Sanidad confinna irregularidades en seis clínicas asturianas

El delegado provincial de Sanidad de Oviedo, Pablo Díaz, ha ratificado las informaciones publicadas en EL PAIS sobre la existencia de supuestas irregularidades en la facturación a la Seguridad Social por parte de seis clínicas privadas asturianas, a las que el Instituto Nacional de Previsión suspendió el envío de sus enfermos.«Existe un grupo denominado Grupo de Investigación Social -manifestó el señor Díaz-, dependiente directamente del Ministerio de Sanidad, y que en toda España está haciendo observaciones tendentes a comprobar supuestas irregularidades en la facturación de las clínicas que tienen contrato con la Seguridad Social. El Grupo de Investigación de la Seguridad Social dio cuenta al INP de sus observaciones y éste ordenó que, en tanto no se aclarasen estas supuestas irregularidades, fuera suspendida la remisión de enfermos de la Seguridad Social a las clínicas en cuestión.» El señor Matos explicó que las supuestas irregularidades consisten en facturar un número de días de estancia de los enfermos en las clínicas superior al real, y añadió que la suspensión del concierto fue adoptada como medida cautelar, y que cuando se tomó es porque los indicios detectados tendrían entidad suficiente.

La pérdida de las camas de esas seis clínicas está tratando de ser suplida de dos formas: la primera, intentando sacar el máximo rendimiento a las restricciones de la Seguridad Social, y, por otra parte, se promoverá el máximo aprovechamiento de las otras dieciocho clínicas asturianas con las que el INP aún mantiene concierto. Ante estos hechos, la Federación de Sanidad de USO de Asturias se ha lamentado de que en un problema social y público como éste hayan sido marginadas de la crítica y del control las asociaciones de vecinos, las centrales sindicales y el recién creado Comité Regional de la Seguridad Social, y advierte que, aun sin conocerse a fondo las investigaciones, se encuentran en peligro trescientos puestos de trabajo en las seis clínicas sancionadas, que en buena medida viven de sus conciertos con la Seguridad Social. USO pide, finalmente, medidas que protejan la seguridad en el empleo de los trabajadores de estas clínicas.

Por su parte, la comisión de sanidad del PCE denuncia que muchas clínicas privadas no resisten, en su opinión, el menor control de calidad, y que se hacen contrataciones masivas de las clínicas privadas para enfermos de la Segunidad Social mientras el INP tiene infrautilizadas sus propias instalaciones.

La comisión regional de sanidad del PCE se manifiesta también en contra de la introducción del pago por acto médico en la Seguridad Social, puesto que algunos médicos que envían enfermos quirúrgicos procedentes de sus cupos a las clínicas privadas cobran en dichas clínicas por cada operación.

«Esos médicos -manifiestan miembros de la comisión de sanidad del PCE- son de la Seguridad Social y operan a sus propios enfermos en la Seguridad Social. Si se les paga por cada operación, no hay duda de que se introduce el pago por acto médico en la Seguridad Social. »

Esta posibilidad de actuación -según las mismas fuentes- está solamente al alcance de algunos médicos de los cupos quirúrgicos y también de algunos cirujanos de hospitales de la Seguridad Social que, por no disponer en determinado momento de camas en el hospital, envía a los enfermos hacia las clínicas privadas; son operados por ellos mismos y cobran y, en consecuencia, son reembolsados por las clínicas.

«Parece claro -añaden- que la existencia de un área de la Seguridad Social donde existe el pago por acto médico pone en peligro a las propias instituciones cerradas de la Seguridad Social que correrían así el riesgo de no funcionar con un índice máximo de rendimiento en función del desvío de enfermos que pudiera producirse hacia otra área.»