La Generalitat atribuye el envío de la alerta a los ciudadanos en la dana a la consejera cesada Salomé Pradas

La Generalitat Valenciana que pilota Carlos Mazón, del PP, ha revelado este viernes, apremiada por un requerimiento judicial, quién tomó la decisión de enviar el mensaje masivo de alerta que llegó a los móviles a las 20.11 horas del 29 de octubre, cuando ya había decenas de víctimas y pueblos anegados a causa de la dana que dejó 227 muertos.

El Ejecutivo autonómico ha respondido a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que centraliza todas las pesquisas, que el responsable de activar el botón rojo de los mensajes fue el Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado). Según la Generalitat, este órgano convocado para la tragedia estaba dirigido durante la riada por la entonces consejera de Interior y Justicia y máxima responsable de Emergencias, Salomé Pradas, que fue cesada cuatro semanas después de la catástrofe por el presidente valenciano, Carlos Mazón. Y en él figuraba también como miembro del comité la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, según la respuesta del Consell a la jueza a la que ha tenido acceso este periódico.

“Indicar que, dado que a las 17:00 horas del día 29 de octubre se constituyó el Cecopi, la dirección del plan la ejercía la entonces consejera de Justicia e Interior, dentro de un ‘Comité de Dirección’, formado por la citada consejera y la delegada del Gobierno”, dice el texto. El documento prosigue: “Dicho Cecopi, en el que se abordó y debatió la emisión del aviso, fue convocado a las 15:00 horas para reunirse a las 17:00”. La respuesta detalla una relación de hasta casi una treintena de instituciones encabezadas por la delegación de Gobierno y organismos estatales como la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica.

La Generalitat ha entregado esta documentación al juzgado in extremis después de que la magistrada solicitara por segunda vez al Consell -tras darle cinco días de plazo- el dato clave. En su primer requerimiento, el Ejecutivo valenciano facilitó al juzgado decenas de documentos, que no incluían la identidad del “funcionario o técnico” que activó los SMS masivos. La Consejería de Emergencias e Interior evita dar los nombres de los dos funcionarios (un redactor y un validador), que activaron el mensaje y redactaron su contenido y se ciñe a los artículos del Plan Especial Frente al Riesgo de Inundaciones. Señala que este dispositivo tiene, entre otros fines, “determinar, en función del tipo y gravedad de la emergencia, las medidas de protección a la población que deban de adoptarse”. El escrito está firmado por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, que no ha respondido a las llamadas de este periódico.

La alerta de Es-alert llegó a los móviles a las 20.11 horas del día de la dana, cuando la provincia de Valencia estaba inundada tras los desbordamientos del barranco del Poyo y el río Magro, había decenas desaparecidos y el 112 se encontraba colapsado.

Pradas reconoció el 7 de noviembre que desconocía la existencia de este sistema hasta que un técnico le informó sobre las 20 horas del 29 de octubre. Es-alert funcionaba desde 2023, tal y como el propio Ejecutivo de Mazón había informado en un comunicado.

La respuesta de la Generalitat al juzgado coincide con la estrategia de defensa de Mazón de diluir su responsabilidad. El presidente llegó al Cecopi tras una larga sobremesa de una comida que no suspendió el día de la dana.

El vicepresidente segundo y consejero para la Recuperación de la Generalitat, Francisco José Gan Pampols, afirmó el pasado 5 de febrero que este organismo constituido por la dana, en alusión al Cecopi, “tiene dos codirectores y un mando único, y un codirector es corresponsable”. “Pero eso no significa un órgano colegiado, no significa colegiada la decisión: la decisión al final es única. Lo que pasa es que hay dos personas que tienen la misma capacidad para dar informes, exigir responsabilidades... y una que finalmente tomó la decisión”, precisó el alto cargo.

La información remitida por el Consell a la instructora de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que desarrolla su trabajo con la ayuda de cinco fiscales, se suma a un reguero de diligencias para tratar de depurar las responsabilidades de la mayor tragedia que ha asolado a la Comunidad Valenciana.

Junto a la Generalitat, la jueza ha pedido también información a otros organismos que participaron en la gestión de la tragedia, como la CHJ. La magistrada solicitó a esta entidad datos sobre el caudal del valenciano barranco del Poyo, epicentro del desbordamiento.

Tras tomar declaración a los familiares, la magistrada decidió esta semana en un emotivo auto requerir un examen psicológico forense de carácter voluntario para los parientes de los desaparecidos que desarrollará el Instituto de Medicina Legal de Valencia.

Las diligencias de la jueza de Catarroja se abrieron inicialmente por 76 fallecidos (ya hay 227 muertos). Y aglutinan las denuncias de decenas de víctimas. En la causa hay personadas –al menos- siete acusaciones particulares, que representan a familiares de fallecidos, y dos populares, que ejercen Podemos y el sindicato CGT, tras abonar sendas fianzas de 6.000 euros, según fuentes judiciales. El partido de ultraderecha Vox también trata de personarse en la causa.

Las organizaciones de víctimas también han aterrizado en el procedimiento. La Asociación de Damnificados Horta Sud (380 miembros) presentó una querella suscrita por cien familias contra cinco altos cargos del Ejecutivo valenciano y la máxima autoridad de la CHJ, Miguel Polo. Sos desaparecidos, que aglutina a más de 150 familias, prepara otra denuncia contra los responsables políticos.

La Asociación de Víctimas de la Dana 29 de Octubre, que se ha presentado este viernes y reúne a una veintena afectados de las comarcas valencianas de Horta Sud, La Ribera y Los Serranos, prepara otra querella contra Mazón, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, y la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero.