Aumenta la aplicación de la "Iey de fugas" a los presos políticos

Con la aplicación de la «ley de fugas», la Junta militar que gobierna Argentina está llevando a cabo la progresiva eliminación de los presos políticos. Al menos así lo señala un documento recientemente elaborado por la Unión de Familiares de Presos Políticos de la ciudad de Córdoba. El testimonio expone, a lo largo de nueve folios, más de quince casos en los que se aplicó la «ley de fugas». Se trata de un simple fusilamiento, tras el cual los comunicados oficiales informan sobre un «frustrado intento de evasión».La «ley de fugas», aplicada en Argentina desde la década del 30, alcanzó su mayor notoriedad con la denominada «masacre de TreIew» en 1972, cuando dieciséis guerrilleros fueron ejecutados en la base naval Almirante Zar. Las explicaciones resultan ahora menos verosímiles que nunca, ya que a nadie se le ocurriría fugarse de los superblindados camiones celulares en los que son trasladados los presos. En esos vehículos el detenido viaja esposado de pies y manos, y encerrado en una celdilla individual donde apenas puede mantenerse de pie. No obstante, los partes oficiales del Gobierno militar insisten en los «intentos de fuga» de los presos políticos, precisamente en el momento en que son trasladados en camiones celulares.

En el mes de mayo pasado un comunicado de la jefatura del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, bajo las órdenes del general Benjamín Menéndez, daba cuenta de la muerte de Miguel Angel Mossé, José Alberto Svagusa, Eduardo Alberto Hernández, Luis Ricardo Verón, Luis Alberto Young y Diana Beatriz Fidelman, todos ellos muertos tras un «intento de fuga» mientras eran «trasladados desde la cárcel penitenciaria al Departamento de Informaciones Policiales». Con posterioridad a este hecho, los detenidos en la cárcel penitenciaria de Córdoba enviaron una carta a monseñor Primatesta, máxima autoridad de la diócesis de esa provincia. Uno de los párrafos del texto indica: «Son siete los presos de esta cárcel que han sido asesinados: Bartoli, Mossé, Young, Svagusa, Hernández, Verón y Fidelman... Al primero de ellos lo trasladaron a la División de Informaciones Policiales, en donde fue asesinado... De estos siete, los seis restantes fueron sacados del pabellón bajo la promesa de que se los llevaban a la enfermería, cuando en realidad fueron salvajemente fusilados.» En otra parte se indica: «Las torturas a que fueron sometidos por personal militar a cargo de esta prisión, trajo como consecuencia que el detenido Balustra esté internado con hemiplejía, y Sgandurra con fracturas y numerosos hematomas. A otro detenido le fue atravesado el riñón de un bayonetazo ...».

Conclusión: la carta de los presos a monseñor Primatesta agrega otro nombre a la lista de muertos que no figura en los comunicados oficiales, el de Bartoli, citado antes en primer lugar. Además contradice la información acerca del ardid montado para fusilar a los seis restantes. También aparece otro nombre, el de Sgandurra, que, como veremos, tendrá significativa importancia.

A fines de mayo un nuevo comunicado del III Cuerpo de Ejército insiste con el argumento de la «evasión». Esta vez son dos los ejecutados: José Angel Pucheta y Carlos Alberto Sgandurra, este último no es otro que el mismo que aparece citado en la carta de los presos a monseñor Primatesta. Resulta improbable que con fracturas y hematomas diversos, Sgandurra haya intentado la fuga.

En el mes de julio el esquema se repite. Los nombres de Marta Rossetti Arqueola y José Cristián Funes se incorporan a la lista de los «fugados». La información del Gobierno militar vuelve sobre el mismo argumento. El caso de la señora de Arqueola resulta llamativo: primero es torturada en la División de Informaciones donde descubre una inscripción en la pared hecha con una uña: «Jorge Chabrol, me van a matar». Más tarde denuncia el descubrimiento y al fin resulta muerta en un «intento de fuga». De Jorge Chabrol nada se sabe hasta el día de hoy.

Aumentan los muertos

También en julio, según informaciones militares, aumenta la nómina de los sentenciados con la muerte de Raúl Augusto Bauducco. Esta vez varía la excusa: Bauducco intentó arrebatarle el arma a un guardia y fue muerto en el forcejeo, es decir, fue muerto en el interior de la cárcel. Semejante hipótesis resulta un tanto extraña, ya que las ventanas del pabellón de presos políticos se hallan totalmente tapiadas y en su interior la oscuridad exige moverse a tientas.En agosto vuelven a repetirse las «fugas» de otros tres presos políticos: Gustavo Adolfo de Breuil, Higinio Arnaldo Toranzo y Hugo Vaca Narvaja.

El caso de Vaca Narvaja es significativo. Su familia está exiliada en México, tras la detención y posterior desaparición de Hugo Vaca Narvaja, (padre), ex ministro del Interior del Gobierno de Arturo Frondizi. La familia Vaca Narvaja, desde México, inició gestiones ante Kurt Waldheim, secretario general de las Naciones Unidas, denunciando, precisamente, la aplicación de la «ley de fugas» en las cárceles argentinas. La carta enviada a la máxima autoridad de la ONU está fechada el 3 de agosto, y la muerte de Hugo Vaca Narvaja (hijo) -por «fuga»- se descubre en un parte militar del 13 de agosto, apena diez días después.

El 22 de agosto las «fugas» cobran dos nuevas víctimas: Daniel Tramontini y Liliana Páez de Rinaldi. En este caso existe una flagrante contradicción que los redactores de los comunicados oficiales aún no han aclarado. Liliana Páez de Rinaldi -según la información- parece que intentó «fugarse» el 22 de agosto, y, claro, apareció muerta. ¿Pero cómo es posible que el 24 de agosto, es decir, 48 horas más tarde, figure en una lista de detenidos en «prisión preventiva»?

Mientras el preso José Francisco Páez, ex candidato a vicepresidente de la República argentina por el Partido Socialista de los Trabajadores, lograba enviar una nota al exterior de la cárcel en la que señalaba la desaparición de diecinueve detenidos, las últimas versiones arriesgaban una nueva hipótesis: se trataría ahora de organizar una «fuga masiva» de la penitenciaría de Córdoba.