La autonomía, instrumento clave para la reactivación

En este criterio se basan los trabajos encargados por la Junta de Andalucía, el organismo preautonómico regional, a una comisión de técnicos para la elaboración de un Plan de Urgencia para Andalucía (PUA). En la elaboración de este plan, que pretende quebrar la tendencia depresiva de la economía andaluza y sanear su estructura de cara a posteriores planes de desarrollo regional, han participado técnicos de las cuatro fuerzas políticas presentes en la Junta de Andalucía: PSOE, UCD, PCA-PCE y PSA.El PUA, que es un ambicioso estudio sectorial de la economía andaluza en el que se proponen medidas y actuaciones concretas a lo largo de su vigencia (1980-1983), puede quedar desvirtuado si desde Andalucía no hay un cierto control institucional y de seguimiento de su aplicación. La izquierda teme que UCD, que es minoritaria en esta región y que es consciente del descalabro político sufrido por ella en Andalucía el 28 de febrero, trate de regatear competencias a la Junta de Andalucía para evitar que las formaciones mayoritarias capitalicen políticamente este plan de urgencia.

Un plan cuya financiación asciende a 1,324 billones de pesetas, de los que 0,6 billones correrán a cargo del Estado y serán incluidos en los Presupuestos del Estado. Otros 124.000 millones de pesetas corresponderán a inversiones de las empresas públicas en Andalucía, y por último, 0,6 billones serán cubiertos por financiación interna.

La agricultura, motor del desarrollo andaluz

El sector agrario representaba en 1977, pese a la fuerte emigración sufrida en las décadas precedentes, el 28,3% de la población activa andaluza, y la participación en el producto interior bruto regional de la agroalimentación se situaba en torno al 30%.

La agricultura andaluza, sin embargo, padece una tasa de desempleo sobre población activa casi tres puntos superior a la de otros sectores de la economía regional y soporta un subempleo creciente en torno al 10% de su población activa. A ello hay que añadir la gran preponderancia del empleo estacional -hay medio millón de jornaleros- debido a las necesidades punta de los cultivos de mayor peso específico en Andalucía.

La estructura de la propiedad de la tierra, que a lo largo de centurias ha seguido un proceso de acumulación de la misma en pocas manos, supone el que hoy el 2% de los propietarios acaparen el 50% de la tierra andaluza, mientras que el 80% de los campesinos de la región son jornaleros. Los grandes propietarios, por otra parte, han optado históricamente por el monocultivo, lo que explica en buena medida el fuerte y tradicional paro estacional andaluz.

La agricultura andaluza, sin embargo, por los recursos naturales del suelo, clima y posibilidades de transformar en regadío grandes zonas, está llamada a ser el motor de desarrollo de Andalucía, y, en buena parte, la postración regional actual se debe a la infrautilización de tales recursos. En este sentido, los técnicos del PSOE de Andalucía, en un estudio denominado «Líneas para una acción urgente en Andalucía», apuntan a título indicativo una serie de características de la agricultura andaluza:

- Dedicación predominante de la tierra a cultivos rentables para el propietario, sin problemas de comercialización y con escasa absorción de mano de obra.

- Grandes fincas deficiente o insuficientemente explotadas que podrían producir un valor añadido superior.

- Escasa diversificación de la ganadería. Preponderancia del vacuno de carne, con razas y pastos poco mejorados.

- Déficit de repoblaciones forestales, pese a que la erosión que registra Andalucía -especialmente Almería, Málaga y Granada- es de tal magnitud que ha llegado a ser denunciada por los organismos internacionales.

- Escasa utilización del medio rural con fines recreativos, turísticos y deportivos. Unicamente se cultiva, y a base de grandes cotos privados, la caza.

- Rudimentaria industrialización y comercialización de los productos agrarios (preponderancia de productos sin elaborar y en manos de empresas no andaluzas). A esto hay que añadir que los inputs agrarios proceden, en su mayor parte, de fuera de Andalucía, y son distribuidos por sucursales de empresas multirregionales o multinacionales. Estas características de terminan una situación de dependencia respecto al resto de España y de los países de Europa y Norteamérica, que conlleva a un desigual relación de intercambio propia de zona subdesarrollada con el consiguiente trasvase de los excedentes generados en la región

- La actuación del Estado en lo que respecta a infraestructura agraria ha sido encauzada funda mentalmente a la realización de las grandes obras hidráulicas y transformaciones en regadío, aun que a un ritmo muy lento (5.000 hectáreas-año), sin cambiar apenas la estructura de propiedad.

- Insuficiencia y mal estado de la red viaria rural.

- Deficiente infraestructura interna de las explotaciones, como consecuencia del absentismo empresarial del gran propietario y de la falta de recursos del mediano y del pequeño.

Hacia una reforma agraria negociada

Los objetivos prioritarios aportados por la izquierda al Plan de Urgencia para Andalucía en el sector agrario se centran en la lucha contra el paro, la redistribución de la renta y la mejora de la calidad de vida en el medio rural andaluz.

A nivel estructural se propone una reforma agraria negociada con las distintas organizaciones, que consistiría «fundamentalmente en reconvertir el medio rural haciendo de las unidades agrarias la base de ordenación del territorio; modificación de la estructura de propiedad de la tierra (aplicando legislación contra el absentismo o los comportamientos antisociales, por una parte, y, por otra, fomentando la empresa pública y las cooperativas), y, finalmente, actuando sobre la infraestructura agraria.

