García Ortiz se queja al CGPJ de que el Supremo ha difundido todas sus llamadas de 10 meses

Álvaro García Ortiz ha enviado a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, una ampliación de la queja que le remitió el pasado lunes por la filtración de datos personales, como su teléfono, domicilio y DNI. Estos datos fueron enviados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al magistrado Ángel Hurtado y trasladada por el juez a las partes personadas en la investigación abierta por el Tribunal Supremo. En el nuevo escrito, el fiscal general reprocha que la información transmitida al instructor por los agentes desglose todas sus llamadas realizadas y recibidas durante 10 meses, a pesar de que el juez había restringido el análisis a entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 (el periodo en el que se centra la investigación). “Constan en la causa y se ha dado traslado a las partes de aproximadamente 240.000 registros de mi actividad diaria y profesional”, denuncia García Ortiz en la carta enviada a Perelló, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS.

Los datos que denuncia García Ortiz figuran en los anexos enviados por la UCO a finales de la semana pasada al juez junto al último informe sobre el contenido del teléfono móvil del fiscal general, al que el Supremo investiga por revelación de secretos. Esa documentación recoge también la dirección postal y los DNI de muchas de las personas con las que García Ortiz habló por teléfono entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, lo que incluye datos de particulares, miembros de la Fiscalía e incluso uno de los escoltas del fiscal general. El jefe del ministerio público envió el lunes una queja al CGPJ en la que consideraba “manifiestamente injustificada” la recopilación de esos datos, pero este martes ha ampliado su denuncia tras analizar los anexos difundidos por el juez. “En el cuerpo del informe de la UCO, proporcionado a las partes, se incluyen multitud de datos accesorios, y también relevantes para mi intimidad o vida familiar absolutamente innecesarias para la investigación”, asegura García Ortiz en una nueva carta dirigida a Perelló.

Junto a este escrito, García Ortiz ha adjuntado otro más amplio destinado a la dirección de surpervisión y control de protección de datos del Consejo, el departamento encargado de tramitar la queja del fiscal general. El jefe del ministerio público advierte de que en uno de los anexos se incorporan, “excediendo el mandato judicial”, 28 hojas de Excel con aproximadamente 8.000 registros cada una, detallando los tiempos de conexión de sus terminales, desde el día 5 de diciembre de 2023 a las 9.59 hasta el 24 de octubre de 2024 a las 00.00. Este periodo engloba las llamadas enviadas y recibidas por el fiscal general durante 10 meses, incluyendo tres meses antes y siete meses después de que se produjeran los hechos investigados: la supuesta filtración de la denuncia presentada por la Fiscalía contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal, y de un correo electrónico enviado al ministerio público por el abogado de aquel para proponer un pacto que librara a su cliente de la cárcel.

Los 10 meses de información recopilados por la UCO superan incluso la horquilla de ocho meses que fijó al principio de la investigación el juez Hurtado, que abarcaba desde el 8 de marzo al 30 de octubre, día en el que los agentes registraron el despacho del fiscal general y copiaron el contenido de su teléfono. Tras un recurso de la Fiscalía, el juez se corrigió a sí mismo y restringió la investigación a siete días: del 8 al 15 de marzo de 2024, una horquilla que se extendía desde el día en el que la Fiscalía General pidió a la provincial de Madrid el expediente de González Amador hasta el día en el que el ministerio público difundió una nota de prensa para explicar el caso.

El otro anexo enviado a las partes por el juez incluye también “de forma injustificada”, según García Ortiz, un desglose de la actividad en tiempo real de su segunda línea de teléfono, incluyendo el número de cada persona con la que habló, el día y la duración de la llamada, el DNI de García Ortiz y su dirección familiar. En total, 7.105 registros que cubren “cada minuto de uso de teléfono” desde el 7 de marzo de 2024 a las 23:50 hasta el 15 de marzo de 2024 a las 00:01. “Un seguimiento prolijo e innecesariamente detallado al segundo de toda mi actividad diaria”, advierte el fiscal genera.

García Ortiz denuncia que el juez haya dado traslado de esa información “sin que se haya puesto freno o contención a tal difusión”, lo que, asegura, afecta “gravemente” a su intimidad y “pone en peligro” su “integridad y seguridad”. Tas la difusión de estos datos, el Ministerio del Interior ha anunciado que va a revisar la seguridad en torno al fiscal general, que asegura en los escritos dirigido al CGPJ que ha tenido que cambiar su línea de teléfono y cerrar su cuenta de gmail. “Esa es y no otra la razón de mis cambios”, asegura García Ortiz en referencia al informe de la UCO que advertía de que había eliminado la cuenta de correo en la que recibió el mail del abogado de González Amador cuya filtración de investiga.

García Ortiz recuerda en su escrito que la Ley Orgánica del Poder Judicial ordena que las actuaciones procesales contengan solo los datos personales que sean “adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados, en especial para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Esta ley establece también que los Jueces y magistrados “podrán adoptar las medidas que sean necesarias para la supresión de los datos personales de las resoluciones y de los documentos a los que puedan acceder las partes durante la tramitación del proceso siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva”, recuerda el fiscal general.