El plebiscito en Chile

Justo para el día en que se cumplen siete años de dictadura en Chile, el general Pinochet ha convocado al pueblo chileno a las urnas a un «plebiscito» para ratificar «su» proyecto de Constitución, que no es sino una forma de «institucionalizar» la dictadura.Con esta maniobra, Pinochet pretende revestir de una aparente legitimidad -ante el mundo y ante su propio país- su permanencia indefinida en el poder y, de paso, solucionar salomónicamente la creciente pugna que en el seno de su régimen se estaba produciendo entre «halcones» y «palomas». Estos últimos, preocupados de disfrazar la dictadura con el ropaje de un «Estado de derecho» y, sobre todo, de asegurar su permanencia en el pospinochetismo, querían que se dictara una Constitución. Los primeros, más interesados en ejercer a su arbitrio la totalidad del poder, no ocultaban su desacuerdo, temerosos de que cualquier sistema constitucional, por autocrático que sea, pueda abrir la puerta a la disidencia y poner en peligro la subsistencia del régimen.

El proyecto de Pinochet es la fórmula perfecta para satisfacer a unos y otros. Establece una Constitución que procura regular la continuidad del sistema y asegurar su sucesión. Pero deja suspendida su vigencia real por un período entre nueve y dieciséis años, durante el cual mantiene el monopolio del poder político en la Junta Militar y pretende continuar gobernando como jefe absoluto.

Las disposiciones permanentes del proyecto, si bien consagran la elección del presidente de la República y de la mayoría del Parlamento por sufragio universal, distribuyen las atribuciones entre uno y otro de modo tan desequilibrado que, mientras el primero ejercería un verdadero cesarismo, el segundo sería un órgano entre decorativo y vergonzante, auténtica Cámara de yes men. Un hermoso enunciado de los derechos humanos se ve desvirtuado por un sistema draconiano de regímenes de excepción, cuya aplicación dependería en la práctica de la voluntad del presidente. Y un Consejo de Seguridad, cuya mayoría la forman los jefes de las fuerzas armadas, declarados inamovibles en sus cargos, asegura la pervivencia del poder político bajo control militar.

A ese régimen, que se califica como «democrático», se le articula con un programa para el futuro, que se perfila atado y bien atado. Durante los próximos nueve años -susceptibles de extenderse a dieciséis mediante un simple «plebiscito»-, la actual Junta Militar y el general Pinochet continuarían gobernando con los poderes absolutos que les entregan las disposiciones transitorias del proyecto.

¿Qué dirá el pueblo de Chile el 11 de septiembre?

El Gobierno está usando todo su poderío político, militar, económico y propagandístico para arrancarle un «sí». La Conferencia Episcopal de Chile, precisando el pensamiento de la Iglesia católica, ha señalado que se están dando circunstancias incompatibles con las condiciones indispensables para que el plebiscito pueda considerarse «expresión auténtica del sentir nacional», como son: «la falta de claridad en las alternativas planteadas; la necesidad de responder con un solo «sí» o un solo «no» a varias preguntas diferentes; el escaso tiempo y posibilidad de usar los medios de comunicación de carácter nacional -que son patrimonio de todos los chilenos-; el temor de algunos y la falta de seguridad en los procedimientos que regulan los escrutinios».

En realidad, los chilenos están siendo víctimas de una campaña de engaño y amedrentamiento, que encabeza el propio dictador Pinochet con el apoyo ostensible de los grandes grupos económicos, del aparato represivo del Estado y de los principales medios de comunicación, especialmente la televisión. Todo el que discrepa es acusado de «comunista» o «tonto útil» al servicio del comunismo. Pinochet recorre el país planteando como único dilema: «Yo o el caos». Y quienes le organizan sus manifestaciones públicas son los mismos alcaldes, gobernadores e intendentes que tendrán a su cargo los escrutinios del plebiscito.

Dentro del pequeño ámbito de libertad que el Gobierno se ha visto en la necesidad de admitir por la presión popular y por guardar las apariencias, los sectores políticos democráticos, las directivas sindicales, el Grupo de Estudios Constitucionales de los 24, organizaciongs estudiantiles e intelectuales, han descalificado el plebiscito como una farsa carente de toda validez moral y jurídica. Y el ex presidente Eduardo Frei, asumiendo decidida y responsablemente el liderazgo de la oposición a la dictadura, promovió un acto público que el Gobierno autorizó, siempre que se realizara en un local cerrado, pero prohibió que se difundiera por televisión y presionó a la mayoría de las emisoras de radio para que no lo transmitieran.

A pesar del temor, de la represión desencadenada contra quienes repartían invitaciones en los barrios populares -muchos de los cuales fueron detenidos por la policía y permanecieron en prisión durante cinco días- y de los anuncios oficiales de que podrían producirse incidentes, 10.000 personas abarrotaron el teatro más grande de Santiago y otras 40.000 quedaron en las calles imposibilitadas de llegar por el cerco infranqueable con que las fuerzas de carabineros impidieron el acceso a las cercanías del teatro desde una hora antes de comenzar el acto. Frei denunció la falacia e inmoralidad del proceder gubernativo; planteó como alternativa la constitución de un Gobierno cívico-militar que, en el curso de dos o tres años, condujera al país a la democracia restableciendo la vigencia de las libertades públicas, procurando la reconciliación entre los chilenos y convocando tina asamblea constituyente que genere una nueva Constitución política; emplazó a Pinochet a debatir ante el país y por televisión su postura, y exhortó a los chilenos, forzados a votar con la amenaza de severas penas, a expresar con un «no» su repudio al plebiscito y a la prolongación de la dictadura.

Naturalmente, Pinochet rehuyó el emplazamiento, y la propaganda oficial hadesencadenado la peor campaña de insultos contra Frei y la Democracia Cristiana. Pero el desafío ha quedado planteado y, al menos en las grandes ciudades, la gente quizá empiece a perder el miedo y se pueda vislumbrar un posible camino de retorno de Chile a la democracia.

Como el procedimiento de esta mascarada de «plebiscito» no permite ningún control público efectivo de los escrutinios, seguramente la dictadura proclamará un triunfo abrumador y silenciará la realidad de los hechos. Pero también es seguro que la verdad, a pesar de la coacción y del engaño, puede producir a Pinochet una sorpresa desagradable y que, quizá, haga reflexionar a las fuerzas armadas chilenas, que en el pasado fueron un ejemplo de respeto a la legalidad democrática.