La pareja de Ayuso acusa al fiscal general de mentir sobre la difusión de sus datos personales

El abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal, acusa al fiscal general del Estado de mentir en su queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la difusión de sus datos personales. En un escrito presentado por su abogado ante el Tribunal Supremo, González Amador asegura que Álvaro García Ortiz basa su denuncia en “falsedades” que “buscan denigrar” al alto tribunal y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El escrito de la pareja de Ayuso llega después de que el fiscal general presentara una queja al CGPJ porque los anexos de la UCO enviados al juez Ángel Hurtado junto al último informe de los agentes sobre el teléfono de García Ortiz incorporan, “de modo manifiestamente injustificado”, los datos del domicilio particular “de todos y cada uno de los titulares de las líneas telefónicas”, incluidos fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. El jefe del ministerio público amplió esa queja el miércoles para denunciar que la información transmitida al instructor por los agentes desglose todas sus llamadas realizadas y recibidas durante 10 meses. “Constan en la causa y se ha dado traslado a las partes de aproximadamente 240.000 registros de mi actividad diaria y profesional”, denunció García Ortiz en la carta enviada a la presidenta del Consejo, Isabel Perelló.

El juez Hurtado, que instruye la causa abierta al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, dictó este jueves una providencia en la que pidió a las partes que presentaran alegaciones a la posible retirada de los datos personales que señaló el fiscal general. En ese escrito, el magistrado abre la puerta a omitir esos datos si las partes (defensas y acusaciones) consideran que esa eliminación no les afectaría. González Amador, en la respuesta enviada al Supremo, rechaza esta posibilidad y alega que el acceso de las partes, “y especialmente de la víctima”, al contenido del sumario y al resultado de las diligencias de instrucción es esencial para garantizar el derecho de defensa.

La pareja de Ayuso acusa a García Ortiz de haber hecho “boicot” a la instrucción mediante la eliminación de mensajes y el cambio “y desaparición” de su antiguo terminal de teléfono, por lo que considera “necesaria y proporcional” la decisión del juez de ordenar a la UCO que recopile el listado de las llamadas que envió y recibió entre el 8 y el 15 de marzo de 2024 (el período en el que se centra la investigación) y los IMEI (número de identificación del terminal) que utilizó.

En su escrito, la defensa de González Amador niega que se hayan difundido las llamadas de García Ortiz durante 10 meses, y explica que solo se ha incorporado al sumario el registro de IMEI utilizado por el jefe del ministerio público para poder saber, después de que la UCO constatara que cambió de teléfono el pasado 23 de octubre, “qué terminales había utilizado”. La pareja de la presidenta madrileña pide al juez, además, que reclame al fiscal general el terminal que usó hasta ese día, las copias de seguridad de su cuenta de correo de Gmail y las de WhatsApp.

Por otras parte, Manos Limpias, que ejerce de acusación popular en la causa contra García Ortiz, ha presentado un escrito en el que solicita que se cite a declarar como testigo a la ex fiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, y a la exdirectora del gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera. Sobre Delgado, Manos Limpias basa su petición en que el último informe de la UCO constata que habló con García Ortiz por teléfono el día que se difundió la denuncia de la Fiscalía contra González Amador (12 de marzo) y el día en el que supuestamente se filtró el correo (13 de marzo). En un escrito enviado por la ex fiscal general al CGPJ el pasado lunes, Delgado explicó que ambas llamadas fueron para dar cuenta a García Ortiz de actos a los que había acudido en representación de la Fiscalía.

La petición de declaración de Sánchez Acera la argumenta Manos Limpias en que fue esta la que envió el 14 de marzo al exlíder del PSOE en Madrid Juan Lobato una copia del correo electrónico del abogado de la pareja de Ayuso cuya filtración se investiga. El sindicato ya anticipa en su escrito que puede plantear más adelante la declaración de”los entonces máximos responsables de la Presidencia del Gobierno”, aunque cree “proporcional” citar previamente a Sánchez Acera.