La jueza de la dana resalta la “palmaria ausencia” de alertas a la población y dice que las muertes se pudieron evitar

Los daños no se pudieron evitar, las muertes, sí. La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la dana que el pasado 29 de octubre dejó un reguero de 227 fallecidos defiende con insistencia esta tesis en sus últimas resoluciones. A su juicio, la “palmaria ausencia de avisos a la población” pudo causar “el abrumador número de muertos” que originó la tragedia, según un reciente auto de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.

La clave ahora, según la instructora, pasa por averiguar a qué respondió el retraso en alertar a los ciudadanos sobre la magnitud de la mayor catástrofe natural que ha asolado la Comunidad Valenciana. La magistrada se refiere al mensaje SMS masivo que llegó a los móviles a las 20.11 de la jornada de la riada, cuando ya se había desbordado el barranco del Poyo, epicentro de la tragedia; decenas de municipios de Valencia estaban inundados; y el 112 se encontraba colapsado. La controvertida comunicación se remitió a través de Es-alert, un sistema del que la entonces consejera de Justicia e Interior de la Generalitat, Salomé Pradas, reconoció que no sabía ni que existía para justificar la demora. El presidente Carlos Mazón destituyó a Pradas cuatro semanas después de las inundaciones.

Las pesquisas se centran en averiguar a qué obedeció el retraso de las alertas a la población. La jueza dejará fuera de la investigación la ayuda tardía a la zona cero y la falta de coordinación de las administraciones. Se trata de unos aspectos que forman parte “de la jurisdicción contenciosa” o del debate político, según la instructora.

“Constituye una constante en las declaraciones de los familiares y testigos la constatación del aviso notablemente tardío, el consejo de evitar desplazamientos en el SMS de alerta fue las 20:11, y errado en su contenido, muchas de las víctimas fallecieron sin salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje, o simplemente por encontrarse en la vía pública. En definitiva, los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí”, responde la magistrada a Podemos, que ejerce la acusación popular.

En sus movimientos para averiguar quién estuvo detrás del SMS masivo de alerta, la instructora pidió por segunda vez al Consell la identidad del funcionario o técnico que activó el botón rojo para notificar el riesgo a los teléfonos. El pasado viernes, la Generalitat informó al juzgado in extremis, apremiada por el requerimiento judicial, que fue el Cecopi el organismo encargado de activar los mensajes masivos a móviles el 29 de octubre. Según el Ejecutivo autonómico, este órgano convocado para la tragedia estaba dirigido durante la riada por la entonces consejera Pradas —que fue destituida tras la dana— y en él figuraba también como miembro del comité la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

La magistrada sostiene en su último auto que, a consecuencia del retraso en recibir el mensaje, la población “no pudo adoptar ninguna medida para protegerse”, tal y como han declarado en el juzgado decenas de víctimas. Y pide un informe a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre las alertas —cómo se enviaron y a quienes se dirigieron— y datos al 112 para aclarar en qué momento de la jornada de la riada se recibieron más llamadas y qué municipios, de los 78 afectados, solicitaron ayuda. Aemet defendió que avisó de la dana ocho días antes y activó la alerta máxima.

La magistrada rechaza la petición de Podemos de solicitar información a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia sobre el despliegue de bomberos el día de la riada. Y solicita a la Conselleria de Interior y Emergencias de la Generalitat que aclare si participó en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) -organismo que gestionó la respuesta de emergencia en la dana de Valencia- “alguna otra autoridad” distinta a las 29 personas y organismos que formaban parte de esta institución, entre 17.00 y las 20.11 horas, cuando se envió el mensaje masivo de Es-Alert. La jueza toma esta decisión después de recibir un escrito de la Subdirección General de emergencias autonómica.

En su batería de pesquisas, la magistrada requiere a la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud (380 miembros), la primera de víctimas en constituirse, que identifique a sus miembros lesionados antes de decidir si admite a trámite la querella de esta entidad suscrita por 100 familias contra cinco altos cargos de Mazón y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

Refuerzo del juzgado de la dana

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado luz verde este miércoles a elevar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces, una propuesta para reforzar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, que investiga la dana. La iniciativa consiste en el nombramiento de un juez en comisión de servicios por seis meses prorrogables, que llevará el funcionamiento ordinario del juzgado, con el fin de que la magistrada instructora, Nuria Ruiz Tobarra, se dedique a indagar la tragedia en exclusiva. El órgano de gobierno también ve necesario la designación de dos funcionarios de apoyo para esta magistrada.