El Gobierno aprobará este viernes un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo

El Gobierno aprobará un gran paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario. Será un día después del Consejo Europeo en Bruselas, que tendrá la guerra y sus consecuencias como asunto central. El PSOE y Sumar siguen discutiendo internamente las medidas y, sobre todo, tienen que negociarlas con sus socios, pero distintas fuentes consultadas coinciden en que la rebaja fiscal en la energía —con medidas concretas para algunos de los sectores más afectados, como el agroalimentario y el de transportes— será importante para paliar el efecto de las subidas de estos días, que por ahora se nota principalmente en los carburantes.

El Gobierno, que mantiene estos días reuniones con algunos de esos sectores, asegura que será un “plan de respuesta integral con medidas estructurales y coyunturales”. “El plan protegerá a los más vulnerables y a los sectores más afectados por la subida de los precios”, señala el Ejecutivo. Las asociaciones y patronales que reúnen al transporte, a la industria agroalimentaria y a los sectores de los fertilizantes y piensos ya han reclamado rebajas y ayudas fiscales.

Cuando el Ejecutivo habla de medidas coyunturales se refiere sobre todo a bajadas de impuestos y ayudas para paliar los efectos del aumento de los precios. Pero cuando habla de estructurales, se refiere a medidas de fondo para profundizar en la electrificación del sistema productivo para reducir aún más la dependencia del petróleo. España va por delante de otros países europeos en ese proceso, y por eso está algo menos expuesta a este aumento de precios derivado de la guerra de Irán, pero el Gobierno está decidido a seguir acelerando la descarbonización y lleva meses trabajando en medidas para lograrlo.

Los socios de coalición siguen negociando la filosofía del paquete y su contenido. El Gobierno remata que “mantiene contacto continuado con los grupos parlamentarios, los agentes sociales y los sectores especialmente expuestos”. Los ministros del PSOE y Sumar discuten en estas horas la profundidad de la respuesta y negocian con los socios porque no pueden permitirse el lujo de que el PP, Vox y Junts les vuelvan a tumbar un escudo social. Esta dificultad y las incógnitas que hay aún sobre la duración del conflicto y la profundidad de sus efectos han hecho que las medidas no lleguen a este martes y se lleven al viernes.

Hasta que llegue el momento, las jornadas de trabajo apuntan a ser frenéticas tanto dentro como fuera del Ejecutivo. Los diferentes departamentos del Gobierno siguen en conversaciones con los sectores más perjudicados, y que ya notan el encarecimiento del combustible y de los fertilizantes. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se han reunido este lunes con representantes de la industria agroalimentaria, quienes advierten de que la subida de los costes está siendo “inmediata”.

Según ha trasladado al Gobierno el presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Ignacio Silva, “el impacto está siendo inmediato”, sobre todo a nivel de combustibles, fletes ―las tarifas pagadas para el transporte de mercancías―, seguros y materias primas importadas. Y ha insistido en que el encarecimiento de los combustibles ya está afectando al sector primario, que conforma el primer eslabón de la cadena. Ello sugiere que, en los próximos días, podría empezar a notarse un traslado de los costes a los precios finales que se manejan en el sector y que afectan al consumidor.

También ha alertado del impacto económico el presidente de la Asociación Comercial Española de Fertilizantes (Acefer), Juan Pardo, quien percibe una subida de los precios de estos insumos debido a la “retirada del mercado mundial de entre el 20% y el 30% del nitrógeno y del azufre”, necesarios para su fabricación. La patronal reclama al Gobierno que se posponga la aplicación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono en la Unión Europea, que fija un precio al carbono emitido en la producción de bienes importados. También pide subvenciones para que los agricultores mantengan su actividad sin verse afectados por los encarecimientos. La secretaria de la Asociación Nacional Fabricantes Fertilizantes (Anffe), Paloma Pérez, también ha pedido ayudas directas para la agricultura, además de bonificaciones fiscales.

En la misma línea ha apuntado el director de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac), Jorge de Saja, quien ha pedido “medidas neutras” como cambios en el IVA del combustible, la energía y el gas, que pueden ponerse en marcha de la noche a la mañana y retirarse si la situación empieza a mejorar. La misma música sonó la semana pasada en los encuentros entre las asociaciones del transporte y el Gobierno, donde el sector reclamó ayudas públicas con las que revertir los efectos del encarecimiento de la gasolina y el gasóleo.

Tras las grandes patronales ha llegado el turno de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, que también este lunes han reclamado en un encuentro con Planas un paquete de ayudas directas y bonificaciones fiscales que permitan al campo hacer frente al encarecimiento del gasóleo y de los fertilizantes.

Desde el Gobierno, explican fuentes de los ministerios implicados en las reuniones, están escuchando a los sectores estratégicos más afectados con el objetivo de “definir las medidas” más adecuadas en una situación tan compleja y volátil como la actual.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que el Consejo de Ministros extraordinario del viernes aprobará “las primeras medidas del escudo social para proteger a las familias trabajadoras de los efectos de esta guerra”. Bustinduy ha indicado que el Gobierno tiene claras “las prioridades que deben incorporar esas medidas del escudo social” y se ha referido a medidas energéticas, medidas de vivienda para “impedir que la crisis de vivienda que vive la gente trabajadora se vea agravada en este contexto de alzas de precios” y a acompañar las medidas fiscales de una intervención del mercado “para impedir que se produzcan márgenes excesivos”. “Una guerra no puede ser una excusa para que las grandes empresas engrosen sus cuentas de resultados. Queremos que cualquier medida fiscal que se adopte vaya acompañada de una regulación para impedir que crezcan los márgenes de las grandes empresas”, ha zanjado el miembro de Sumar en el Gobierno.