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Tribuna:

Aceituneros altivos

El aceite vuelve a ser tema de actualidad. El FORPPA se plantea en estos días la regulación de la campaña de aceite de oliva y reaparecen así las dificultades para la resolución adecuada de un problema viejo y complejo. El presidente del citado organismo ha concedido recientemente unas declaraciones a RTVE en las que parece plantear la vuelta a la protección del sector olivarero como suministrador de la más importante grasa de producción nacional y soporte de actividad de un importante sector de la población agraria. La Administración se dispone, pues, a recoger las reivindicaciones de los productores desandando el camino iniciado hace dos años con la liberación del comercio del aceite de oliva.Aún no están lejanas las voces de la concentración veraniega de olivareros en Jaén -toda la prensa nacional recogía el hecho en su día- y parece ser que han encontrado eco suficiente en los niveles políticos de decisión. Sin embargo, son públicos y notorios los poderosos intereses que mueven al sector y ello obliga a cuestionar el marcado carácter social con que se intenta justificar la intervención. Una gran proporción de los dos millones de hectáreas de olivar se localiza en Andalucía. La estructura de propiedad indica que un 55% de ellas pertenecen a grandes propietarios cuyas necesidades de mano de obra puramente eventual contribuyen al paro endémico de algunas zonas del campo andaluz.

El problema del olivar ha cobrado nuevos matices en anos recientes. Los costes de producción del aceite de oliva se han ido elevando al mismo tiempo que aparecían en el mercado los aceites de semillas oleaginosas, con costes comparativamente muy inferiores, que han ido sustituyendo su consumo y su lugar indiscutible en las preferencias del público. Así, el consumo de aceite en 1976-77 puede oscilar entre 760.000 y 780.00 toneladas -21,5 kilogramos per cápita-, de las cuales un 40% corresponde al de oliva, un 30% al de soja y el resto al de otras semillas, principalmente girasol. Esta estructura del consumo va a seguir evolucionando hacia la constante disminución de la participación del aceite de oliva.

Ante esta realidad, el sector olivarero logró la liberalización del mercado mientras que se seguían controlando los precios del aceite de soja y girasol a través de la CAT para mantener el precio del de oliva. Pocos beneficios se lograron para ese 45% de pequeños propietarios, que cultivan una media de cinco hectáreas, ya que no tenían capacidad suficiente para beneficiarse de las medidas liberalizadoras al no tener acceso alguno a los mecanismos comerciales, que se encuentran en perfecta simbiosis con los grandes propietarios del sector. Como aquellas medidas no dieron los resultados apetecidos, ahora se pretende la vuelta a la protección con resultados previsibles, de nuevo muy favorables al gran propietario.

Debe quedar claro que no se pretende aquí acabar con una producción tradicionalmente muy importante para la economía española, como es el aceite de oliva. El olivar es necesario en España y hasta el equilibrio natural de la zona mediterránea lo exige en cierta medida. Pero la política del sector debe planificarse de forma que no reste posibilidades al desarrollo de otros pcitenciales de producción del país. Así, pensamos que el girasol debe extenderse por extensas zonas de secano, hoy dedicadas a otros cultivos; en primer lugar, porque su aceite, debido al.precio de producción, va a ser utilizado por el.consumidor de forma creciente, pero, además, porque su harina puede competir con la de soja en la alimentación animal a pesar de los problemas derivados de su contenido en fibra. Otros productos oleaginosos pueden y deben fomentarse: cártamo, colza, cacahuete y, sobre todo, algodón. Desde 1962 desciende de forma alarmante la producción de este último, cuyas exigencias en mano de obra justificarían igualmente medidas de «marcado carácter social». Actualmente se importan las dos terceras partes del algodón que se consume en nuestro país y la utlización de su aceite es cada día más insignificante.

Por último, hay que hacer referencia a las tan traídas y llevadas importaciones de soja. En estos momentos la importación de haba de soja es todavía necesaria para la alimentación de la ganadería (otro día habrá que hablar más extensamente de este sector). De la molturación del haba importada se obtienen fuertes cantidades de aceite de soja, de las que se exporta una regular proporción. El FORPPA debe convencerse de que no es subvencionando el aceite de oliva como se puede luchar contra las importaciones de soja.

En definitiva, parece que la intervención televisiva a que al principio se hacía referencia podría haber ido por otros derroteros: quizá un apoyo decidido al girasol y al algodón, o un plan de control de la penetración de capital extranjero en el sector molturador de semillas oleaginosas, o, mejor todavía, la regulación del mercado de aceite de oliva en base a una reconversión profunda e inaplazable del sector olivarero. Eso sí que sería política social. Y también política económica.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de diciembre de 1976