Seis años de prisión, pena máxima previsible para los doce procesados por vender carne tóxica

Los doce procesados por la comercialización de carne tóxica serán acusados de delitos contra la salud pública e imprudencia temeraria, para los que el código penal prevé penas de hasta seis años de prisión. El gremio ganadero fomentaba y propagaba entre los granjeros de la zona la actividad clandestina de los cuatro hermanos Escribá Salvado, según consta en el sumario instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lérida.

En él se dice, según informa Efe, que los proveedores de carne al matadero clandestino proporcionaban los cadáveres de animales fallecidos sin que hubiera control sanitario. Esos cadáveres, una vez descuartizados, eran ingresados y conservados en Frigoríficos Urgell, a la espera de ser suministrados a fabricantes de productos preparados cárnicos.En relación al resto de los procesados, los autos señalan que José Gene Baldome, jefe administrativo de Piensos del Segre, SA, declaró haber percibido 6.000 pesetas por favorecer el traslado de animales muertos a los hermanos Escribá. Otros, como Francisco Noguero Llovera, Juan Tomás Salvia y José Beranuy, recibieron distintas cantidades por divulgar la actividad clainidestina de los Escribá. Jaime Ribes García facilitaba animales muertos al matadero y Amadeo Roig daba órdenes a sus granjeros para entregar los animales fallecidos a los Escribá.

José Palau Segarra, veterinario designado administrativamente, no inspeccionaba las partidas de carne, pero sí percibía emolumentos a título de sueldos. Según el auto de procesamiento, José Palau Segarra «con su habitual ausencia y consecuente vejación de sus funciones facultativas, entregaba anticipadamente talonarios de guías con su firma a los empleados de los Frigoríficos Urgell». Señala también que el citado veterinario adoptó este «comportamiento negligente» con todas las partidas de carne depositadas «entre las que se hallan millones de kilos propiedad de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, estampando en blanco la firma de haberlo hecho, así como los reglamentarios partes mensuales de su buena conservación».

Se hace hincapié en que el veterinario Palau Serra será tam,bién inspector sanitario de otra empresa de congelación, con un volumen de facturación semejante a Frigoríficos Urgell «y en la que su comportamiento sanitario era análogo».

En otro punto del sumario se afirma que en el mes de enero se proveyó a los Escribá de uno de los talonarios de guías sanitarias, firmado por el veterinario Palau Segarra, «de los diez que anticipadamente había dejado días antes en poder de los empleados, como era su práctica usual para su discrecional y arbitraria utilízación».

Acerca del gerente de Frigoríficos Urgell, José Franco Causanilla, se señala que mandaba facturar los servicios de congelación prestados a los hermanos Escribá, sin membrete, ni sello, ni firma apoderada de la empresa de su gerencia, remitiendo mensualmente facturas por correo, recabando su importe, sin aplicar los tipos impositivos pertinentes. Estas facturas eran dirigidas al domicilio particular de los hermanos Escribá y nunca al matadero. A partir del mes de febrero pasado, los hermanos Escribá construyeron una cámara frigorífica en el propio matadero clandestino expidiendo la carne directamente sin intervención de Frigoríficos Urgell.

El volumen de carné almacenada por los Escribá en los citados Frigoríficos Urgell a lo largo de los tres últimos años alcanzan los 600.000 kilos.

Los autos de procesamiento finalizan diciendo que, tras analizar pericialmente las partidas de carne encontradas en el matadero de los Escribá, se advirtió en las citadas partidas peste porcina, procesos febriles, hemorragias, sanguinolencia, putrefacción y excesiva carga microbiana que la hacía inapta para el consumo humano. También se dictaminó inaptitud para el consumo humano de carnes halladas en Frigoríficos Urgell, propiedad del carnicero leridano Alfredo Tobeña Torrelles, que no está procesado.

Las fianzas dispuestas por el juez a los tres procesados puestos en libertad, Amadeo Roig, José Beranuy y José Gene, oscilan alrededor del medio millón de pesetas a cada uno.

Destruidos veintidós kilos de carne en mal estado en Yecla

La Guardia Civil de Yecla ha decomisado veintidos kilos 280 gramos de carne que transportaba en una furgoneta, matrícula de Alicante, el vecino de la misma localidad P.G.L.

Con motivo de los controles que realiza la Guardia Civil en las carreteras de la localidad de Yecla, para vigilancia de entrada de productos destinados a alimentación, se inspeccionó una furgoneta que transportaba carne de ternera.

Revisada la mercancía por el veter nario titular de Yecla y comprobado que el conductor de la camioneta no poseía la guía de origen y sanidad, que se necesitan para circular por carretera y poder vender, se dio cuenta a la autoridad, que ordenó su destrucción.