Estupor entre los exilados argentinos por las medidas sobre desaparecidos

En medios de la oposición política argentina en España ha causado indignación y estupor el tratamiento que el Gobierno de Buenos Aires va a dar al problema de los millares de desaparecidos en el país, desde el golpe de Estado que llevó al poder a la Junta Militar en marzo de 1976. El propósito de las autoridades militares argentinas es el de convocar mediante edictos judiciales a los desaparecidos y, si en el plazo de tres meses no comparecen, declarar oficialmente su fallecimiento.

El número oficial de desaparecidos se cifra en 5.465, aunque las cifras reales de desapariciones podrían alcanzar una suma próxima a los 13.000. Muchas de estas personas, de ambos sexos, y de las cuales no quedan excluidos algunos niños, fueron asaltadas en sus domicilios particulares por bandas parapoliciales o paramilitares, conocidas por la denominación de patotas. Según centenares de testimonios de familiares de secuestrados, ahora en situación de desaparecidos, estas bandas no sólo aprehendían a las personas por ellas buscadas, sino que además se adueñaban de pertenencias de los detenidos, dinero, muebles, objetos de valor e incluso alimentos.A la incertidumbre familiar por averiguar el paradero de las personas detenidas de esta manera se sumaba el silencio permanente de las autoridades, que manifestaban ignorar el paradero de los secuestrados. Entre los miembros de las patotas, habitualmente cubiertos con pasamontañas y vestidos con prendas militares en muchas ocasiones, los familiares de los secuestrados reconocían a oficiales de la policía o de distintas armas de las fuerzas armadas, de comisarías o cuarteles cercanos, pero los testimonios de los familiares ante la policía o ante los jueces únicamente contribuían a hacer gravitar sobre aquéllos la probabilidad de correr la misma suerte.

Alrededor de los familiares de los desaparecidos y secuestrados se ha ido configurando un movimiento civil de resistencia no plenamente organizado, pero visible en toda Argentina a través de las múltiples manifestaciones públicas, truncadas en muchas ocasiones por la policía, mediante audiencias ante misiones y foros internacionales, cuyas cabezas visibles han sido durante esta etapa las mujeres conocidas como las Madres de la plaza de Mayo, que cada jueves se reunían en este céntrico enclave porteño con pancartas en las que exigían la aparición o al menos una respuesta oficial sobre la suerte de sus deudos.

En ocasiones, algún juez dio pasos en cuanto a la exigencia de información sobre desaparecidos al poder ejecutivo, pero los dictámenes judiciales no han encontrado respuesta por parte de las autoridades. Resulta realmente grave, según los medios consultados, el hecho de que una parte importante de las personas desaparecidas han sido vistas en penales y presidios, oficiales o clandestinos, incluso hace escasos meses, con lo cual la decisión de las autoridades de dar por muertos a los que no comparezcan significaría virtualmente para aquéllos una evidente condena a muerte.

Para los medios de la oposición argentina en España, la medida del Gobierno bonaerense obedece a la necesidad de zanjar un tema tan controvertido, cuando es inminente la visita a Argentina de una misión de la OEA que investigaría sobre este tema en el país. Además, subrayan que también ha influido la decisión del Gobierno de Washington de solicitar de su embajador en Buenos Aires, Raúl Guevara, que investigue sobre la existencia en Argentina de cárceles clandestinas, una de las cuales fue detectada en pleno corazón de Buenos Aires, en un estacionamiento subterráneo situado bajo una de las principales arterias.

La medida gubernamental argentina vulnera las propias leyes vigentes en el país, por cuanto supone un acortamiento sustancial de los plazos decretados por la ley para declarar fallecida a una persona desaparecida.