En cuanto a cultivos, el FU A debe actuar coyunturalmente para conseguir que se siembren cultivos que requieran mano de obra (algodón, remolacha, tabaco, entre otros), lo que permitiría generar 5,5 millones de jornales (que equivale al empleo fijo anual de 22.000 jornaleros). En la vertiente estructural, según manifestó a EL PAÍS el profesor universitario socialista José Valles, el PUA debe propiciar la sustitución de importaciones, la mejora de la balanza comercial, la eliminación de excedentes y la introducción de algunos cultivos (soja, maíz, frutos secos, productos de invernadero) y su transformación (conservas y congelados).

Todas estas acciones deben ir acompañadas de una política de inversiones públicas que cubra unas metas concretas: transformación de 25.000 hectáreas anuales de secano a regadío, repoblación forestal de 30.000 a 40.000 hectáreas anuales, creación de 2.500 kilómetros de caminos rurales, mejora de fincas y aplicación de la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables y creación de nuevos pantanos (Colomera, San Clemente, Barbate, entre otros).

La inversión privada debe dirigirse, mediante un adecuado sistema crediticio, hacia el fomento de pequeños regadíos, en base a las aguas subterráneas y la modernización de la maquinaria especializada.

En definitiva, la agricultura debe ser en el momento actual -según el PUA- el motor de arranque y aceleración del proceso de acumulación y desarrollo de Andalucía.

Por lo que se refiere a la pesca, se propugna una racionalización del esfuerzo (potenciación de actividades pesqueras alternativas: marísqueo, aculcultura y piscicultura) y la elaboración de una legislación específica para el litoral andaluz. Como medidas coyunturales se propugna la regulación del proceso comercializado r, la ayuda a las pequeñas empresas, el fomento de cultivos marinos y la jubilación anticipada y el seguro de desempleo a los pescadores de cara a la renovación del sector.

Agroalimentaria y construcción, objetivos prioritarios en la industria

Propiciar un despegue industrial en Andalucía en estos momentos de grandes crisis sectoriales y con la incertidumbre de las posibles repercusiones de la integración de España en la CEE, plantea serias dificultades a la hora de seleccionar opciones. Por ello, y en atención al problema más acuciante de la región -el paro-, se propugna, en un primer momento, dirigir los esfuerzos hacia sectores industriales de empleo intensivo de mano de obra, cuya relación capital-trabajo sea baja, tales como la indástria agroalimentaria y la construcción. El efecto multiplicador de esta última ayudaría a asentar las bases de una industrialización armónica a más largo plazo.

También se plantea una actuación prioritaria en los sectores en crisis, como son el naval, el textil y el caucho, dado que Andalucía está perdiendo anualmente más de 20.000 puestos de trabajo. Los socialistas, en concreto, propugnan la participación de la Junta de Andalucía en las discusiones sobre reestructuración de los sectores mencionados, y exigen el fin de la discriminación andaluza en cuanto a las inversiones de las empresas públicas y semipúblicas (plantean un compromiso de creación de 5.000 puestos de trabajo anuales por parte del INI, y de 10.000, por parte de Sodian).

Asimismo está planteada la modificación del gran área de expansión de Andalucía, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas

y la creación de líneas de crédito para cooperativas, en función de puestos de trabajo creados.

Las acciones se completarían en la determinación y apoyo a los denominados sectores con futuro.

Reducir la dependencia energética

El déficit energético de Andalucía alcanza cotas elevadísimas -el 92% de la energía consumida procede del exterior-, pese a que el consumo por habitante es muy bajo (Andalucía, con una población que representa más del 17% de la española, absorbe sólo el 11,2 % del consumo energético nacional). Por otra parte, el 8% del consumo epergético andaluz, que procede del autoabastecímiento, tiene como fuentes la energía hidráulica (aprovechada prácticamente al ciento por ciehto de sus posibilidades) y el carbón.

La gran esperanza energética de Andalucía se cifra en el gas natural descubierto en el golfo de Cádiz, que habría de complementarse -de cara a reducir el déficit energético- con una máxima exploración y explotación de los otros recursos mencionados y con el fomento del empleo de la energía solar para usos de calefacción y agua caliente.

Con respecto a la minería, se propone la potenciación al máximo de la investigación de recursos mineros y la reestructuración de líneas productivas, pormenorizada en los diversos minerales y zonas de yacimientos, así como la concesión de créditos a bajo interés para explotaciones de rentabilidad.

Mayor actuación del sector público en el turismo

El sector turístico andaluz está caracterizado en estos momentos por su hipoteca a los tour operators (mayoristas) extranjeros; por la casi nula presencia del capital regional en las empresas turísticas, así como por la escasa participación del sector público; por la saturación de algunas zonas (costa del Sol) y por la aguda crisis, que repercute muy sensiblemente sobre el negocio del ocio.

Los socialistas, en este terreno, reclaman la totalidad de competencias turísticas para la Junta de Andalucía, la actuación del sector público en la creación de empresas nacionales capaces de competir con los tour operators extranjeros, una ordenación racional del territorio y el apoyo crediticio al sector hostelero, entre otras medidas.

El plan de urgencia contempla también medidas para mejorar la infraestructura viaria, de puertos, sobre sanidad, educación y vivienda.

En comercio interior, otro de los puntos más controvertidos en las discusiones del PUA, los socialistas han propuesto como principales objetivos la asunción de competencias, tales como intervención en materia de precios, disciplina de mercado y reforma de las estructuras comerciantes por parte de la Junta de Andalucía.