El revés del Derecho o supuestos sociólogos de la hipótesis golpista

La transición política española o, mejor dicho, su imagen social dominante, ha dejado de ser en unas pocas semanas un paradigma de evolución democrática, de curso preciso y seguro, resultado, para convertirse en un intento lleno de incertidumbres y fragilidades. ¿Qué nuevos factores, qué imprevistos acontecimientos son los responsables de tan rápido y dramático deterioro?Advertir ese cambio y preguntarse por sus causas no es dejarse dominar por los fantasmas del resentimiento personal, la frustración política o el catastrofismo revolucionario, sino encarar una situación cuyos factores y proceso no coinciden ni con su representación ni con su discurso.

El supuesto fundamental que preside este análisis es el de considerar que la política y lo político -sus estructuras de poder, su sistema de relaciones, sus marcos jurídicos, sus ámbitos institucionales, sus comportamientos grupales o individuales, etcétera- tienen una autonomía relativa respecto del sistema social en el que se inscriben y al que pertenecen, la cual está tan lejos del economicismo mecanicista (infraestructura-que-determina-a-supraestructura) de la vulgata marxista, como del angelismo formal y autosuficiente de los politólogos.

Este supuesto tiene como corolario el de que la viabilidad y la eficacia de un sistema social -condición primordial del bienestar y de la felicidad de los que a él pertenecen- dependen de la idoneidad entre las exigencias y las expectativas que genera una estructura socioeconómica definida y la posibilidad formal de su satisfacción en función del régimen políticoque las encuadra.

El franquismo como obstáculo

Desde él, el franquismo como forma de organización política era incongruente con la realidad social y económica española de los años setenta y, en consecuencia, representaba no sólo un obstáculo para su ulterior desarrollo, sino un permanente factor de riesgo e inestabilidad para el país.

Esta inadecuación percibida de forma difusa, pero efectiva, por el conjunto de la población se traducía en una voluntad ampliamente mayoritaria de cambio que explica tanto el aperturismo democrático de la clase dominante, como, teniendo en cuenta los obstáculos, la frecuencia y la intensidad de las movilizaciones populares durante los últimos años del franquismo.

Ahora bien, las características de la estructura socioeconómica (la realidad económica y social española de 1960 a 1975) y la naturaleza del sistema social (el neocapitalismo tecnocrático en parte multinacionalizado de esos mismos años) en su relación con el régimen político que tiene como vocación el expresarlas (el franquismo de los tres últimos lustros con sus diversos desarrollismos) señalan el sentido y el alcance del cambio reclamado.

Este cambio apuntaba, por una parte, al establecimiento de un régimen político pluralista y parlamentario, y, por otra, y tal vez, sobre todo, a la instauración de una práctica democrática en la vida social y cotidina que configurasen una realidad política sustancialmente distinta -en su forma, modos y protagonistas- de la situación anterior, aunque sin que afectara a la forma de organización socioeconómica dominante.

Este planteamiento fue el que asumieron las fuerzas políticas democráticas agrupadas primero -julio de 1974 y junio de 1975, respectivamente- en las Juntas Democráticas de España y en la Plataforma de Convergencia Democrática y, posteriormente -marzo de 1976-, en Coordinación Democrática.

Pero el proyecto político de las fuerzas democráticas se enfrentó con, y fue desplazado por, el plan político de la Corona, que aparece ya implícitamente en el primer mensaje de Juan Carlos, toma cuerpo con el proyecto de ley de Reforma Política durante todo 1976 y es consagrado mediante el referéndum del 15 de diciembre de dicho año.

Objetivos y exigencias de la reforma

Dicho plan confiere al Gobierno y a las fuerzas directamente salidas del franquismo la exclusiva iniciativa del cambio -vid. J. L. Alvarez, congreso de UCD, Palacio de Exposiciones, octubre 1978- e incorpora a las fuerzas democráticas como séquito y comitiva por la función de aval y legitimación que se les asigna.

Según la esquina en que se sitúe el analista, los objetivos de la ley de Reforma Política son: bien la legitimación popular de la Corona por la vía indirecta del Parlamento y la Constitución y la consolidación de instancias y mecanismos que permitan a la clase dominante seguir ejerciendo la dirección política de forma exclusiva o asociada, dentro de la nueva situación; bien, el establecimiento de un auténtico régimen político democrático, pero, desde arriba, de forma progresiva, tomando ple en las estructuras del franquismo y evitando los enfrentamientos, riesgos y traumas.

Una y otra versión compartían las siguientes exigencias: 1, controlar la acción popular y situarla en sus fines y en sus modos, tanto económicos como sociales, dentro de límites razonables; 2, configurar la política no como la presencia y enfrentamiento públicos de fuerzas e interés colectivos, sino como la discusión confidencial entre profesionales; 3, confinar la actividad democrá tica a lo, estrictamente político y dentro de él, sustancialmente, al ejercicio del voto; 4, sepultar la memoria histórica, cancelando todos los antecedentes políticos y alineando por igual, en el punto cero del inicio de la democracia, a los franquistas y a los demócratas; 5, recuperar democráticamente a toda la clase política del franquismo dispuesta a entrar en el juego, para confiarle el papel de protagonista principal de la nueva afirmación democrática; 6, afianzar las posiciones institucionales de todos los actos políticos del franquismo con independencia de su integración o no al curso democrático.