Editorial:Editorial
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¿Referéndum o jeroglífico?

EL 25 de octubfe de 1979, los ciudadanos censados en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya fueron convocados a las urnas para contestar a la pregunta: «¿Aprueba el proyecto de Estatuto de Autonomía para el País Vasco?» En ese mismo día, el cuerpo electoral de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona tuvo también que responder a la consulta: «¿Aprueba el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña?» El próximo 28 de febrero, los votantes de las ocho provincias andaluzas serán llamados a los colegios electorales para enfrentarse con esta interrogante: «¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución, a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?» ¿Cuál puede ser la explicación de que la sencillez sintáctica y la claridad del significado de las preguntas dirigidas a vascos y catalanes hayan sido sustituidas por una fórmula que combina la artificiosa complejidad de su construcción con la opacidad de su sentido?El argumento, por lo demás cierto, de que el objeto del referéndum del 28 de febrero no es la aceptación o el rechazo de un Estatuto de Autonomía ya aprobado por la Comisión Constitucional y la Asamblea de Parlamentanos, tal y como sucedió en el País Vasco y Cataluña, sino la oportunidad de que las ocho provincias andaluzas queden equiparadas a las vascas, catalanas y gallegas en los trámites constitucionales para dotarse de instituciones de autogobierno, sólo explica que los términos de la pregunta, con la única salvedad del ámbito geográfico, no puedan ser exactamente los mismos. Sin embargo, esta evidencia en modo alguno sirve para disculpar el carácter críptico, casi indescifrable y pesadamente indigesto de la consulta andaluza.

Si estuviéramos todavía en la edad de la inocencia cabría responsabilizar de la barrabasada a la extendida aversión que sienten algunos juristas por el buen castellano y a su pasión por emplear una boscosa jerga con la vana esperanza de que la gente lo acepte como si fuese el lenguaje codificado y preciso de una ciencia. No faltaron en su día las personas que opinaron, con razón, que la redacción del proyecto constitucional demostraba una mayor familiaridad de algunos ponentes con la escoba que con la pluma y hacía inevitable la añoranza de aquellos excelentes juristas y políticos de la Restauración, a quienes debemos nuestros mejores textos legales. Sin embargo, a medida que avanza el desarrollo del texto constitucional, vamos comprobando que, además de torpeza expresiva, también había malicia y deseos de aprovechamiento ventajista en las ambigüedades, imprecisiones y oscuridades del articulado. Al igual, por lo demás, que en el Estatuto de Guernica, cuyo artículo 47, con la misteriosa expresión el conjunto de los territorios afectados, ha servido de iluminador ejemplo de cómo la mala política puede utilizar en su provecho el mal castellano.

Con esos lamentables precedentes es difícil atribuir sólo a la antipatía de algún administrativista por el castellano o a la invencible torpeza de escritura de algún jurista la responsabilidad de la pregunta con que se pretende sumir en la perplejidad y en la zozobra a los andaluces. En el caso de que el partido del Gobierno -que es lo mismo que decir que el Gobierno y su partido- hubiera apostado a favor del voto afirmativo y de la concurrencia masiva a las urnas, ¿de verdad habría utilizado ese lenguaje de charada y acertijo para interrogar a los electores? No es demasiado aventurado sospechar que la supresión de la palabra Andalucía y de la expresión Estatuto de Autonomía en la formulación de la pregunta encierra el propósito de añadir un obstáculo más, por pequeño que sea, a una respuesta masiva y favorable. Porque el enrevesado y neblinoso planteamiento de la cuestión poco puede ayudar a que los consultados se sientan animados a realizar el esfuerzo de desentrañar su oscuro significado, pertrechados del texto de la Constitución y valerosamente dispuestos a sumirse en las complejidades de la mecánica establecida por su artículo 151.

Tampoco parece muy lógica la reducción de los días previstos para la campaña en relación con las tres semanas reservadas a la propaganda en el País Vasco y en Cataluña. Ese precedente da pie para la sospecha de que también puedan ser recortados los fondos asignados por el Gobierno para la campaña institucional.

Desde las columnas de este periódico hemos opinado, en más de una ocasión, sobre los riesgos y peligros que encierra la mimética traslación de la reivindicación de autogobierno en el País Vasco y en Cataluña a otras regiones españolas, entre ellas Andalucía, donde las maniobras iniciales del Gobierno para desvalorizar las autonomías vasca y catalana, primero, y la puja demagógica del carnaval preautonómico, después, han suscitado, de forma tan artificial como irresponsable, desmesuradas expectativas e insensatas esperanzas. Pero un sistema democrático debe garantizar la igualdad de oportunidades que cada opción merece, con independencia de que la apadrine el Gobierno o la defienda la oposición. Y en Andalucía, evidentemente, el poder está cargando los dados para que sea su jugada la ganadora.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 29 de enero de 1980.

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