El PSOE acusa al Gobierno de invadir las competencias del Parlamento en el debate sobre la neumonía

Un hombre de 69 años falleció ayer en la clínica de la Concepción, de Madrid, donde se hallaba internado desde hace mes y medio, víctima de intoxicación de aceite. Con él ya son 97 los fallecidos por el envenenamiento masivo. En toda España permanecen hospitalizadas 954 personas, según el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social (MTSSS). Por su parte, el PSOE presentó ayer, en conferencia de Prensa, un plan de medidas urgentes, dirigido al presidente del Congreso de los Diputados y cuyo envío ha sido interceptado por el Gobierno, según acusa el citado partido.

El Partido Socialista Obrero Español ha presentado al Congreso de los Diputados una proposición no de ley para la aprobación de un plan de medidas urgentes de defensa de la salud de los consumidores y de apoyo a los ciudadanos afectados por la neumonía tóxica, cuyo texto dio a conocer ayer a los medios de comunicación el responsable de política sectorial del PSOE, Ciriaco de Vicente.Este plan de medidas, para el que se solicita un debate parlamentarlo con carácter de urgencia, es «una oferta constructiva, no para denunciar o hacer parches, sino para evitar nuevas epidemias y proteger al consumidor», según Carmen García Bloise, secretaria de organización del citado partido, asistente a la conferencia de Prensa, y para quien «el PSOE da una respuesta política ante la tomadura de pelo al ciudadano español por parte del actual Gobierno».

Según los socialistas, el envenenamiento masivo por aceite tóxico «ha puesto de relieve una vez más la existencia de un conjunto de organismos y unidades administrativas competentes en relación con la política alimentaria que actúan descoordinadamente, en base a la propia dispersión y desconexión que les caracteriza». Dispersión que, consideran, hace difícil el control de un fraude. En este sentido, proponen la creación de un organismo que unifique competencias -atribuidas actualmente a seis ministerios- y abarque la totalidad de aspectos de la política alimentaría: ordenación legislativa y reglamentación, gestión de la Administración pública, inspección e investigación.

El plan de veinticuatro medidas urgentes contempla, entre otros puntos, la elaboración de un plan de inspección de las condiciones de los establecimientos industriales del sector alimentarlo incluidos en el Registro del Ministerio de Industria y de los establecimientos ilegales, de los que se haría un directorio actualizado. En cuanto a las importaciones de productos alimenticios, el aludido organismo único fijaría los requisitos que evitaran adulteraciones.

También incluye la realización de un proyecto de ley de Sanidad de los Alimentos y un Plan General de Mataderos. Para éstos, a nivel municipal, se prevé el establecimiento de créditos que, de forma mancomunada, puedan emplearse para su construcción o modernización. Y, asimismo entre las medidas municipales, el PSOE propone la creación de oficinas de información al consumidor y de servicios de control de alimentos.

Entre las medidas presupuestarias que, según el PSOE, el Gobierno debería arbitrar para los afectados por el envenenamiento, está la concesión de créditos -con cargo al presupuesto del Estado de 1982- para el reembolso de gastos médicos farmacéuticos de los afectados sin Seguridad Social e indemnizaciones y pensiones para las viudas y familiares de los fallecidos, así como para una ayuda equivalente a la prestación por desempleo a todos aquellos que hubieran perdido su trabajo a causa de la intoxicación.

En el aspecto sanitario, el Gobierno crearía unidades de diagnóstico prenatal para embarazadas enfermas de neumonía tóxica en colaboración con entes preautonómicos y comunidades autónomas. Por otra parte, prosigue el texto socialista, se calificarían de «utilidad pública» las asociaciones voluntarias de afectados por la enfermedad y de familiares, y, como medidas gubernamentales de información al Parlamento, éste deberá tener constancia de las actuaciones oficiales sobre la intoxicación y de la copia auténtica de los informes oficiales en torno al tema.

Poco después de la conferencia de Prensa convocada ayer por el PSOE, la agencia Efe distribuyó una información en la que fuentes oficiales anunciaban la intención gubernamental de «un gran debate público en torno a la neumonía tóxica», al tiempo que sostenían que «en el Congreso no se ha dado validez oficial a la proposición no de ley presentada por los socialistas para la aprobación de un plan de medidas urgentes sobre el tema».

En relación con estas declaraciones, la oficina federal de Prensa del PSOE facilitó seguidamente una nota en la que denuncia «la invasión por el Gobierno, o por fuentes próximas al mismo, de las competencias soberanas del Parlamento, pues es el Congreso de los Diputados el único competente para determinar la validez oficial de los documentos que se le cursan».

llegalidades y mentiras

A la afirmación de las fuentes consultadas por Efe de que la proposición socialista carecía de validez «por haber sido enviada una fotocopia de la misma», el PSOE responde que «esto supone la apertura del sobre que contenía la proposición, cerrado por el funcionario de Correos al recibirla, lo que comporta una flagrante violación del artículo 18.3 de la Constitución.

La nota socialista finaliza lamentando que «el Gobierno, al verse superado por la iniciativa socialista solicitando un debate parlamentario urgente para apoyar a los afectados por la neumonía tóxica y defender a los consumidores, acuda a técnicas tan deleznables como la mentira».