Una asociación de fiscales carga contra García Ortiz por quejarse de la filtración de sus datos personales

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) —personada como acusación popular en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz— ha arremetido contra el máximo representante del ministerio público por haber presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la difusión de sus datos personales. “Resulta sumamente llamativo que, quien está filtrando, denuncie a su vez filtraciones (además, de forma infundada)”, carga la APIF contra García Ortiz, después de que este denunciase que la Guardia Civil incorporó a los anexos de un informe enviado al juez Ángel Hurtado, “de modo manifiestamente injustificado”, información sobre la dirección de su domicilio y su DNI, que llegó a los medios de comunicación. Esta circunstancia provocó que el Ministerio del Interior tuviese que revisar el dispositivo de seguridad en torno al fiscal general.

La asociación de fiscales, abiertamente enfrentada a García Ortiz desde hace años, acusa incluso a la defensa de poder ser “la autora de las filtraciones denunciadas”. “La Fiscalía como institución ha entablado contacto con los medios de comunicación para trasladarles datos que no estaban a disposición ni del tribunal ni de las acusaciones”, asegura el colectivo, que remacha: “¿Cómo se ha conocido la queja formulada ante el CGPJ, si no es por la filtración del propio fiscal general del Estado o su entorno?”.

En su escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la APIF defiende la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil —autora del informe señalado y de sus anexos— y del magistrado instructor, Ángel Hurtado, que “ha adoptado todas las cautelas imaginables para evitar que se filtrase cualquier extremo de la causa”: “Incluso más de las que normalmente se aplican en cualquier procedimiento”, escriben los abogados del colectivo, encabezados por el letrado Juan Antonio Frago.

Es más, a lo largo del documento, la asociación de fiscales aprovecha para lanzarse contra García Ortiz por seguir en el cargo: “El fiscal general considera que el Tribunal Supremo es un instrumento de persecución política que actúa movido por razones extrajurídicas, lo que siembra dudas sobre la legitimidad de la justicia española. Consideramos que no se puede ser parte del sistema (ejerciendo el cargo que aún hoy en día ejerce) y simultáneamente su saboteador”. “Y no es esta la única conducta impropia en una autoridad de semejante peso institucional. ¿Es razonable que la cabeza del Ministerio Fiscal, órgano encargado de defender la legalidad, elimine intencionalmente los mensajes de su teléfono móvil el mismo día en el que el Tribunal Supremo abre contra él una causa penal?”, se pregunta.

El escrito de la APIF se ha conocido apenas unas horas antes de que García Ortiz comparezca en el Senado para informar de la última memoria de la Fiscalía General del Estado.

En su queja ante el CGPJ, el máximo responsable del ministerio público destacó que, junto al último informe de los agentes sobre el teléfono de García Ortiz, se incorporaron “de modo manifiestamente injustificado” los datos del domicilio particular “de todos y cada uno de los titulares de las líneas telefónicas”, incluidos fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Además, después añadió que se había hecho un desglose de todas sus llamadas realizadas y recibidas durante 10 meses: “Constan en la causa y se ha dado traslado a las partes de aproximadamente 240.000 registros de mi actividad diaria y profesional”.

García Ortiz permanece imputado en el Supremo por un delito de revelación de secretos, acusado de haber participado en la filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La prensa publicó ese email, donde la defensa del novio de la política reconocía que había cometido dos delitos fiscales, después de que los populares comenzaran a propagar el bulo de que el ministerio público le había ofrecido un pacto a González Amador, como si fuera una especie de chantaje, y que después lo había retirado por “órdenes de arriba”. El abogado del novio de Ayuso también ha acusado al fiscal general del Estado de mentir en su queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para “denigrar” al alto tribunal y a la UCO.