millones de pesetas.
Para la Comisión de Sanidad del Comité Central del PCE, esta desviación no se justifica por la última subida de precios de los medicamentos de noviembre pasado, que fue del 9%, ya que el presupuesto de 1982 para recetas de farmacia se incrementó en un 18,29% con respecto al de 1981, sino que la causa reside en la prescripción de recetas por un importe medio mayor al previsto (387,50 pesetas en vez de 340,58). Se añade en apoyo de esta conclusión que tampoco ha aumentado el número de recetas prescritas (2,55 por titular y mes) con respecto a lo previsto (2,62 por titular y mes).
El incremento del precio medio de los medicamentos consumidos, según el PCE, se debe fundamentalmente al efecto producido por la retirada voluntaria, por parte de los laboratorios, de los medicamentos de bajo precio y la introducción posterior en el mercado de medicamentos similares con nombre distinto y precio mucho más alto.
Defensa de los intereses de la Seguridad Social
El incremento de dicho desvío del presupuesto puede llegar a los 20.000 millones de pesetas a final de año si la Administración no defiende adecuadamente los intereses de la Seguridad Social en sus negociaciones actuales con la industria farmaceútica, dice la nota.El PCE propone, entre otras, las siguientes medidas: apertura del registro de medicamentos; racionalización y disminución del número de especialidades farmaceúticas; suministro a los médicos públicos, por parte de la Administración, de una información científica suficiente e introducción de la información económica regular (comparación de tratamientos diveros en función de la eficacia y el coste, información del precio de los preparados comerciales correspondientes al mismo compuesto químico, etcétera); información sanitaria adecuada a la población sobre el uso correcto de los medicamentos; incorporación de los farmaceúticos en la asistencia ambulatoria de la Seguridad Social a fin de asesorar a los médicos y participar en los programas de educación sanitaria de la población; adopción de medidas urgentes en la asistencia primaria incorporando a médicos de Familia, ordenando la asistencia de manera que la exploración amplia permita un diagnóstico preciso y la promoción de la salud sustituya al acto médico centrado fundamentalmente en la firma de recetas.
