El movimiento guerrillero M-19 es la pesadilla del Gobierno de Turbay Ayala

La Picota es una cárcel de máxima seguridad construida al sur de Bogotá para mil presos en la que se hacinan hoy no menos de 5.000. El general Martín Prieto preside aquí desde hace dos meses, cinco días a la semana, de una a seis de la tarde, un consejo de guerra que ha sentado en el banquillo a 150 militantes del Movimiento 19 de Abril (M-19). Quinientos kilómetros más al Sur, otro tribunal militar va a constituirse en el cuartel de Ipiales para juzgar a 75 guerrilleros más, en su mayoría entregados por Ecuador sin extradición.

Los dos juicios van para largo. En La Picota no ha terminado aún el informe del fiscal, que puede durar otros dos meses. El proceso entiende sobre el robo, en enero de 1980, de 5.000 fusiles en el cuartel de los Institutos Militares, en el barrio norte de la capital. No parece que en ningún caso la sentencia vaya a dictarse antes de un año.Tan sólo los dos máximos dirigentes del M-19 siguen en libertad. Jaime Bateman, número uno, autoproclamado candidato a la Presidencia, ha hecho llegar a los periódicos una nota en la que dice encontrarse en las selvas de Putumayo, adonde el Ejército puede ir a buscarle si quiere. Iván Marino, número dos, que el pasado verano eludió a través de un túnel los sistemas de seguridad de La Picota, ha enviado una foto en la que aparece leyendo un diario reciente.

Parece como si el M-19 reivindicase su existencia después de los últimos reveses. A los prisioneros más veteranos les ha sentado mal la caída, casi sin resistencia, de la columna que había logrado introducir por el Pacífico, a través del río Mira, el arsenal más sofisticado que la organización haya tenido nunca: fusiles G-3, ametralladoras, lanzagranadas y cohetes tierra-tierra de fabricación norteamericana.

El barco Freddy había viajado sin contratiempos desde Panamá hasta el sur del país con armas y guerrilleros a bordo. Un control rutinario de caminos desbarató la operación, al interceptar el camión que transportaba el armamento hacia Putumayo, la zona selvática donde se mueve Bateman. Lo siguiente fue muy sencillo. La columna fue copada por la tercera brigada de Infantería. Dieciséis guerrilleros quedaron acribillados, veintisiete fueron detenidos y los 47 restantes fueron entregados por Ecuador el 17 de marzo, después de pedir asilo.

El especialista en lucha antiguerrillera general Alvaro Valencia parece coincidir con Fayad. «Si el nuevo armamento», dice, «llega a poder de la guerrilla, hubiera supuesto un cambio cualitativo en los métodos de lucha, porque habría dispuesto de una capacidad operativa desconocida hasta ahora».

El arsenal incautado parecía destinado a la ofensiva total que el M-19 había anunciado contra el Gobierno de Turbay Ayala tras rechazar la amnistía condicional que el Senado aprobó hace un mes. Sectores próximos a la organización guerrillera aseguran que el M- 19 dispone, al menos, de setecientos hombres alzados en armas y una cobertura de apoyo logístico que englobaría a miles de personas, principalmente en la capital. Lo que muy pocos ponen en duda es que nadie va a acogerse a esta amnistía, cuya aplicación depende de los mismos militares.

«Sería como entregarse atados de pies y manos», enfatiza Arturo Fuquene, uno de los abogados acreditados ante el consejo de guerra de La Picota, «porque los jueces militares tienen la última palabra». La amnistía de Turbay no ha satisfecho ni siquiera a muchos de sus compañeros del Partido. Liberal. El senador Villar Bordá critica agriamente un artículo de la ley, que condiciona la liberación de los detenidos a una paz efectiva durante cuatro meses y a la entrega de todos los sublevados. «Esta norma convierte de hecho a los detenidos en rehenes de las fuerzas armadas. Sin este artículo, el M-19 se mostró dispuesto a acogerse a la amnistía».

El general Valencia critica la ley desde la posición opuesta. «La guerrilla se hubiera acogido a una amnistía total como una medida oportunista, para sacar a su gente de las cárceles, tomar un respiro y volver a la lucha con más fuerza. Las amnistías sólo sirven cuando la subversión está en franca derrota, pero no cuando los guerrilleros siguen creyendo en la victoria».

Campaña de propaganda

El ministro de Justicia, el ultraconservador Felio Andrade, no comparte esta opinión. Admite que a los ocho días de promulgarse la ley no ha habido ninguna petición de amnistía (luego puntualiza que hay «unas cuatro»), pero espera milagrosos resultados pacificadores de una campaña de publicidad que muy pronto va a iniciar a través de radio y televisión.

«Ya advertimos de que este proyecto era inviable», declara el ex canciller Vázquez Carrizosa, un político que militó en el Partido Conservador y que hoy preside la Comisión de Derechos Humanos. «Hay una contradicción entre el ofrecimiento de una amnistía y el lanzamiento de una ofensiva antiguerrillera, la práctica de la tortura y el mantenimiento del estado de sitio».

«En Colombia se ha militarizado la justicia y, se ha generalizado la tortura», añade.

El consejo de guerra de La Picota ha asistido a una sucesión de denuncias por declaraciones realizadas bajo coacción. El fiscal ni niega ni acepta; hasta ahora se limita a desestimar cualquier reclamación de este tipo, porque no es la tortura lo que se juzga ante el tribunal. Turbay rechaza todo y acusa a Amnistía Internacional de desprestigiar a su Gobierno.

El documento de Amnistía Internacional recoge más de cien casos probados de tortura y cita cincuenta centros militares en los que interrogadores encapuchados efectúan tales prácticas. «Todas las denuncias chocan ante un aparato militar que no puede ser investigado por los jueces civiles», dice Vázquez Carrizosa. «Un consejo de guerra absolvió hace unos meses a los oficiales que habían dado muerte a Marcos Zambrano durante un interrogatorio. Hemos apelado, pero nunca más se ha vuelto a saber del tema».

El general Valenzia Tobar cree que la lucha antiguerrillera no está reñida necesariamente con el respeto a los derechos humanos. «La extralimitación no hace sino acentuar la resistencia».

Las prácticas de tortura (aunque con menor intensidad que meses atrás, según opina Vázquez Carrizosa) pueden ser un buen caldo de cultivo para que pueda rehacer sus filas el M-19, quizá la última guerrilla nacionalista del Continente tras la destrucción de los montoneros y de los tupamaros. El programa de gobierno que Jaime Bateman pretendía ofrecer ante las urnas, y que por ahora seguirá sosteniendo con las metralletas, recoge un extenso capítulo de nacionalizaciones, pero inspirado más en un proyecto defensivo frente a Estados Unidos que en los libros de teoría marxista.