El Gobierno sandinista acusa a sectores empresariales de preparar un golpe de Estado en Nicaragua

El empresario nicaragüense Jorge Salazar, muerto a tiros el pasado lunes por guardias sandinistas, ha sido acusado por el ministro del Interior, Tomás Borge, de traficar con armas y preparar un golpe contrarrevolucionario en combinación con seguidores somocistas. Fuentes próximas al Departamento de Estado norteamericano han lamentado su muerte y han destacado la actividad antisomocista desarrollada por el dirigente empresarial antes del derrocamiento del dictador. Los empresarios de Nicaragua han hecho pública una protesta por el suceso.

El Gobierno sandinista ha convertido a Salazar en cabecilla de una organización contrarrevolucionaría que él mismo habría creado y financiado. En el movimiento están implicados, según las autoridades, otros seis empresarios que han sido detenidos; uno de ellos. hermano del fallecido.La agencia oficial de noticias nicaragüense ha vinculado este hecho a otras presuntas conspiraciones golpistas que han sido descubiertas desde el pasado mes de mayo, y en las que oficialmente están implicados igualmente algunos notables empresarios y dirigentes del Movimiento Democrático Nicaragüense, partido fundado por el ex miembro de la Junta Alfonso Robelo. De ahí a acusar de actividades contrarrevolucionarias al propio Robelo queda ya sólo un paso, en opinión de algunos observadores.

El proceso nicaragüense parece entrar así en una fase de agudas contradicciones internas. El Gobierno se debate entre su proyecto de economía mixta, fuertemente planificada, y la necesidad de contar con el financiamiento del capital privado, que exige como contrapartida un riguroso respeto a la libertad de empresa y a la propiedad privada. Los sandinistas no están dispuestos, sin embargo, a modificar su programa político, y así lo ha hecho constar en las últimas horas el ministro de Defensa, Humberto Ortega, quien ante una manifestación de apoyo reiteró la voluntad del Gobierno de no ceder ante los partidos, que pretenden adueñarse del poder por la vía electoral, propuesta en principio en 1985.

La crisis comenzó hace algunos meses, cuando representantes de la oposición política, organizaciones empresariales y personalidades independientes pidieron a los 45 miembros del Consejo de Estado conversaciones entre la mayoría sandinista y las diferentes organizaciones de oposición minoritaria.

Dirigentes de empresas privadas informaron que los empresarios detenidos por «conspiración contra la revolución» son: Leonardo Somarriba, vicepresidente de la Cámara de Comercio; mario Hanón, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, y Jaime Castillo, director técnico de la Compañía de Cafés de Managalpa. Todos ellos son prominentes figuras del Consejo Superior de la Empresa Privada, que reúne a las personalidades más representativas de los negocios privados en Nicaragua.

También en El Salvador corren acusaciones de intentos golpistas en los últimos días, Un miembro de la Junta, coronel Majano, ha acusado a la ultraderecha del asesinato del coronel Choto y de su familia. A pesar de que en la casa del militar aparecieron pintadas del Frente de Liberación Nacional (FMNI) y de que un grupo guerrillero reivindicó la acción, Majano culpó del salvaje atentado a la ultraderecha, que con una acción de esta naturaleza trata de abrir la puerta a un golpe de estado inmediato.

El asesinado coronel Choto había sido nombrado recientemente comandante de las fuerzas territoriales y tenía bajo sus órdenes a las bandas paramilitares que operan en el país, y en concreto a los hombres de orden, organización a la que se culpa de la inmensa mayoría de los asesinatos.

Frente a los rumores de golpe, Majano ha hecho un nuevo llamamiento a la negociación, en una actitud en la que ha coincidido con los empresarios salvadoreños. Estos, por segunda vez en dos meses, han pedido al Gobierno que busque una salida negociada al conflicto.