Las inversiones previstas para el próximo trienio ascienden a 1,2 billones de pesetas

A 1,2 billones de pesetas contantes asciende la inversión prevista para el próximo trienio en el Plan de Urgencia para Andalucía (PUA), aprobado el pasado martes por la comisión cuatripartita, y a cuyo texto definitivo ha tenido acceso EL PAÍS. El plan, que consta de 165 folios, se aprobó por unanimidad, aunque existen textos alternativos de UCD sobre aspectos considerados no fundamentales.

La financiación de estas inversiones correrá a cargo, a partes iguales, del Estado y de la propia comunidad andaluza, subrayándose de forma expresa, en este segundo caso, el papel que deberá jugar la empresa privada. La última página del PUA señala textualmente: «La Junta de Andalucía entiende que sin la iniciativa privada, por su influencia directa e indirecta, no se podrán conseguir los objetivos propuestos en el plan de urgencia».Teniendo en cuenta una previsible inflación del 16% anual, los 600.000 millones que habrá de invertir el Gobierno en el período 1981-1983 en Andalucía significan 720.000 millones de pesetas corrientes; es decir, una media de 240.000 millones por año (205.000 incluidos en los Presupuestos Generales del Estado y 35.000 como esfuerzo especial de las empresas Públicas radicadas en esta región).

En relación con este último tema, se ha consignado una clausura de salvaguardia, en virtud de la cual, si estas inversiones en la empresa pública no se ejecutasen en su totalidad, la diferencia correspondiente será absorbida en los Presupuestos Generales del Estado, con cargo a la partida de «flexibilidad del plan de inversiones públicas» o por medio del recurso al crédito extraordinario. También se especifica que la inversión estatal debe orientarse prioritariamente hacia la agricultura.

Hay que señalar que estos recursos financieros, que harán posible un crecimiento del 3% al 3,5% del producto interior bruto (PIB) de Andalucía, servirán para poco más que para detener la tendencia al aumento de los actuales niveles de desempleo en la región (60.000 jóvenes tratarán de incorporarse cada año a su primer trabajo) mediante la creación de 300.000 nuevos puestos de trabajo, que es el objetivo fundamental de todo el plan de urgencia. Sólo en el horizonte de 1985 -si se continúa en la línea dibujada en el PUA- será posible pensar en una Andalucía con pleno empleo.

No obstante, en medios políticos de la región se considera este acuerdo sobre la financiación del PUA como uno de los éxitos fundamentales de las tareas de la comisión redactora. Para vencer la desconfianza de la izquierda, UCD se ha apresurado a declarar que los tres ministros del área económica van a ser los abogados del plan dentro del Gobierno. «Puedo asegurar que estas cifras las ha acep lado ya hasta Adolfo Suárez», manifestó al respecto un líder centrista.

A pesar de todo, la izquierda desconfía (se debe tener en cuenta que la inversión prevista en Andalucía representa el 30% del total nacional). De acuerdo con el acta de la última reunión, que ha podido conocer este periódico, José Vallés, representante del PSOE en la comisión, manifestó el «escepticismo de que UCD consigne, priraero, apruebe y ejecute, después, las cantidades previstas en el plan, a.sí como que se controle después por parte de la Junta de Andalucía»

Vallés, que ha endurecido notablemente su posición, tras la visita a Sevilla de Felipe González, hizo constar en acta la defensa por parte de los socialistas de dos planificaciones concertadas: una, entre la Junta de Andalucía y el Gobierno, y otra, más importante aún, entre la propia Junta y las centrales sindicales, empresarios y corporacionesocales de la región.

El portavoz del PSA, Ricardo Márquez, mostró el mismo esceplacismo con relación a la viabilidad irreal de cualquier plan, sin que previamente se haya dado salida al proceso autonómico, que dote de poder a la Junta, advirtiendo al mismo tiempo sobre la conveniencia de evitar que se creen falsas expectativas en los ciudadanos andaluces al magnificar o exagerar la trascendencia de las medidas que se propugnan en el PUA. Por su parte, Bartolomé Zamora (UCD) y Fernando Feijoo (PCE) se limitaron a resaltar la necesidad de un plan de desarrollo regional a medio y largo plazo y el esfuerzo de su partido por encontrar posiciones de síntesis, respectivamente.

Es de señalar que el consejo permanente de la Junta, que dará la aprobación oficial al PUA, en su reunión de mañana, tendrá que dilucidar algunos temas, sobre los que no existe acuerdo, al haber presentado UCD textos alternativos a los defendidos por la izquierda. Así, en la declaración de principios, los centristas pretenden que desaparezcan las referencias al paro como «irracionalidad máxima del sistema capitalista», y al artículo 151 de la Constitución, como vía liacia la autonomía andaluza, que ha de garantizar el éxito del plan.

Otros motivos de desacuerdo se refieren al sector comercio, a la atribución o no a la Junta de competencias sobre los propuestos institutos de reestructuración y promoción industrial de Andalucía, a la inversión extranjera y a la política financiera. Más importante puede ser el enfrentamiento en el seno del consejo a la hora de concretar los organismos de control de la ejecución del plan, Merece destacarse, dentro del PUA, la importancia atribuida al sector agrícola, del que se indica: «Debe generar más renta y asumir el papel de motor de arranque y aceleración de la economía andaluza, logrando una acumulación inicial que posibilite, a medio plazo, la diversificación de ésta». Los más significativo es que se propugna una auténtica reforma agraria (esta expresión figura con mayúsculas y subrayada) negociada con las organizaciones agrarias.