Tiempo de crisis, tiempo de libertad

AL FINAL de su intervención ante el Congreso para pre sentar los Presupuestos Generales del Estado, el ministro de Hacienda ha roto con la vieja tradición según la cual política y economía eran reinos separados, encomendados a diferentes clanes y hechiceros. Nunca se insistirá bastante en el grave daño que, para la gestión de los asuntos públicos, supuso en el inmediato pasado esa hermética división del trabajo que encomendaba a tecnócratas, casi nunca capaces y siempre ignorantes de las complejas relaciones entre los factores que configuran la vida social, el manejo de las cuestiones económicas, mientras se encomendaba a profesionales de la maniobra y de la intriga dentro del sistema cerrado del autoritarismo la toma de las grandes decisiones, por lo general con total desconocimiento de las implicaciones que podían tener para la marcha de la economía.Tendremos ocasión de ocuparnos posteriormente de los aspectos fundamentalmente técnicos del discurso del señor Fernández Ordóñez. Ahora deseamos resaltar las dimensiones políticas de sus palabras. Porque resulta esperanzador, en un momento en que cunde la desmoralización entre los empresarios acerca de las perspectivas inmediatas de la coyuntura y en que los trabajadores asalariados contemplan con temor el incremento de los niveles de paro y la reducción de su capacidad adquisitiva, se diga claramente desde el Gobierno que afrontamos «un tiempo de crisis», pero también «un tiempo de libertad». Tras varias décadas de triunfalismo artificial alimentado por una propaganda omnipresente y una censura devaitadora, tras los meses de esperanzas y expectativas tal vez excesivas que precedieron a las elecciones generales del 15 dejunio, el país corre el serio peligro de hundirse en el pesimismo y el abatimiento, en la resaca que sigue a la fiesta de la recuperación de las libertades.

Efectivamente, los tiempos que nos aguardan van a ser duros y conflictivos para los ingresos, los puestos de trabajo y la prosperidad material de los españoles. Pero lo serían incluso más si los derechos cívicos y políticos obtenidos tras largos años de lucha y de espera fueran de nuevo secuestradol por un régimen autoritario. En tal caso, a la penuria económica se uniría la represión política; y si bien los mecanismos censores y la prensa amor dazada impedirían que llegaran al conocimiento de la opinión pública -como sucedió en España hasta entrados los sesenta- las noticias negativas y pesimistas (desde los delitos contra la propiedad hasta las huelgas, pasando por los escándalos financieros, la corrupción administrativa o el deterioro de la situación económica), esos hechos se seguirían produciendo incluso a un ritmo mayor.

El ministro de Hacienda ha señalado que la solución a una serie de acuciantes problemas económicos no depende de nosotros: la débil actividad de las economías europeas, el aumento de los precios de los crudos, las perturbaciones monetarias internacionales, los costes de las materias primas. Sí está en nuestras manos, en cambio, afrontar y resolver, aunque no pueda hacerse de forma súbita y milagrosa, otro conjunto de cuestiones que, dentro de nuestras fronteras y de nuestras posibilidades, pueden desacelerar el ritmo de inflación, aumentar las expectativas inversoras, mejorar nuestra balanza exterior y cambiar de signo la tendencia al incremento de número de parados. Se trata de un programa «hecho de renuncias», de un presupuesto donde «faltan escuelas, viviendas, carreteras, hospitales, niveles adecuados de retribuciones». Pero lo importante es saber que es el único programa posible, y también que quienes lo han elaborado y aprobado son conscientes de sus limitaciones y carencias.

Una vieja consigna revolucionaria del siglo XIX invitaba a la acción con el argumento de que los trabajadores no tenían otra cosa que perder que las cadenas. La apuesta histórica el desafío que nos lanza el inmediato futuro presenta unya perspectiva opuesta. El país tiene que hacer frente a la crisis económica y resolverla precisamente para conservar las libertades, porque la prolongación indefinida de la crisis económica, cuyos efectos no sólo no disminuirían, sino que incluso se agravarían con una fórmula política autoritaria, terminaría por arrastrar tras de sí el todavía débil edificio de nuestras instituciones democráticas.

Ha señalado el señor Fernández Ordóñez que las elecciones de junio de 1977 demostraron que «no vivimos en una sociedad desencantada, en un viejo país en decadencia». Se trata ahora que la carcoma de la desesperanza y de la desilusión no debilite las estructuras de la nueva Monarquía parlamentaria. A esa tarea deben colaborar los órganos de opinión, las fuerzas sociales de naturaleza empresarial y sindical, las instituciones encargadas de defender la seguridad nacional o de transmitir códigos religiosos y morales. Pero la cárga principal recae sobre el Gobiernos y sobre los partidos políticos que compartén de hecho, responsabilidades de poder. La comunicación de la actividad parlamentaria con los electores, más allá de los cenáculos y de las confidencialidades, y la inmediata renovación de la Administración local mediante la convocatoria de elecciones municipales serían dos buenas pruebas de que el Gobierno y las principales fuerzas de la oposición desean realmente revitalizar una vida democrática en la que son perceptibles claros signos de anemia.